por AdnRadio
11 de junio de 2025
El Tribunal Constitucional (TC) desestimó por mayoría la contienda de competencia presentada por el Comité de Ministros contra el Primer Tribunal Ambiental, en el marco del polémico proyecto minero-portuario Dominga, ubicado en la región de Coquimbo.
Con esta decisión y con un fallo de 68 páginas, el TC validó la actuación del tribunal especializado, señalando que este actuó dentro del marco legal y no invadió competencias del Ejecutivo.
El conflicto se originó tras el fallo del Primer Tribunal Ambiental en diciembre de 2024, que ordenó al Comité de Ministros emitir una nueva resolución sobre las reclamaciones ciudadanas relacionadas con el proyecto, siguiendo criterios definidos en la sentencia.
Sin embargo, en enero de 2025, el Comité rechazó nuevamente Dominga, incorporando nuevos fundamentos —como observaciones de Conaf sobre biodiversidad— que no habían sido parte del proceso judicial anterior.
Ante esto, el tribunal ambiental anuló parcialmente la resolución por exceder los límites impuestos en su fallo, lo que motivó al Comité de Ministros, encabezado por la ministra Maisa Rojas, a presentar una contienda ante el TC, acusando una intromisión en sus atribuciones.
“Se produce una contradicción insalvable”
El TC rechazó esta postura, afirmando que no hubo una “invasión o interferencia de funciones” y que el tribunal ambiental actuó conforme a derecho. Según el fallo, el caso no constituía una verdadera contienda de competencia, sino que trataba de “cuestiones de legalidad interna del proceso judicial”.
Además, el TC cuestionó la contradicción del propio Comité, que por un lado acusaba intromisión, pero al mismo tiempo había apelado la resolución ante la Corte de Apelaciones con los mismos argumentos.
Esta doble vía, señaló el fallo, “se produce una contradicción insalvable”, ya que “esa misma parte ha reconocido y otorgado competencia a la Corte de Apelaciones para decidir esos precisos puntos”.
El dictamen fue adoptado por cuatro votos contra uno. La presidenta del TC, Nancy Yáñez, fue la única que votó a favor de acoger el requerimiento.
