134 internos de la cárcel de Punta Peuco, que alberga en su mayoría a condenados por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura militar, presentaron un recurso de amparo debido al retiro de refrigeradores personales.

Detalles del recurso presentado por los reos de Punta Peuco

Según consignó Radio Bío-Bío, la acción fue interpuesta ante la Corte de Apelaciones de Santiago luego de que Gendarmería ordenara el retiro de los refrigeradores empleados por los reos para guardar insumos médicos, alimentos y productos nutricionales especiales.

En el documento se señala que el 19 de junio el alcaide del penal, Mayor Cristóbal Vargas, informó a los internos que “se retirará la mayoría de los refrigeradores que por años han venido utilizando los reclusos para satisfacer sus necesidades de salud y nutricionales (…), dándoles una semana para que avisen a sus familiares y procedan al retiro de los mismos, así como al vacío de los alimentos e insumos contenidos en estos artefactos, dejando un promedio”.

“De acuerdo a la información recabada por los presos, la decisión se enmarca dentro del reciente anuncio del Presidente Boric de convertir a Punta Peuco en una cárcel ‘común’, para lo cual, se requiere del espacio que actualmente ocupan estos refrigeradores y que permitirían albergar aproximadamente a 40 internos ‘comunes’ más, en modalidad de camarotes”, agregan en el recurso presentado por la abogada a Carla Fernández Montero.

También se argumenta que los reos, todos adultos mayores, padecen enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, por lo que requieren los refrigeradores, ya que preservan “diversos alimentos perecibles (…) que constituyen una parte esencial de la alimentación de un adulto mayor, y que el rancho diario no es capaz de satisfacer, especialmente, en personas que requieren alimentación con alto contenido proteico más que graso”.

Finalmente, la abogada Fernández acusa que esto constituye “un acto arbitrario o ilegal” que produce “daño y sufrimiento en la población penal, constituyendo un mal trato o tortura hacia estas personas que mancilla su dignidad”, asegurando que los internos están siendo “tratados de manera contraria a derecho, lo que constituye un trato cruel e inhumano. En efecto, las condiciones descritas, constituyen un atentado flagrante a su dignidad”.