por La Tercera
3 de julio de 2025
El equipo de la Fiscalía peruana que investiga el caso Lava Jato, amplió este miércoles a 35 años el pedido de prisión para la lideresa del partido derechista Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, lavado de activos y otros, a partir del financiamiento irregular de sus campañas electorales de 2011 y 2016.
En concreto, el Equipo Especial de Fiscales Lava Jato solicitó 35 años de pena privativa de libertad y una multa de 730 días para la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori, por los delitos de lavado de activos agravado en organización criminal, en concurso con los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica.
🚨 Caso Cocteles: Equipo Especial Lava Jato presenta acusación contra Keiko Fujimori y pide 35 años de prisión para ella y otros coacusados por los delitos de lavado de activos agravado en organización criminal, en concurso con los delitos de falsa declaración en procedimiento… pic.twitter.com/SYacRMF4m1
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Según la nueva acusación, Fujimori habría recibido fondos ilícitos para financiar sus campañas presidenciales, ocultando su procedencia a través de falsos aportes. Se trata de una actualización del proceso que, tras varios años de investigación, había sido anulado por el Poder Judicial en enero de 2024, obligando al Ministerio Público a replantear su acusación.
Sobreseimiento a 19 investigados
Además de la excandidata presidencial, el fiscal provincial José Domingo Pérez presentó la acusación penal contra los exdirigentes fujimoristas Pier Figari, Ana Rosa Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper, Adriana Tarazona, Augusto Bedoya, según consigna el comunicado de la Fiscalía.
También incluyó al exesposo de Fujimori, Mark Vito Villanella, Ana Cecilia Matsuno, Giancarlo Bertini, Hugo Tasayco, Juan Carlos Luna, Luis Mejía y Rafael Herrera, así como las personas jurídicas del Partido Político Fuerza Popular y MVV Bienes Raíces S. A. C.
Asimismo, la fiscalía ha requerido el sobreseimiento de 19 investigados y el sobreseimiento parcial de dos de ellos.
El Ministerio Público remarcó que con la presentación de la acusación penal se dio cumplimiento a una resolución emitida en 2023 por el Tribunal Constitucional (TC) por lo que el caso pasará ahora a la etapa de control de acusación.
La defensa de Fujimori
La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, aseguró este jueves que la nueva acusación del fiscal José Domingo Pérez contra su defendida carece de objetividad y que ha sido presentada “al margen de la ley”.
“Nos vamos a oponer a este requerimiento acusatorios como nos opusimos al anterior en marzo del 2021, en plena campaña electoral. Ahora ad portas de un año electoral, llama poderosamente la atención que la fiscalía tenga injerencia y protagonismos en las campañas electorales”, señaló Loza a Canal N.
Cuando se le insistió en la pregunta sobre qué medidas concretas tomarán, la abogada señaló: “Oponernos y cuestionar la decisión del Ministerio Público que consideramos, no solo es carente de objetividad sino que está dada al margen de la ley”.
Loza aseguró que se enteraron de esta nueva denuncia por la prensa y que, hasta el momento, no han sido notificados formalmente, por lo que ella no ha podido evaluar los argumentos del fiscal.
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Giulliana Loza indicó que, al igual que en marzo de 2021, se opondrán formalmente a esta nueva acusación fiscal. Considera que este nuevo pedido carece de sustento jurídico y que está basado en motivaciones políticas, más que en argumentos legales
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“Aquí lo preocupante es que la fiscalía insista una vez más, pese a que anteriormente en 19 oportunidades le devolvieron su acusación contra Keiko Fujimori pese a que, como se sabe, al momento atribuido por el Ministerio Público, no existía el delito de lavado de activos como se le está atribuyendo. Se le está acusando por delitos que, al momento de los hechos, no existían”, precisó.
La anulación del anterior juicio oral
En una acusación previa, Pérez solicitaba que Fujimori recibiera una condena de 30 años y 10 meses de prisión, además de una multa de 730 días y una inhabilitación de 15 años y 5 meses.
