El empresario y exdirector de CFR Pharmaceuticals, Juan Bilbao Hormaeche (65), presentó un recurso de casación en la Corte Suprema para dejar sin efecto la sanción de UF 90.000 —unos US$3,2 millones de la época— que le impuso la entonces Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) hace diez años, en 2015, por uso de información privilegiada. En un escrito de 33 páginas, sus abogados alegan una serie de errores de derecho, vicios procesales y prejuzgamiento por parte de la SVS y del Poder Judicial.

En su escrito, el empresario sostuvo que la Corte de Apelaciones de Santiago, al confirmar la sentencia del 30° Juzgado Civil, incurrió en múltiples ilegalidades, entre ellas aceptar una “reformulación de cargos” sin base legal y validar una investigación paralela, realizada sin garantías de defensa.

El recurso, firmado por Cristóbal Eyzaguirre y Alex van Weezel, socios del estudio Claro, busca que la Corte Suprema anule la resolución judicial que ratificó la multa y declare que no se configuró el uso indebido de información privilegiada, al no existir ventaja informativa en las operaciones cuestionadas ni obligación legal incumplida por parte de Bilbao.

En su presentación, el ejecutivo sostuvo que la sentencia que confirmó la millonaria multa en su contra incurrió en cinco errores de derecho.

El primero, dice, es que se consideró como confidencial una información que ya había perdido ese carácter cuando él compró las acciones. El segundo apunta a que se le sancionó por mantener una orden de compra que él había dado antes de conocer datos relevantes, lo que, a su juicio, no constituye uso de información privilegiada. El tercer error sería haberle atribuido un rol de dueño o administrador en una sociedad que, según él, no controlaba, y que por eso no estaba obligado a reportar.

El cuarto error de derecho, sostiene, es que no se haya invalidado la resolución sancionatoria, pese a que el entonces superintendente ya había opinado públicamente sobre el caso antes de investigarlo. Y el quinto reproche es que se haya aceptado una reformulación de los cargos en medio del proceso, lo que su defensa considera ilegal. Todo esto, según su equipo jurídico, justifica que la Corte Suprema anule la resolución y deje sin efecto la sanción.

Sanción

El 26 de noviembre de 2015, la Superintendencia de Valores y Seguros (hoy CMF) sancionó a Juan Bilbao por haber comprado acciones de CFR Pharmaceuticals usando información privilegiada mientras era director de la empresa. Según la investigación, Bilbao instruyó a un tercero para adquirir títulos de la compañía a través de la sociedad Somerton, justo después de acceder a información confidencial sobre negociaciones en México y Tailandia, y sobre la intención de Abbott de comprar CFR. Las compras se realizaron entre marzo y mayo de 2014, poco después de que el directorio recibiera antecedentes reservados sobre estas operaciones. En total, según la SVS, Bilbao obtuvo ganancias ilegítimas por US$ 6,9 millones. El caso también derivó en una multa de parte de la Securities & Exchange Commission, SEC, de Estados Unidos, organismo al que Bilbao accedió a pagar US$ 12 millones.

Además, la SVS concluyó que Bilbao no informó estas compras ni su vínculo con Somerton, incumpliendo con sus deberes legales como director. Tampoco reportó el cambio en su posición accionaria ni mencionó esa participación cuando dio su opinión sobre la OPA de Abbott. La Superintendencia consideró que con estas omisiones violó varias normas del mercado de valores y de la ley de sociedades anónimas.

Los hechos no solo desencadenaron la renuncia del empresario a la presidencia de Consorcio Financiero y las compañías de seguro de ese mismo holding, sino también a su sillón en Paz Corp, Blumar, Watt’s y Entel, para dedicarse por completo a su defensa.

“Audiencias secretas”

En su escrito de casación de fondo, la defensa de Bilbao no sólo pide la revocación de la multa, sino que también el pago de todos los costos judiciales que implicó la batalla judicial que inició hace una década.

“Si bien la notoriedad pública de la presente causa podría sugerir que cualquier palabra introductoria sobre el mismo es superflua, ha sido precisamente su cobertura mediática lo que obliga a realizar una profunda revisión del mérito de la multa impuesta por la Superintendencia de Valores y Seguros (la “SVS”, actualmente la Comisión para el Mercado Financiero o “CMF”)“, consignó el documento.

“El problema del interés mediático no es una mera anécdota, sino que dice relación con el corazón del caso, ya que fue el propio Superintendente de Valores y Seguros de la época, quien condenó anticipadamente a nuestro representado ante los medios antes de que siquiera formulara cargos en su contra, luego de enterarse por la prensa de la existencia de una investigación iniciada en EE.UU. en contra de nuestro representado”, agregó. La resolución con la sanción fue fictada por Carlos Pavez, hoy a cargo de la Unidad de Análisis Financiero.

Según el escrito presentado por Juan Bilbao, la SVS decidió cambiar su versión del caso justo cuando el proceso sancionatorio ya estaba casi terminado. Además, Bilbao acusa que, mientras aún se desarrollaba el proceso original, la SVS realizó una investigación paralela y secreta. Según el escrito, la Superintendencia “llevó a cabo una investigación paralela y secreta, en la cual interrogó por sí y ante sí a diversos testigos, sin la presencia de los apoderados de nuestro representado”.