Este martes se realizó una audiencia de reformalización al exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, por los delitos de fraude al fisco y lavado de activos.

Los cargos se relacionan con maniobras que habría realizado al interior del municipio y a través del programa VITA de la Municipalidad de Vitacura, donde se habrían defraudado cerca de 761 millones de pesos.

El fiscal Francisco Jacir, de la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte, entregó esta información tras varias pericias que permitieron precisar las cifras involucradas.

Todo esto en el marco de la inminente acusación que se presentará contra Torrealba, luego de que no se llegara a ningún acuerdo para optar por un procedimiento abreviado.

Actualmente, la defensa del exalcalde no ha logrado un acuerdo con la fiscalía para acceder a dicho procedimiento, el cual requeriría que Torrealba admita su responsabilidad en los hechos. En instancias anteriores, el propio imputado habría reconocido haber cometido estos delitos, por lo que se estaría preparando para enfrentar un eventual juicio oral.

Con esta reformalización, se avanza hacia la presentación formal de la acusación que deberá redactar el Ministerio Público para dar inicio al juicio oral contra Torrealba y otros exfuncionarios de la Municipalidad de Vitacura. Entre ellos, figuran Antonia Larraín y Domingo Prieto, este último representante legal de la corporación Vita Deportes. Ambos también fueron reformalizados durante esta jornada.

La fiscalía precisó los montos, transferencias, depósitos y giros de cheques realizados al interior del municipio, utilizando recursos de las corporaciones. Parte de estos fondos habrían sido entregados en sobres, en efectivo, directamente a Torrealba, mientras que otras sumas habrían sido transferidas a sus cuentas bancarias o incluso a las de su esposa.

“Era necesario precisar algunas de las conductas imputadas, así como los montos y las modalidades de fraude que se han atribuido, además de los delitos de lavado de activos y tributarios. Eso fue lo que hicimos hoy respecto de los tres imputados presentes en la audiencia. Aún restan algunas diligencias por realizar, y una vez concluidas, tomaremos algún tipo de decisión. Se trata de penas altas de privación de libertad; la ley contempla sanciones que, dada la reiteración de los delitos, superan los 10 años de cárcel”, explicó Jacir, fiscal adjunto de la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte.