La ciudad de La Serena es una de las más antiguas de Chile, fue la segunda en fundarse durante la época colonial, lo que se refleja en su casco histórico. Además es la capital regional de Coquimbo, en la que se combina la tradición con su arquitectura neocolonial y la naturaleza.
No obstante, solo existe un centro cultural y este es el conocido “Cine Centenario”, actualmente llamado “Teatro Centenario”. Hoy, se encuentra en medio de una lucha judicial que deja en suspenso la cultura en la zona.
¿La razón? No pago de arriendo por una parte, pero incumplimiento del contrato por la otra. Radio Bío Bío accedió a detalles y a la historia detrás del inmueble histórico de la ciudad.
Historia
El propietario del Cine Centenario es el Arzobispado de La Serena desde el 8 de abril de 1910. Desde 1948 el inmueble se comenzó a arrendar a diferentes personas y entidades siempre con el fin original, que era que la comunidad tuviera un lugar de esparcimiento.
Poco a poco se comenzó a deteriorar y sobre todo luego del terremoto de Coquimbo que ocurrió el 19 de enero de 2019. El Arzobispado logró mejorar en ciertos aspectos la infraestructura para realizar una licitación pública, la que terminó adjudicando el inmueble a la Sociedad Alta Cruz Ltda. El contrato de arriendo se firmó en marzo de 2020.
En el escrito rubricado entre la Sociedad y el Arzobispado, según explicaron conocedores del tema a La Radio, indicaría claramente que el inmueble se podría subarrendar, pero solo con un fin: que sea un lugar de esparcimiento para la comunidad, especialmente con fines culturales.
Teatro
La historia que dio origen al problema judicial comenzó en 2021. Específicamente a finales de noviembre de 2021 cuando el actual arrendatario y abogado, Sebastián Bravo, tomó contacto con Luis Retamal, representante legal de la Sociedad Alta Cruz Ltda, porque estaba interesado en el edificio. Comenzaron las conversaciones, pero no llegaron a acuerdo hasta mayo de 2022 donde negociaron y finalmente firmaron el contrato el 17 de junio.
Uno de los puntos que acordaron fue que durante todo el primer año, Bravo no pagaría el arriendo. El inmueble necesitaba de muchos arreglos por lo que se compensaría con ese dinero.
Para Bravo los problemas comenzaron de inmediato ya que Retamal incumplió con gran parte del contrato. Comentó a la Radio que: “Con la inmobiliaria Alta Cruz, los problemas comenzaron al percatarnos que no existían suministros independientes ni de agua ni de electricidad, y debíamos compartirlos con dos locales subdivididos de la propiedad principal (Cine Centenario) y arrendados a terceros”.
Pero para Retamal “los problemas comenzaron justo cuando terminó el periodo de gracia y debían empezar a pagar la renta”. Para él “estamos frente a una persona sin escrúpulos, con actitudes narcisistas y sin las habilidades comerciales mínimas para llevar adelante un proyecto serio”.
Incumplimiento del contrato
Son dos cosas que para Bravo son especialmente graves y suponen un incumplimiento del contrato. En primer lugar, “es la inexistencia de una recepción municipal definitiva del edificio, condición fundamental para hacer uso del espacio, lo cual retrasó y dificultó la puesta en marcha del proyecto. Respecto de esto tanto Luis Retamal como Cecilia Marín (administradora de bienes del arzobispado) declararon en juicio estar en conocimiento de la inexistencia de la recepción. Sin embargo, la existencia de dicha recepción es un presupuesto explícito del contrato (cláusula 8va n4)”.
Y en segundo lugar, “la no reparación del techo del recinto el que aún se encuentra en mal estado y no está en condiciones de durar el resto del contrato. La no reparación pone en riesgo la continuidad del proyecto en el largo plazo y eventualmente podría significar el cierre del recinto”.
Para Retamal, ellos han cumplido con todo lo estipulado. “Hemos cumplido todas nuestras obligaciones contractuales y, de hecho, hemos ido más allá de eso, brindando facilidades y gestiones en su favor que excedieron el marco de nuestros deberes”. En relación a la recepción municipal, el señala que “el contrato establece claramente, en su tercer capítulo, que es el subarrendatario quien debía hacerse cargo de aspectos como la obtención de permisos, patentes, contratación de suministros, entre otros”.
Y que “el verdadero incumplimiento proviene del señor Sebastián Bravo, quien dejó de pagar el arriendo sin justificación alguna. Incluso, después de acumular siete meses de deuda, interpuso una querella en mi contra por una supuesta estafa, argumentando que habríamos armado una estructura ficticia para beneficiarnos de la remodelación del local. Una acusación que, por supuesto, es completamente infundada”.
Quiebre
Solo por 9 meses Sebastián Bravo pagó el arriendo. Pero él tiene una explicación. Indicó que pagó solo “9 meses desde cumplido el año hasta el episodio de amenazas recibido por parte de nuestros vecinos. Dicho episodio ocurrió producto de tensiones derivadas de la insuficiencia de los suministros de agua y eléctricos para satisfacer las necesidades de 3 locales comerciales y 5 meses en que Luis Retamal no respondió a nuestros requerimiento e intentos de tomar contacto con él”.
Esto llevó a que Retamal ingresara una querella en el Segundo Juzgado de Letras de La Serena contra Bravo por incumplimiento del pago de rentas.
“Tomamos esta decisión una vez que llegamos a la convicción de que estábamos frente a una persona que no tenía ninguna intención de cumplir el contrato de arriendo. Nos informó expresamente que suspendería los pagos hasta la solución de dos supuestos problemas que, según el mismo contrato, eran de exclusiva responsabilidad del subarrendatario”, señaló.
Agregó que: “ Acudimos a los tribunales para recuperar el inmueble, con el propósito de volver a arrendarlo y así obtener una renta legítima que nos permita cumplir nuestras propias obligaciones. Es importante destacar que, a la fecha, la deuda acumulada por no pago de renta asciende a 16 meses, desde abril de 2024, y supera los noventa millones de pesos”.
Justicia
Pero eso no es todo. Luego de la querella contra Bravo, este último también lo demandó. Y no solo en lo civil, sino que también en lo penal. Causa que está actualmente en el Juzgado de Garantía de La Serena.
Bravo argumentó que “recurrimos a la justicia porque luego de más de casi tres años intentando obtener el cumplimiento de las obligaciones de: i) otorgar suministros independientes; ii) reparar el techo del edificio; iii) Obtener la recepción municipal (la cual no existía y cuya situación no fue advertida, sino que se nos representó que el edificio sí contaba con ella); iv) situaciones de violencia (avaladas por Luis Retamal) por parte de los subarrendatarios de los locales subdivididos hacia nuestro personal y mi persona; v) la entrega de facturas ideológicamente falsas (emitidas por sociedades no relacionadas) por parte de Luis Retamal; y vi) la falta de respuesta de Luis Retamal a numerosos correos y llamados telefónicos de nuestra parte para poder buscar soluciones”.
Radio Bío Bío se acercó al Arzobispado, actual propietario, para preguntarles si se involucrarían en el caso para terminar con el conflicto. Estos señalaron que “por informaciones de Inversiones Alta Cruz Ltda. como también de parte del señor Sebastián Bravo, sabemos que existen problemas entre ellos que no son de competencia del Arzobispado, dado que este ha arrendado a Inversiones Alta Cruz Ltda. con posibilidad de subarriendo”
Aclararon que “es voluntad del Arzobispado mantener el objetivo para el cual se construyó el Cine Centenario, especialmente en fines que favorezcan a la juventud”.
