por La Tercera
17 de julio de 2025
96 diputados aprobaron anular el acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación conjunta del litio en el Salar de Atacama. Este es un gravísimo traspié parlamentario. Hay tres razones de fondo que explican por qué esta alianza Codelco – SQM es una decisión estratégica legítima, beneficiosa y responsable para Chile:
1. El acuerdo entre Codelco y SQM está inscrito en el marco institucional que Chile creó en 2009, cuando se aprobó por amplia mayoría en el Congreso la nueva ley de gobierno corporativo de Codelco. Esa reforma surgió para cumplir con las exigencias de ingreso de Chile a la OCDE. Su propósito fue fortalecer a las grandes empresas públicas, como Codelco, garantizando que fueran administradas con autonomía, profesionalismo, transparencia y en función del interés nacional. La interferencia política en decisiones empresariales socava la credibilidad del país ante inversionistas y organismos internacionales. El acuerdo con SQM fue aprobado por unanimidad por el Directorio de Codelco, el cual monitoreó estrictamente todo el proceso.
2. La opción por una asignación directa, en lugar de una licitación internacional, ha permitido acelerar la transición hacia una alianza público–privada sin demoras ni conflictos judiciales. El contrato actual entre CORFO y SQM termina en 2030. Luego, la licitación internacional implicaría que el ganador de esta recién en el año 2031 comenzaría a efectuar los estudios pilotos técnicos e hidrológicos para iniciar operaciones.
Optar por una asignación directa, en lugar de una licitación internacional, ha permitido acelerar la transición hacia una alianza público–privada sin demoras ni conflictos judiciales. Al iniciarse en 2025 la nueva producción de litio bajo control estatal mayoritario, Chile podría recaudar entre US$ 5.000 y US$ 10.000 millones adicionales en esta década, gracias al favorable ciclo del litio. Un retraso de seis años o más, con una licitación incierta, implicaría una pérdida de rentas fiscales y una menor participación en el mercado global del litio en un momento clave.
Hay que aclarar que el acuerdo entre Codelco y SQM cubre el período 2025-2060, en que Codelco adquiere ahora el control de la sociedad con el 50.01% de las acciones, y asume la administración a partir del año 2031. Según Morgan Stanley, el Estado recibirá cerca del 70% del margen operacional entre 2025 y 2030, porcentaje que aumenta al 85% a partir de 2031.
Además, el acuerdo permite desde ya mejorar los estándares ambientales y la participación indígena, elementos que también habrían tomado años en ser integrados a través de una nueva licitación.
3. Una licitación internacional habría reintroducido localmente el conflicto geopolítico entre China y Estados Unidos, con consecuencias potencialmente graves para Chile. Si una empresa china (como Tianqi, que ya es accionista de SQM) ganara la licitación, EE.UU. podría considerar esto como un alineamiento estratégico con su principal rival, afectando las relaciones comerciales bilaterales.
Esto no es hipotético: ya ocurrió en el caso de la licitación de los pasaportes chilenos, cuando ganó una empresa china, y EE.UU. amenazó con suspender el programa Visa Waiver para Chile. En un escenario similar en el litio, Washington podría incluso aumentar unilateralmente los aranceles a las exportaciones chilenas, como medida de presión política, duplicando o triplicando los costos de ingreso al mercado estadounidense.
4. Anular el acuerdo Codelco–SQM sería un grave error institucional, económico y diplomático. Esta alianza aprovecha el marco legal vigente, maximiza beneficios fiscales inmediatos y protege a Chile de tensiones geopolíticas innecesarias. El Congreso debe respetar las decisiones autónomas de las empresas públicas que operan bajo la institucionalidad democrática y no deshacer, por presiones coyunturales, lo que se ha construido con visión de Estado.
Dado todo lo anterior, cabe preguntarse cuál ha sido la motivación y el objetivo de los 96 diputados para anular el acuerdo entre Codelco y SQM en un año de elecciones parlamentarias.
- El autor es profesor titular de Ingeniería Industrial, U. de Chile
