El dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), en donde se ofició que los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) entreguen un informe detallado sobre los descuentos aplicados a las remuneraciones de docentes que participaron en el paro nacional, ha generado estragos en el Colegio de Profesores, quienes han criticado y tildado este informe como un castigo para los docentes.
En medio de esto, este sábado, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, advirtió que “estamos asistiendo a una fuerte e inusitada operación política para atentar contra los derechos laborales, contra los derechos conquistados, contra la posibilidad de movilizarse y de reclamar contra malas condiciones de trabajo, eso está ocurriendo”.
El líder gremial docente señaló que “primero está el dictamen de la Contralora General de la República que quitó, eliminó, el derecho que se había conquistado con la misma Contraloría, respecto a la confianza legítima para trabajadores que del sector público que laboran a contrata”.
Agregó que “ahora sale este dictamen y oficio de la Contraloría General de la República que busca amenazar, sancionar el derecho a movilización, el derecho a huelga que está consagrado en convenios internacionales que Chile es firmante y también en las propios fallos de la Corte Suprema como de otras instancias del Poder Judicial, que reconocen el derecho a movilizarse por parte de las y los trabajadores. Eso se está pretendiendo desconocer hoy”.
Aguilar concluyó con que “se da esta situación curiosa en que sale un oficio de la Contraloría amenazando a los SLEP para que apliquen sanciones y castigos a las y los profesores que nos hemos movilizado en estos días y a renglón seguido, aparece la exigencia de la UDI al Gobierno y a los SLEPS exigiéndoles que tienen que castigar a las y los docentes que hemos tenido la osadía de salir a reclamar derechos”.