por T13
29 de julio de 2025


La Contraloría General de la República detectó irregularidades en la Municipalidad de Santiago, entre enero y diciembre de 2024. Estas se vinculan con la omisión de ingresos o salidas de los funcionarios y registros en horas distintas a las realizadas. Es por ello que se dio un plazo de 15 días hábiles para que el municipio inicie un sumario.
A tal irregularidad se suman las que tienen relación con el pago de horas extraordinarias. De acuerdo con el organismo fiscalizador, en su informe N°125 de 2025, en la municipalidad se utiliza un mecanismo manual para controlar el horario que no es fiable ni preciso y existen altos montos que se pagan por horas extras.

Parisi cita a Arjona tras ser consultado por deuda de pensión a sus hijos: "El amor se cohíbe en los tribunales"
El ente fiscalizador determinó durante la revisión realizada al municipio que de 74 funcionarios en examen, 57 registraron la misma hora de salida y llegada, pero no se acreditó que fuera efectivamente el horario de jornada laboral con el que cumplieron.
En las validaciones en terreno que hizo la Contraloría entre el 25 y 27 de marzo de 2025, además, advirtieron que 20 funcionarios omitieron registrarse en el libro de control, ya sea en su ingreso, salida o ambas.
Casos de irregularidades detectados por la Contraloría
Entre los casos detectados se encuentra el de una funcionaria que regularizó su registro de salida y entrada al día siguiente, tres que registraron un horario de salida distinto a la de su retiro, y un trabajador que indicó que se retiró a las 17:00 horas cuando eran las 13:40 horas.
A ello se suma que 13 funcionarios durante abril, agosto, octubre, noviembre y diciembre de 2024, recibieron pagos por trabajos extraordinarios de un total de $4.502.363, pese a que la ejecución no fue acreditada.
Por tales situaciones, la Contraloría ordenó a la municipalidad a adoptar un registro y control de horario que garantice la integridad y confiabilidad, es decir, una solución tecnológica automatizada.
Se entregó un plazo de 60 días hábiles para informar y acreditar avances y medidas para implementar un nuevo sistema.
