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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

Los diputados de la comisión investigadora de la Fundación Salvador Allende, Andrés Longton y Paula Labra (RN), citarán a la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, y a la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo, para aclarar el destino de recursos públicos transferidos a la organización. Se vincula esto con un contrato del 2004 entre la fundación y el Serviu, donde se saldó una deuda con obras de arte que aún no han sido entregadas. Se señala que ha habido irregularidades con recursos públicos y un trato privilegiado a la familia Allende en tratos con el Estado, aprovechando cercanías políticas.

Desde la oposición, los diputados e integrantes de la comisión investigadora de la Fundación Salvador Allende, Andrés Longton y Paula Labra (RN), adelantaron que citarán a la instancia a la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo.

La citación también contemplará la presencia de la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo. Esto, con la finalidad de aclarar los recursos públicos que fueron transferidos a dicha organización.

Lo anunciado por los parlamentarios está vinculado con antecedentes que hacen referencia un contrato -suscrito el pasado año 2004- entre la Fundación Salvador Allende y el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu). Posteriormente, en 2015, la entidad saldó una deuda con 93 obras de arte, avaluadas en 800 mil dólares.

El problema estaría en que, según información publicada por El Mercurio, dichas obras aún no han sido entregadas físicamente al Serviu.

Según dijo la diputada Paula Labra, hay “antecedentes suficientes para determinar que se han cometido irregularidades con recursos públicos favoreciendo a la fundación Allende”.

“El estrecho vínculo de colaboración para su funcionamiento con el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, citaremos a su directora Nélida Pozo, y la ministra de Cultura, Carolina Arredondo, a la comisión de Cultura para aclarar todos los traspasos de recursos públicos que han realizado desde el año 2022 a la fecha”, complementó.

En la misma línea, su par, el diputado Andrés Longton cuestionó que “en su momento diputados RN llevaron a Contraloría esta singular operación que tuvo reparos legales, ya que Hacienda no autorizó esta operación que por ley estaba obligado a hacerlo”.

“Regularmente, la familia Allende tiene un tratamiento bastante excepcional y privilegiado para hacer tratos con el Estado, no cumpliendo requisitos legales y aprovechando la especial cercanía política que ha tenido con gobiernos de izquierda en una suerte de complacencia evidente por parte de autoridades que tienen que resguardar el patrimonio fiscal”, acusó.

Según señalan en su sitio web, la Fundación Salvador Allende fue creada en 1990, con la vuelta de la democracia en Chile.

Esta fue impulsada por la viuda del exjefe de Estado, Hortensia Bussi, junto a sus hijas y nieto mayor, esto con el propósito de “recuperar la memoria y promover el legado del presidente Salvador Allende, desde los valores que él representó e impulsó”.