El espejismo de la participación: entre expectativas y realidad

La reforma al sistema político se ha transformado en una de las grandes discusiones del año. No es sorpresa: el descrédito de los partidos y la desconfianza en el Congreso vienen creciendo desde hace tiempo. Sin embargo, el dilema sigue siendo el mismo: ¿es suficiente con modificar el funcionamiento de los partidos y del parlamento, o es momento de abrir nuevos canales de participación ciudadana? La experiencia reciente de las iniciativas populares de norma (IPN) en los procesos constitucionales ofrece lecciones cruciales sobre cómo integrar mejor la voz de la gente sin caer en falsas promesas.

Las IPN fueron el más llamativo de los mecanismos de participación ciudadana en los dos procesos constitucionales, tanto desde el punto de vista mediático como de las expectativas del público. Por primera vez en la historia política de Chile, cualquier persona podía proponer una norma y, si reunía los apoyos necesarios, su idea sería discutida en el órgano constituyente. El entusiasmo fue inmediato: en el primer proceso constitucional, casi un millón de personas apoyó alguna de las 78 iniciativas admitidas. En el segundo, con reglas más estrictas y menor interés ciudadano, la cifra bajó a poco más de 236 mil personas.

Pero la participación masiva no se tradujo en incidencia efectiva. Recientemente publiqué una investigación junto a la Fundación Friedrich Ebert que da cuenta que la incidencia de las IPN en las propuestas de nueva constitución de la Convención y del Consejo demostró ser materia de controversia y de una amplia variación de interpretaciones. Determinar si una IPN ha sido aprobada o rechazada no es tan sencillo como podría parecer a primera vista. Muchas de las propuestas que alcanzaron el umbral mínimo de firmas fueron rechazadas en las discusiones, mientras que otras quedaron incorporadas sólo parcialmente o bajo una formulación diferente. Las mayorías políticas de izquierda en la Convención y de derecha en el Consejo fueron determinantes para decidir la suerte de cada iniciativa. Esto generó frustración entre quienes vieron sus ideas excluidas y desconfianza hacia el mecanismo en sí mismo.

Aquí el problema de fondo es más profundo: se trata de la tensión entre democracia directa y representativa. El uso de las IPN en los procesos constitucionales chilenos realzó la relevancia de la participación directa, por la posibilidad de presentar y apoyar iniciativas, y contempló una dimensión de democracia representativa al dejar en manos de convencionales y consejeros la aprobación de las propuestas. Si bien las IPN daban la impresión de abrir un canal directo de participación, seguían dependiendo de la voluntad de los representantes para ser aprobadas. Como resultado, se generó un choque de expectativas entre la ciudadanía y los órganos representativos. La Convención fue electa por un 43% y el Consejo por un 86% de un electorado de más de 15 millones de personas. En este contexto, no parece razonable que una IPN respaldada por 10 o 15 mil personas deba imponerse sobre la asamblea. Esto no significa que las IPN sean un error, sino que su implementación debe ir acompañada de un diseño que garantice una deliberación real y una discusión informada.

Chile necesita ampliar sus espacios de participación, pero también sincerar sus límites. La representación política no puede ser reemplazada, pero sí puede ser complementada con mecanismos que refuercen la vinculación entre la ciudadanía y la toma de decisiones. Si los partidos y el Congreso toman en serio la crisis de legitimidad, deberían mirar las lecciones del proceso constitucional y corregir el rumbo. La participación ciudadana directa es esencial, pero para que sea un pilar real de la democracia y no un simple espejismo, es necesario aprender de la experiencia comparada y avanzar hacia mecanismos que permitan una conjunción virtuosa de deliberación, representación y participación.