por ElDia
8 de junio de 2025
En el último tiempo en la Región de Coquimbo se han generado una serie de crímenes y delitos en que los imputados escaparon del país, siendo detenidos fuera de las fronteras, por lo que los tribunales nacionales han solicitado su extradición, un proceso que lamentablemente para las víctimas y sus familiares toma bastante tiempo si es que se llegan a concretar.
Entre los últimos casos mediáticos de los denominados “extraditables” se encuentra el caso reciente de José Medina Ladera, sospechoso de descuartizamiento de Ana María Pizarro y María José Zambra en La Serena, quien escapó a su natal Venezuela, donde fue detenido por la policía local tras un control de identidad.
Como segundo caso está el del médico Carlos Reyes Ramos, de quien se decretó, en mayo de 2024, una orden de extradición por parte de la Corte de Apelaciones de La Serena. El sujeto, acusado de abuso sexual de dos menores, estaría detenido en un recinto penitenciario en Venezuela a la espera de la extradición a nuestro país.
Una tercera solicitud de la justicia nacional es la relacionada al caso de Larry Amaury Álvarez Núñez. La Corte de Apelaciones de La Serena acogió la solicitud del Ministerio Público, declarando procedente la solicitud de extradición desde Colombia al sujeto conocido como “Larry Changa”, uno de los líderes del Tren de Aragua, quien está imputado en Chile como autor del delito de asociación ilícita y dos delitos de secuestro contra un vendedor de la localidad de Los Vilos, hechos perpetrados en septiembre de 2022 y entre septiembre y octubre de 2023.
Otro caso igual de mediático es el de Daniel Soto Vargas, quien fue detenido en el mes de abril en la localidad de Huancayo, Perú, tras una orden internacional gestionada por la Interpol. En 2018, una menor de edad, Anahis Godoy, lo denunció por violación en la localidad de Vicuña y durante estos últimos años han surgido nuevas víctimas atacadas sexualmente por Soto.
AÑOS DE ESPERA
Las familias de las víctimas enfrentan una tensa espera, sintiendo que ningún organismo avanza en la extradición de estos responsables detenidos en el extranjero. Casos emblemáticos como los de José Medina Ladera y Carlos Reyes Ramos –fugados a Venezuela– son los verdaderos ejemplos de estos laberintos: pese a las órdenes judiciales chilenas aprobadas, la casi nula relaciones diplomáticas entre ambos países ha estancado los trámites. Mientras Medina aguarda tras su captura en Caracas y Reyes Ramos sigue en prisión venezolana, las víctimas perciben una inacción institucional que prolonga su angustia. La burocracia, especialmente compleja con gobiernos sin coordinación consular, convierte la búsqueda de justicia en un duelo interminable para quienes exigen respuestas concretas.
El Día pudo comprobar esta falta de información de los casos, mientras cada organismo asegura ya haber cumplido con su labor para solicitar la extradición, pareciera que solo quedan en eso y se traspasan las responsabilidades cada uno, lo que permite que algunos casos esperen por años por justicia.
LOS PASOS A SEGUIR
Para comprender en qué consiste el proceso de extradición y las razones de sus demoras, los expertos explican que los plazos en Chile —como solicitar la audiencia de formalización en ausencia, decretar la prisión preventiva y obtener la aprobación de la Corte de Apelaciones— no superan las dos o tres semanas. Estos antecedentes se envían inmediatamente al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía mediante la UCIEX (Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones), encargada de la tramitación. Posteriormente, el Estado requirente solicita la extradición al Estado requerido, y aquí los tiempos
Administrativos de cada país. Por ejemplo, cuando Chile debe autorizar la extradición de personas que están en su territorio hacia el extranjero, la Corte Suprema puede demorar entre tres y cuatro meses; sumando toda la tramitación, el plazo máximo sería de seis meses. Sin embargo, en países con mayor burocracia, las audiencias para verificar el cumplimiento de los requisitos de extradición pueden prolongarse significativamente.
Al respecto, la presidenta de la Corte de Apelaciones de La Serena, Marcela Sandoval Durán, señala que el procedimiento de extradición en lo que toca al Poder Judicial puede dividirse en dos grandes pasos. El primero, desarrollado ante el Juez de Garantía, que se inicia a petición del Ministerio Público o de la parte querellante cuando un imputado es formalizado por un delito que tuviera una pena señalada por ley cuya duración mínima tenga que exceder de un año de privación de libertad. En ese momento se presentan los antecedentes ante el juez de garantía para que este tribunal los remita a la Corte de Apelaciones. Agrega Sandoval que tras esos pasos, comienza la segunda parte del proceso de extradición.
“En este caso, recibidos los antecedentes, la Corte de Apelaciones tiene que citar a una audiencia próxima en donde deben asistir a las mismas o donde deben ser citados el Ministerio Público, la parte querellante si lo hubiere y el defensor de la persona cuya extradición se solicita. Una vez fijada esta audiencia y con quienes comparezcan a la misma, se procede a una relación de los hechos encargada a un relator que ha estudiado previamente los antecedentes e indica los antecedentes relevantes para que posteriormente le sea otorgada la palabra al Ministerio Público, al querellante si hubiere y al defensor. Efectuada esta relación de hechos y con las alegaciones de todos los intervinientes que hayan comparecido a la audiencia, la Corte de Apelaciones determina la procedencia o no de la extradición solicitada”, indica la magistrada.
