En una movida que ha generado reacciones divididas, el gobierno del estado de Florida anunció la finalización de una nueva prisión federal de 3.000 camas, levantada en apenas ocho días.
El recinto, conocido informalmente como Alligator Alcatraz, está ubicado en una zona no revelada del estado y podría convertirse en el centro de deportaciones más grande y eficiente en la historia de Estados Unidos.
Según declaraciones del director del proyecto, la prisión podría haberse completado en solo 72 horas, de no ser por retrasos vinculados a requisitos regulatorios.
Con las instalaciones listas, el siguiente paso del gobierno estatal es recibir autorización del Departamento de Justicia (DOJ) para habilitar a miembros de la Guardia Nacional como jueces de deportación.
Esta medida, que no tiene precedentes en la política migratoria del país, permitiría acelerar masivamente los procesos de expulsión de personas en situación migratoria irregular.
De obtener el visto bueno federal, el centro comenzaría a operar con procedimientos abreviados, en lo que las autoridades locales denominan una “respuesta urgente” al incremento de llegadas de migrantes.
El plan ha generado preocupación en organismos de derechos humanos y expertos legales, quienes cuestionan la legalidad de delegar funciones judiciales migratorias en personal militar.
“Esto puede representar una grave vulneración de garantías básicas del debido proceso”, advirtió un vocero del American Immigration Council.
Desde el gobierno estatal, en cambio, defienden la medida como una solución “eficiente y necesaria” ante lo que califican como “una crisis migratoria sin precedentes”.