por T13
9 de junio de 2025
Funcionarios municipales, delincuentes ligados al narcotráfico y una captadora de 23 años conformaban la red criminal que operó desde la Dirección de Tránsito de Maipú, en la región Metropolitana, y quienes recibían ganancias superiores los $1.000 millones.
Un operativo liderado por la Fiscalía Regional Occidente y la Brigada de Investigación Criminal de la PDI en noviembre pasado destapó una organización criminal que, desde el interior de la Municipalidad de Maipú, vendía licencias de conducir, documentos y patentes comerciales de forma fraudulenta.
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En total, hubo 55 allanamientos y 31 detenidos, entre ellos funcionarios activos del municipio, un extrabajador de la Fiscalía y personas con antecedentes por narcotráfico. La red habría operado por al menos dos años, pero no se descarta que haya comenzado mucho antes.
Todo comenzó con denuncias ciudadanas que advertían irregularidades en la entrega de licencias de conducir. El punto de origen era la Dirección de Tránsito de Maipú, donde, según la investigación, se vendían licencias sin realizar los exámenes correspondientes.
La entrega de horas, certificados falsos y evaluaciones adulteradas eran parte del negocio.
Uno de los captadores, conocido como Yayo, reveló que cobraban entre $380.000 y $450.000 por licencia, aumentando el precio a $600.000 o más para ciudadanos extranjeros.
Por estos pagos, los compradores recibían horas indebidas, certificados de residencia y educación falsos, y aprobaban automáticamente el examen teórico y práctico, realizados por los propios funcionarios.
El rol clave de una joven de 23 años en Maipú
Paula Catalán Poblete, de 23 años, fue una figura clave en la operación. Se encargaba de captar clientes a través de redes sociales y publicaba imágenes de usuarios “satisfechos” con sus licencias recién obtenidas. Coordinaba a los captadores en terreno -entre ellos Fabián Castro, Kevin Molina y el propio Yayo- y llevaba registros de los pagos y gestiones.
Según la fiscalía, Catalán incluso ofrecía patentes de botillería, minimarkets, ferias y peluquerías, asegurando que podía obtenerlas en “casi todas las municipalidades de Santiago”.
Algunas las vendía en hasta $3.500.000, aunque en el mercado negro llegaban a superar los $5 millones.
Entre los involucrados se encuentra Manuel Vilches, examinador práctico de licencias en Maipú, quien supervisaba parte del proceso ilegal.
El Ministerio Público investiga también su patrimonio: posee una parcela en Curacaví con piscina, cancha, portón de piedra y otras instalaciones de alto estándar, pese a un sueldo declarado de $1.200.000.
Otro funcionario clave era Juan Pablo Zúñiga, encargado del registro fotográfico de licencias, y Ruth Necul, jefa del Departamento de Licencias de Conducir. Esta última llevaba más de 30 años en el municipio y autorizaba las horas que daban inicio al proceso fraudulento. Pese a su rol central, fue la única que quedó con arresto domiciliario nocturno, debido a una grave enfermedad.
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Tras las detenciones, familiares de algunos involucrados intentaron borrar evidencias almacenadas en correos y nubes digitales, lo que confirmó a la Fiscalía el nivel de organización de la red. Se calcula que las ganancias superan los $1.000 millones, y ya se realizan investigaciones patrimoniales para determinar el destino de esos fondos.
La indagatoria no está cerrada: se investiga la eventual venta de patentes comerciales en otras comunas, la obtención de licencias médicas falsas y posibles vínculos con otros funcionarios municipales aún no formalizados.
Esta nota da cuenta de un proceso judicial que se encuentra actualmente en tramitación. Una vez finalizado, él o los involucrados en este reportaje podrían ser declarados inocentes, y/o los cargos desestimados según su mérito. En conformidad a la ley chilena , ninguna persona será considerada culpable ni tratada como tal en tanto no fuere condenada por una sentencia firme.
