Parlamentarios de la Región del Biobío solicitaron al Ministerio de Seguridad Pública, Carabineros y la Policía de Investigaciones información detallada sobre las viviendas que bandas criminales, como el Tren de Aragua, usan para actividades ilícitas.
Karen Medina (IND-DC) y Roberto Arroyo (PSC), integrantes de la Comisión de Vivienda, enviaron oficios en los que exigen datos concretos sobre estos inmuebles, conocidos como “casas de tortura”, y que se dé a conocer qué medidas se están adoptando.
Al respecto, la diputada Medina alertó sobre el riesgo que representa permitir que estas organizaciones controlen sectores enteros mediante el uso ilegal de viviendas para delitos graves.
“Es imprescindible conocer las acciones que se están ejecutando para erradicar estos focos de violencia y proteger a las comunidades que viven con miedo”, indicó.
Por su parte, Arroyo remarcó que estos delitos tienen características de cárteles internacionales y subrayó la necesidad de una coordinación efectiva entre las policías y los municipios para enfrentar el problema.
“Solicitamos un catastro actualizado de estas casas, ya que la falta de información dificulta la intervención oportuna”, añadió.
La Brigada Investigadora de Secuestros de la PDI ha identificado al menos 17 inmuebles utilizados con estos fines entre 2022 y 2025, ubicados en comunas como Santiago Centro, Maipú, Talagante, Estación Central y Valparaíso.
En ese sentido, Medina enfatizó que la proliferación de estas casas afecta la seguridad y el control estatal sobre el territorio, y pidió conocer los protocolos de intervención que se están aplicando.
Diputados representantes de la Región del Biobío, Karen Medina (IND-DC) y Roberto Arroyo (PSC)
La organización internacional acusó que el apoyo al Partido Comunista contradice los principios del humanismo cristiano y afecta su credibilidad democrática.