El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Corporación de Asistencia Judicial Metropolitana, ha emitido una resolución histórica que afecta a egresados de Derecho que, entre el 8 de mayo de 1981 y el 31 de diciembre de 2024, no han entregado el informe final de su práctica profesional.

Se trata de la Resolución Exenta N.º 1.488, publicada en el Diario Oficial el 11 de junio de 2025, que establece que aquellos que no hayan cumplido con este requisito deberán repetir parcial o íntegramente su práctica, incluso si esta se realizó hace décadas.

Según consignó Radio Biobío, la medida responde a la falta de documentación que respalde la entrega de informes finales por parte de los postulantes al título de abogado.

Según la resolución, la Unidad de Prácticas Profesionales detectó un cúmulo indeterminado de casos sin informe final entregado, muchos de los cuales datan de hace más de 10 años.

No se tiene un catastro completo, lo que ha generado un desorden administrativo con solicitudes de validación fuera de plazo y sin respaldo documental.

La resolución establece un plazo de 15 días para que los afectados entreguen su informe final. De lo contrario, deberán repetir por completo la práctica profesional.

Esta decisión ha sido tomada con el objetivo de normalizar todos los procesos inconclusos y garantizar la transparencia en la habilitación de nuevos abogados en el país.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, liderado por Jaime Gajardo, instruyó la publicación de la medida en el Diario Oficial como vía formal de notificación a los potenciales afectados.

La resolución ya ha sido distribuida internamente en todas las dependencias de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana, afectando tanto a prácticas realizadas en Santiago como en otras comunas bajo su jurisdicción.

La práctica profesional en la Corporación de Asistencia Judicial es un requisito obligatorio para obtener el título de abogado en Chile.

Durante el período de práctica, los postulantes deben desempeñar funciones jurídicas bajo la supervisión de un abogado jefe, atendiendo directamente a personas de escasos recursos en causas civiles y de familia, principalmente.

El proceso culmina con la elaboración de un informe final obligatorio, que detalla las labores realizadas y sirve como respaldo formal para acreditar el cumplimiento del proceso ante la Corte Suprema.

La medida ha generado preocupación entre los egresados de Derecho, quienes temen que la repetición de la práctica profesional implique un retraso significativo en su carrera profesional.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha enfatizado la importancia de garantizar la transparencia y el cumplimiento de los requisitos legales para la obtención del título de abogado.