En ese sentido, la presidenta de la Corte de Apelaciones de La Serena señala que, en el caso que estime que la extradición es procedente, debe remitir los antecedentes al Ministerio de Relaciones Exteriores, organismo o institución que se encarga del proceso posterior.
“En consecuencia, la intervención del Poder Judicial termina cuando se accede a la pretensión requerida tanto por el Ministerio Público o por la parte querellante, remitiendo los antecedentes al Ministerio de Relaciones Exteriores”, sostuvo Marcela Sandoval.
CASO A CASO
En cuanto a cada petición en específico, según lo informado por la UCIEX de la Fiscalía Nacional, en el caso de José Medina, dicha Unidad (Cooperación Internacional y Extradiciones) indica que la Corte de Apelaciones ya había aprobado la extradición y se estaba viendo vía UCIEX el envío de su pedido de extradición a Venezuela. Mientras que desde la Cancillería nacional afirman que, dado que Venezuela expulsó al personal diplomático y consular chileno de ese país, se está buscando la mejor alternativa para trasladar a la brevedad posible el requerimiento a las autoridades competentes venezolanas.
Sobre el segundo caso de Carlos Reyes, desde Fiscalía afirman que si bien ya se concedió la extradición desde Venezuela, se estaba organizando su traslado a Chile. Esto es reafirmado desde Cancillería, que indica que en este caso fue decidido de manera positiva por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. El Ministerio de RR.EE. se encuentra coordinando con INTERPOL para poder enviar a una comitiva policial para traer a Reyes Ramos, una vez que sea efectivamente puesto a disposición por las autoridades venezolanas.
El caso Larry Amaury Álvarez estaba pendiente la resolución de su pedido de extradición desde Colombia. Desde Cancillería indica que se han transmitido a Colombia dos solicitudes de extradición (una de la Corte de Apelaciones de La Serena y otra de Iquique). Asegurando que el organismo monitorea constantemente el avance de la tramitación, y está en constante contacto con las autoridades colombianas sobre este caso.
En cuanto al imputado Daniel Soto, desde el Ministerio Público afirma que el 7 de mayo salió desde el Ministerio de Relaciones Exteriores el pedido de extradición que hizo la Fiscalía de Vicuña y que fue aprobado por la Corte de Apelaciones de La Serena, y está pendiente la resolución de la autoridad del Perú. Esto es reafirmado por Cancillería, que informó que se está en su etapa inicial de tramitación en el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancayo.
EN BUSCA DE JUSTICIA
Las familias de María José Zambra y Ana María Pizarro, víctimas de José Medina, esperan con ansias que el sujeto detenido en su país natal, Venezuela, pueda ser trasladado a Chile para dar la cara ante la justicia. Los familiares de Pizarro han señalado que esperan que los trámites se realicen lo más pronto posible, ya que existe temor porque Medina, incluso antes de ser detenido, les envió audios amenazándolos.
La misma opinión tiene la tía de María José Zambra, Judith Rodríguez, quien indicó a El Día que confía en que ‘el presidente de la Corte Suprema lo traiga (a José Medina)’.
En el caso del médico Carlos Reyes, la vocera de los padres de las víctimas, Macarena Palta, explicó a El Día que la Fiscalía no ha entregado respuestas concretas: ‘Se presume que el implicado está preso en Venezuela, pero tenemos dudas fundadas sobre si eso es verdad. No han podido gestionar su extradición a Chile pese al tiempo transcurrido. Lo último que supimos es que estaba como “rey” en la cárcel con privilegios. Cabe recordar que él y su madre eran dueños de una clínica en Santiago, y supuestamente ella la vendió para radicarse en Venezuela’.
En el caso de Anais Godoy, tras la audiencia de formalización en ausencia, la abogada querellante Francisca Millán explicó que el imputado se encuentra fuera de Chile, por lo que es necesario ‘trasladarlo forzosamente desde Perú, donde está detenido, para enfrentar el proceso penal en Chile’. Agregó que ahora corresponde realizar ‘los trámites burocráticos que les competen al Ministerio de Relaciones Exteriores’. Respecto a plazos, Millán aseguró que la extradición ‘debe ser rápida, porque Perú tiene plazos acotados para mantenerlo detenido’.
Es de esperar que los imputados en estos impactantes casos de la Región de Coquimbo logren ser trasladados al país para ser juzgados por los graves delitos que cometieron, a fin de que los habitantes de la zona no crean que existe impunidad para estos crímenes.
Disputa de Chile y Venezuela por “Larry Changa”
En el caso de Larry Amaury Álvarez, alias “Larry Changa”, los medios de prensa colombianos han sostenido que existe una verdadera carrera entre Venezuela y Chile por quedarse con uno de los fundadores del grupo criminal “Tren de Aragua”. Sujeto que en la actualidad está en la cárcel La Picota, a la espera de que el presidente Gustavo Petro decida a qué país enviarlo.
El exfiscal venezolano Zair Mondaray manifiesta que la solicitud del gobierno de Nicolás Maduro “tiene una explicación muy sencilla. Fíjate que estas solicitudes vienen de inmediato apenas saben que están detenidos (...) Van detrás de cómo entorpecer el proceso, pero al momento de la detención no se ha producido por un hecho previo, por una investigación real del ente llamado investigar en Venezuela”, aseveró a medios colombianos.
Para Mondaray en la solicitud de extradición, la justicia venezolana utiliza argumentos contradictorios, como afirmar que ‘Larry Changa’ es actualmente uno de los jefes del Tren de Aragua, una organización que ellos dijeron haber acabado y cuya existencia no reconocen.
