por AdnRadio
7 de agosto de 2025
Una fuerte controversia se generó en la comuna de San Miguel a raíz de una consulta ciudadana impulsada por la alcaldesa Carol Bown (UDI), cuyo objetivo fue conocer la opinión de los vecinos sobre una eventual restitución del nombre original de la avenida Salvador Allende, para volver a denominarla Salesianos.
La iniciativa fue duramente cuestionada por parlamentarios y concejalas del oficialismo, quienes ingresaron un oficio ante la Contraloría General de la República. Según sus argumentos, la encuesta habría tenido baja representatividad, lenguaje tendencioso, falta de claridad metodológica y uso de datos personales.
La diputada Gael Yeomans (FA) exigió transparencia respecto al financiamiento del proceso y su implementación, mientras que su par Daniel Melo (PS) apuntó a un “capricho ideológico” de la alcaldesa. Desde el Frente Amplio, también se advirtió que el cambio de nombre podría afectar la operatividad de servicios de emergencia, dada la continuidad de la avenida en comunas vecinas.
La repuesta de la alcaldesa
Pese a las críticas, la jefa comunal defendió el proceso, asegurando que “fue participativo, directo, transparente y respetuoso”, enfocado exclusivamente en los residentes de la avenida afectada.
Subsecretaria de la Niñez, Carol Bown
Bown aseguró que el sondeo se extendió por cinco meses y recogió la opinión de quienes serían directamente impactados por el cambio. Además, invitó a quienes critican la iniciativa a conversar con los propios vecinos del sector. “La democracia se honra respetando sus reglas y aceptando sus resultados, incluso cuando no se comparten”, enfatizó.
¿Qué dijo la Contraloría?
Fue en ese contexto que la Contraloría emitió finalmente su respuesta. En el dictamen, el órgano fiscalizador concluyó que la Municipalidad de San Miguel sí está facultada para realizar instancias de participación ciudadana como encuestas y sondeos en temas de interés local. Esto, siempre que no se trate de plebiscitos vinculantes, los únicos regulados por ley.
De este modo, el órgano descartó irregularidades en el proceso e indicó que tanto la realización de consultas como la decisión de modificar la denominación de una calle son materias que corresponden al ámbito de mérito y atribuciones propias del municipio.
