por ElDia
20 de julio de 2025
La investigación interna sobre las exhumaciones irregulares en el cementerio de Las Compañías data de principios del año 2020, y lejos de aplicar sanciones a los involucrados, se archivó de manera discreta para no levantar polvo, según denuncia de Pamela Castillo López, una de las funcionarias (ahora exfuncionaria) de la Corporación Gabriel González Videla y quien tuvo a cargo parte de las indagatorias.
Castillo trabajó en el Departamento Jurídico de la institución desde 2017 hasta el 2022, lapso en el que le tocó armar el rompecabezas silencioso que significó la investigación sobre las irregularidades en el camposanto.
La trabajadora recuerda con pesar como tras asumir la responsabilidad de indagar en los sumarios administrativos, todo el viento sopló en su contra al punto de ser despedida de la Corporación. Conforme a lo señalado en entrevista al Diario el Día y documentos que constan en el Juzgado del Trabajo de La Serena, desde hace seis años se inició la investigación sobre las exhumaciones irregulares, y cómo éstas se dirigieron hacia un callejón sin salida.
“A mí me correspondió revisar todas las investigaciones internas y todos los sumarios de la Corporación GGV, ayudando a los fiscales y redactando las resoluciones finales, las que se pasan al secretario, se autorizan y se sancionan. Yo me percaté en 2020 que había una investigación interna inconclusa, entonces comencé a indagar de quién era, por qué se había hecho, si la habían entregado, y resulta que esa investigación la habían empezado a hacer a principios del año 2020 y habían entregado todo, lo que no se sabía era por qué esa investigación no tenía resolución final”, recuerda Castillo.
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Señaló en la causa laboral que al comenzar a levantar capas, todo se empezó a poner muy turbio, al punto de que una de las abogadas del departamento, de apellido Garay, le dijo textualmente “no muevas ese proceso porque ella estaba a cargo”, con lo que dejó en sus manos todo lo que guardara relación con las exhumaciones de Las Compañías.
Tras un tiempo de silencio colectivo, la situación explotó porque apareció un abogado en representación de algunos ciudadanos que fueron a buscar los cuerpos de algunos familiares y los que estaban no correspondían, siendo allí cuando denunciaron.
En ese momento mandaron a pedir pruebas de ADN y la corporación Indicó que estaban los cuerpos cambiados. No era el ADN de las personas así que el cuerpo que tenían allí nunca se había cambiado sino que podía estar en cualquier parte del cementerio y nadie tenía idea de dónde podía estar el cadáver. Así que el abogado venía a exigir una indemnización. Allí mi coordinadora me preguntó qué había pasado con esa investigación, y yo le dije que a mí me habían dado la orden de no moverla, relata Castillo en la causa judicial.
Tras ello, le envío un correo electrónico con toda la información de lo ocurrido, y le pidieron que volviera a mover la investigación.
“En ese momento, cuando empecé a investigar me di cuenta que habían más de seis exhumaciones anteriores, donde no se había sancionado, no se había hecho absolutamente nada, y lo único que hicieron para callar a las familias humildes fue hacerles un contrato de transacción a cambio de entregarles un nicho gratis de por vida. A mí me pareció miserable porque ya le habían hecho un daño tremendo a las familias, y creo que las personas por recibir ese beneficio firmaban ese acuerdo, pero seguían sin tener ni idea de dónde estaban sus familiares”.
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Paso adelante
Señaló que retomó y terminó la investigación, pidiendo que se hiciera un sumario interno y redactando la resolución final.
“A pesar de que la Corporación es un ente privado, pero que recibe fondos públicos, Contraloría instruía a que aplicaran los sumarios administrativos. Así que yo hice el sumario para que hubiese una sanción más grande a las personas que estaban a cargo en ese tiempo, que eran Pablo Salazar que era el director del Departamento de Administración y Cementerios de la corporación, Hernán Guerra, coordinador de ese departamento, y Rosetta Valdés, administradora de Cementerios, entre otros.” plantea la egresada de derecho.
“Luego de entregar la propuesta de Resolución, al día siguiente la coordinadora del Departamento Jurídico me llama a reunión para hablar del caso, me señala que sostuvo una reunión con el Secretario General titular y otros directivos, en donde le piden que se debía eliminar del documento vista fiscal redactado por la fiscal, todos los hallazgos que comprometieran la responsabilidad del Director de Administración y todas las falencias encontradas y solo mantuviera lo relativo al mal manejo de los operadores de cementerio, y no llevara a cabo ningún sumario administrativo propuesto, pidiéndome en definitiva a mi persona llevar a cabo dicha instrucción de eliminar datos y rehacer la resolución, pidiéndome en conclusión alterar un documento privado del cual conocí su contenido y hacer la vista gorda de los hallazgos y responsabilidades de los mas altos funcionarios en jerarquía”, como señala en la carta denuncia al secretario general.
Argumentó también que eso sería ilegal y que podía haber un delito de por medio, como la exhumación ilegal, falsificación de instrumento privado, y que tras una larga conversación precisó que lo correcto sería mantener el sumario y las resoluciones, ya que de no hacerlo, incluso pondría en tela de juicio su profesionalismo.
“Taparlo no era lo correcto. Yo soy cristiana, yo no puedo estar mintiendo o tapando cosas así.” Me dijeron que lo enviara a correos personales para no verme involucrada, pero yo dije ‘no voy a tapar esto. Tomen las medidas que quieran. Ya se sabía que desde 2020 todos estaban enterados. Y lo peor es que había varios abogados enterados y todos sabían que podía haber algún delito, sabían que manipular una investigación también es algo ilegal. Yo me negué a tapar eso, así que le envié -febrero de 2022- una carta larguísima al Secretario General de la Corporación, Ernesto Velasco, con todo lo que había pasado. Fui muy clara en especificarle que allí podría haber un delito, cosas ilícitas y no hizo nada. Luego aseguraron que iban a investigar, pero no hicieron nada”, lamentó.
Aseguró que la única decisión contundente fue desvincularla a ella de la corporación, y que para ello le dieron como excusa que sería “por necesidades de la empresa”, lo cual era completamente falso.
“Así que me desvincularon, pero yo demandé a la corporación y gané la demanda, les probé que era mentira, que no había necesidad de la empresa porque de hecho a la semana siguiente contrataron a otra persona en mi lugar y contrataron a más personas en los departamentos, todo eso lo pude acreditar en un juicio. El tribunal los condenó a pagarme una indemnización pero a mí me dijeron en mi cara que nunca me iban a pagar; de hecho he tenido que demandar y pasar a cobranza judiciales para intentar que me paguen esa indemnización, eso lo han llevado cinco veces a la Corte de Apelaciones con el objetivo de dilatar el proceso y que me canse, que me agote, pero no me voy a rendir”, anunció.
Asegura que si bien la decisión de perseverar con el sumario le costó su trabajo y su estabilidad, no se arrepiente de haber hecho lo correcto.
“Cuando vi que apareció la noticia del Cementerio de Las Compañías en las noticias, pensé que por fin se iban a saber muchas de las cosas que pasan en la Corporación. Allí hay muchas irresponsabilidades administrativas, y todas las autoridades las conocen porque yo fui a hablar con todo el mundo, y todavía no veo que nadie asuma responsabilidades”puntualizó.
Adelantó que no descarta apoyar jurídicamente a familias que se vean afectadas por la exhumación ilegal de sus familiares en el camposanto de Las Compañías, porque sabe de la frustración que están atravesando, sobre todo al no tener una respuesta efectiva.