Pero el pasado 3 de abril, el Poder Judicial anuló el juicio oral que se le sigue a Fujimori y solicitó a la fiscalía que el auto de enjuiciamiento sea saneado, razón por la cual el Ministerio Público presentó nuevamente la acusación penal. La Segunda Sala Penal de Apelaciones del Poder Judicial había declarado infundada la apelación presentada por el fiscal Pérez.
El Tribunal Constitucional había ordenado que se anule la acusación contra el exdirigente José Chlimper, al que supuestamente no se le permitió conocer oportunamente todos los cargos que se le imputaban.
Además de ordenar que la Fiscalía emitiera una nueva acusación ajustada a procedimiento, el tribunal también aseguró que había vicios en el auto de enjuiciamiento que hacían insostenible la continuidad del juicio oral, que había comenzado formalmente el 1 de julio de 2024. Esta medida obligó al Ministerio Público a elaborar nuevamente parte de la investigación y a presentar una nueva acusación, tras lo cual un juez deberá decidir si abre un juicio oral.
🔴 El secretario general de Fuerza Popular y parlamentario andino, Luis Galarreta, se pronuncia tras la nueva acusación del equipo especial Lava Jato contra Keiko Fujimori, por presunto lavado de activos y organización criminal en el caso Cócteles. La Fiscalía ha solicitado 35… pic.twitter.com/v4lQp0DP7l
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El camino del caso Cócteles
El caso Cócteles se remonta a 2016, cuando se abrió una investigación preliminar por las actividades de recaudación de Fuerza Popular, entonces Fuerza 2011. El partido declaró ingresos por más de dos millones de soles obtenidos a través de cócteles y rifas. Sin embargo, la Fiscalía sospecha que detrás de esos eventos se ocultaron aportes ilegales, entre ellos los presuntamente entregados por la constructora brasileña Odebrecht.
En 2017, Marcelo Odebrecht declaró a fiscales peruanos que su empresa había contribuido con campañas políticas en el Perú, incluyendo la de Keiko Fujimori. Un año más tarde, el fiscal José Domingo Pérez allanó locales de Fuerza Popular y comenzó una investigación que derivó en pedidos de prisión preventiva contra la lideresa fujimorista.
Fujimori ha sido detenida en dos ocasiones: en 2018, cuando se dictaron 36 meses de prisión preventiva, y en 2020, cuando se le impuso otra medida de 15 meses. En ambas oportunidades, fue liberada posteriormente, aunque el proceso penal continuó.
¿Candidata presidencial otra vez?
A inicios de junio, la excandidata presidencial lanzó su pódcast titulado Konfesiones, una semana después de declarar que no descarta la posibilidad de no presentarse como candidata presidencial en 2026.
Pero la hija de Alberto Fujimori también abrió la posibilidad de no postular a las elecciones presidenciales y parlamentarias del 12 de abril de 2026. Incluso señaló que evalúa ceder esa responsabilidad a otro líder político.
En una entrevista con la agencia EFE, reconoció que la mayoría de dirigentes de su partido esperan que ella encabece la candidatura, aunque aclaró que desea “agotar esta primera vía de consenso” mediante alianzas. Si estas no prosperan, tomará una “decisión personal”.
🚨🧐 ¡Konfesiones! Keiko Fujimori recordó su primer día presa: "Lloré muchísimo" (VIDEO)
— Perú21 (@peru21noticias) June 26, 2025
Durante su testimonio, afirma haber pasado más de 480 días en prisión preventiva, “sin condena, sin haber sido gobierno, sin un debido proceso”. https://t.co/1DnItgR0Kv
“Yo no descarto la posibilidad de ceder la candidatura presidencial a otro líder de otro partido, ni a otro líder de mi propio partido, porque creo que para lograr consensos uno tiene que dejar de lado sus prioridades personales y pensar primero en el país”, sostuvo durante su participación en el congreso anual del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), en Sevilla, España.
Fujimori no reveló con qué líderes o agrupaciones mantiene conversaciones, pero resaltó que “el solo hecho de conversar ya ayuda a la democracia”. Además, indicó que existen puntos de coincidencia con otras fuerzas políticas en temas económicos y en la necesidad de fortalecer la educación, la salud y la infraestructura.
