por elmostrador
25 de junio de 2025
A casi ocho años de la Ley IVE, el 41,6% de obstetras objetan la causal violación, afectando el acceso en hospitales públicos y generando desigualdad territorial. El informe de Corporación Humanas alerta sobre esta barrera estructural y propone medidas para garantizar el derecho y la equidad.
A casi ocho años de la promulgación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 3 causales (Ley IVE), Corporación Humanas presentó un nuevo informe anual de monitoreo a la implementación de la ley IVE.
En este informe se revela que, una vez más, la causal de violación registra los niveles más altos de objeción de conciencia en el sistema público de salud. En el caso de la causal de violación, el 41,6% de las y los obstetras se acogen a la objeción de conciencia, seguidos por un 17,6% de anestesistas, un 11,1% de técnicos paramédicos y un 9,7% de profesionales no médicos. En contraste, en las causales de inviabilidad fetal y riesgo de vida para la madre, estos porcentajes disminuyen de forma considerable.
Estas cifras afectar directamente al acceso a la interrupción voluntaria del embarazo establecida en la Ley 21.030. De acuerdo con lo establecido, las mujeres y personas con capacidad de gestar pueden interrumpir un embarazo cuando:
- Se encuentre en peligro la vida: esta medida garantiza que puedas tener acceso a todos los tratamientos médicos necesarios para preservar tu vida, incluso cuando impliquen la interrupción del embarazo.
- Exista inviabilidad del feto para sobrevivivir fuera del útero: permite la interrupción en caso de que el embrión o feto padezca de una alteración estructural congénita o genética que sea incompatible con la vida extrauterina. Para realizar la intervención deberás contar con dos diagnósticos por escrito de médicos especialistas.
- Sea un embarazo causado por una violación: la norma indica que el plazo para la interrupción del embarazo en esta causal es de 12 semanas de gestación. Cuando se trata de menores de 14 años, este plazo se extiende hasta las 14 semanas en consideración de que las niñas y adolescentes demoran más tiempo en saber que están embarazadas.
Créditos: Corporación Humanas.
Pero eso no es todo. Las cifras también evidencian una distribución territorial desigual de los objetores de conciencia, particularmente médicos en la causal de violación, lo que genera brechas en el acceso a la ley para las mujeres y personas con capacidad de gestar que buscan ejercer este derecho.
Y aunque se registra una leve baja en la objeción de conciencia respecto al año pasado, desde la organización advierten que existe un patrón estructural de este fenómeno. “Cada año, más del 40% de las y los obstetras se han declarado objetores frente a esta causal (violación)”, se explica en el informe.
En conversación con Informe Especial, Constanza Schonhaut, directora ejecutiva de Corporación Humanas, explicó que “en la medida en que no se toman acciones concretas para hacernos cargo de los obstáculos que venimos viendo desde la implementación de la ley, lo más probable es que no cambie la tendencia”.
Salud pública: objetora de conciencia
De acuerdo al informe, a nivel nacional, casi de la mitad de los hospitales (32) tiene entre uno y dos tercios de obstetras objetores en la tercera causal, es decir, la causal de violación. Asimismo, 14 establecimientos públicos tienen más de dos tercios de obstetras objetores en la misma causal.
El informe destaca que en algunas regiones el acceso a esta prestación de salud se ve especialmente restringido por la objeción de conciencia. Un caso crítico es el de la Región del Maule, donde hospitales como los de Cauquenes y Constitución registran un 100% de objeción entre sus obstetras, lo que impide la realización de abortos por la causal de violación.
Créditos: Corporación Humanas.
De esta forma, las regiones con mayor proporción de obstetras que se acogen a la objeción de conciencia en la causal de violación son O’Higgins (68,9%), Maule (60%) y Los Lagos (58,1%). Estas cifras reflejan una profunda inequidad territorial en el acceso a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Estas cifras generan un impacto negativo en las comunidades ya que representan un riesgo significativo para el acceso directo y efectivo “especialmente cuando no existen mecanismos de derivación oportunos o no hay suficiente disponibilidad de personal no objetor”.
Obstaculización a ley IVE
El informe elaborado por la organización concluye que “a objeción de conciencia en el sistema público de salud sigue operando como una barrera estructural de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, especialmente en la causal violación”.
Además, entregan una serie de recomendaciones para garantizar un acceso equitativo a este derecho, resguardando la autonomía, la dignidad, la equidad territorial y la no discriminación. Entre ellas, se plantea la necesidad de asegurar el acceso a información clara sobre los derechos de las mujeres, fortalecer la formación del personal de salud y reforzar los mecanismos de fiscalización del cumplimiento de la ley.
Entre las propuestas, se plantea la necesidad de revisar y acotar el uso de la objeción de conciencia, una medida que ya está en curso con las modificaciones al reglamento impulsadas por el Ejecutivo, con el objetivo de garantizar la atención oportuna y efectiva en todo el territorio nacional.
