por ElDia
26 de mayo de 2025
Durante la audiencia de formalización en el caso “Papaya Gate”, realizada este lunes en el Tribunal de Garantía de La Serena, se evidenció un contraste entre las solicitudes del Ministerio Público y las del Consejo de Defensa del Estado (CDE) respecto a las medidas cautelares para los imputados por fraude al fisco.
La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien lidera la investigación por la millonaria compra de terrenos realizada por el Gobierno Regional de Coquimbo en 2020, no solicitaría prisión preventiva para ninguno de los ocho formalizados, pese a la gravedad de los hechos.
No obstante, el CDE sí requiriría esta medida cautelar para la exintendenta Lucía Pinto, el exadministrador regional José Cáceres y el empresario Pablo Bracchitta, imputados por fraude al fisco.
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Gravedad del fraude
La abogada del CDE, en su presentación ante el tribunal, argumentó que la gravedad del delito y la necesidad de cautela justifican la medida.
Respecto al fraude, la abogada enfatizó: "un fraude no menor a 4000 millones de pesos" y que la acción de los imputados "deriva en una administración y gestión desleal del patrimonio fiscal". Señaló que Pinto y Cáceres "vulneran el principio de probidad y hacen una infracción patente de las obligaciones funcionarias".
En este sentido, destacó la importancia de cuatro representaciones de la Contraloría General de la República (enero-abril 2020) que advertían sobre el precio excesivo del terreno, pero que fueron ignoradas por los imputados. Señaló que Pinto priorizó evitar ser catalogada como “gestora ineficiente”, rescindiendo un contrato para luego suscribir uno nuevo que permitía la inscripción de los lotes y el pago del precio.
La abogada citó la declaración de Pinto en los descargos del sumario administrativo: "Para el Gore la no ejecución de aquellos recursos atentaba contra la correcta ejecución del presupuesto...si el Gore no era capaz de ejecutar el presupuesto del año, iba a ser catalogado como ineficiente".
Sobre la participación de Bracchitta, la abogada argumentó la aplicación del principio de comunicabilidad (artículo 64 del Código Penal), destacando que Bracchitta conocía la calidad de funcionarios públicos de Cáceres y Pinto, y que existía un "propósito común: lograr a toda costa que el gobierno regional suscribiera el contrato de compraventa".
Además, se refirió a la declaración de una tasadora, quien indicó que Bracchitta la contactó para aumentar la tasación de los lotes: "Pablo, refiriéndose a Pablo Bracchitta, me llamó y me pidió nuevamente retasar de forma urgente los lotes". La abogada también mencionó que Bracchitta "solicita a los tasadores...que realicen...esta tasación en el año 2019...cuando la Contraloría advierte...lo que hace Pablo Bracchitta es solicitarle expresamente a los tasadores, 'Súbanme el precio.'"
La abogada del CDE presentó evidencia de un perjuicio fiscal significativo, incluyendo un testimonio de un testigo de la inmobiliaria Guayacán en abril de 2019, quien declaró que la zonificación del terreno no justificaba el precio de 4 UF por metro cuadrado, considerándolo excesivo incluso a 1 UF.
A pesar de esto, el terreno se vendió al gobierno regional a un precio superior a 6 UF por metro cuadrado. Además, se mencionó la existencia de ofertas de terrenos más baratos y adecuados para el proyecto, ignoradas por los imputados, con un ahorro potencial de 1.400 millones de pesos. Finalmente, la abogada resaltó que Cáceres, incluso antes de la formulación del proyecto, ya buscaba adquirir un terreno de 8.000 millones de pesos en el sector de San Ramón.
