por elmostrador
21 de julio de 2025
A Princesa Gabriela no la rescató la Ley Cholito ni ningún organismo del Estado. Quedó botada en el suelo una fría noche de julio, atravesada por un fierro.
A pocos metros de la esquina de Gabriela Mistral con 21 de Mayo, en la comuna de Peñaflor, Princesa Gabriela sufriría la más grave agresión de su corta vida de perrita abandonada.
Para ella no hubo medios de comunicación, ni redes sociales, ni campañas en su beneficio. Apenas un par de manos que la levantaron del suelo y la trasladaron a una clínica veterinaria. Su historia es la de cientos de animales maltratados y torturados, que viven en la invisibilidad y que ni siquiera ocupan un lugar en algún registro.
Muchas comunas, mayormente rurales o alejadas de los centros urbanos, enfrentan situaciones muy complejas producto del aumento de la delincuencia, la violencia, la droga y el alcohol. Y con esa realidad de fondo, seguramente, no han podido levantar políticas públicas que efectivamente sirvan para disminuir el maltrato, unos por falta de interés, otros por falta de presupuesto y otros por no saber qué hacer.
El maltrato animal es un indicador de violencia estructural y puede ser una señal temprana y visible de violencia generalizada en un entorno. En barrios donde hay abandono, crueldad o negligencia hacia los animales, es común encontrar también problemas como violencia intrafamiliar, vandalismo o delincuencia juvenil.
Existe relación entre las conductas antisociales y maltrato animal. Numerosos estudios indican que personas que maltratan animales tienen más probabilidades de involucrarse en delitos contra humanos. En perfiles de agresores, abusadores o incluso asesinos, frecuentemente hay antecedentes de crueldad hacia animales en la infancia o adolescencia.
Mujeres, personas mayores, niños y niñas y animales, suelen ser las víctimas más frecuentes en contextos de violencia. Si se castiga adecuadamente a los maltratadores de animales, estaremos protegiendo a los grupos humanos más vulnerables.
En barrios con poca presencia del Estado, es más común ver abandono, peleas de perros, gallos o explotación. Esto genera un sentimiento de impunidad y desorden que contribuye a la percepción (y realidad) de inseguridad.
El maltrato y abandono generan animales vagos, enfermos o agresivos, lo que puede causar miedo, mordeduras, accidentes o enfermedades. Esto afecta la calidad de vida y refuerza la percepción de un entorno inseguro y caótico.
¿Y si todo eso se sabe, por qué la violencia contra los animales no es parte de los programas de seguridad barrial? Si permitimos que la deshumanización, la falta de empatía y compasión afecten nuestros entornos, estamos perdidos como sociedad.
La Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, promulgada en 2017 por la Presidenta Bachelet contribuyó efectivamente a poner el tema y hacerse cargo. Lo propio hizo el programa del Gobierno de Santiago Cuidado con el Perro, y su versión 2.0, que entregó cuantiosos recursos a los municipios capitalinos para esterilizaciones. Pero, como pasa con muchas leyes y programas, van perdiendo impacto porque las sociedades cambian de temas, sensibilidades y preocupaciones.
Se dice que hacen falta penas contundentes, investigaciones penales efectivas y recursos adecuados para que los municipios cumplan con el rol fiscalizador que les asignó la ley. Pero no todo es presupuesto, las municipalidades pueden intervenir en los barrios más violentos, donde las cifras de la PDI revelen más maltrato; pueden abrir las puertas de las veterinarias comunales a animales maltratados, hacer campañas de sensibilización en colegios y sociedad civil y disponer de caniles municipales.
Nada de eso es tan caro, es voluntad. La misma voluntad que puso Quinta Normal cuando se encargó de los animales después del desalojo de una toma ilegal.
A Princesa Gabriela no la rescató la Ley Cholito ni ningún organismo del Estado. Quedó botada en el suelo una fría noche de julio, atravesada por un fierro.
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