por La Tercera
25 de junio de 2025
El Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella criminal contra el diputado de la Región de Aysén, Miguel Ángel Calisto (ind./Demócratas) y contra quienes resulten responsables, por el delito de fraude al Fisco.
Según explicó la entidad, la acción judicial es “sin perjuicio de otros ilícitos que se acrediten durante la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público”.
La querella fue interpuesta ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique, y desde el CDE precisaron que “se dirige nominativamente también contra Carla Graf, Roland Cárcamo y Felipe Klein por haber incurrido en una serie de maniobras destinadas a desviar dineros públicos provenientes de asignaciones parlamentarias para fines no previstos en la ley de presupuestos de la Nación".
Según indicó la entidad, Graf estaría “coludida con el diputado Calisto” y “habría celebrado una serie de contratos de prestaciones de servicio para apoyar la función del parlamentario a través de asesorías, coordinación y elaboración de estudios, recibiendo a cambio un pago a honorarios que no solo fue incrementándose en el tiempo, sin ningún tipo de justificación, sino que no contó con ningún antecedente o respaldo que acreditara el cumplimiento efectivo de la labor contratada”.
Con ello, aseguraron que “existen múltiples antecedentes” que darían cuenta que la querellada “no era reconocida por las personas que trabajaban para Calisto en Aysén, como alguien que prestaba servicios en el equipo de trabajo del diputado en la región”.
Los antecedentes indicarían que Graf “no prestó los servicios para los que fue contratada, lo que era conocido y aceptado por el querellado Calisto”.
Por otra parte, el CDE acusa que Calisto ha “faltado a los deberes de su cargo e incurriendo en múltiples acciones de administración desleal de los fondos públicos, promovió la celebración de contratos por servicios no prestados, pagando por concepto de honorarios a la imputada más de $100 millones en perjuicio del Fisco por servicios que nunca prestó“.
Además, el órgano indicó que se constató “una serie de transferencias de dineros entre los imputados Graf, Cárcamo, Klein y el diputado, concordante con épocas de campañas políticas en la región".
Estas transferencias, habrían sido destinadas a desviar dineros de asignaciones parlamentarias a fines no previstos, como financiamiento de campañas y gastos particulares, “en un contexto de conducta dolosa desarrollada por los responsables”, afirmaron desde el CDE.
