Gobierno pone la lápida a ProCultura: Justicia pide disolución de la ONG y apunta a enriquecimiento ilícito de Alberto Larraín

La fundación ProCultura y sus exfuncionarios enfrentan complejos escenarios no tan sólo en sede penal. Si bien, el principal desafío que tienen es la indagatoria criminal que lleva adelante el Ministerio Público, con miras a esclarecer la ocurrencia de distintos ilícitos, existe también una instancia que está a manos del Gobierno y que se activó hace algunos días por parte del departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia.

De acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera, la cartera comandada por Jaime Gajardo (PC), ya envió al Consejo de Defensa del Estado (CDE) las conclusiones del análisis administrativo de la ONG, tras lo cual le solicitó iniciar las acciones para disolver de manera definitiva la entidad.

Lo anterior, luego de advertir que la fundación creada en 2010 por Alberto Larraín, Ilonka Csillag y Dolores Casanova, no respondió de forma íntegra los requerimientos realizados en el marco del procedimiento instruido por el organismo, el 29 de junio de 2023, y que tampoco se atendiera a los funcionarios que visitaron con insistencia los domicilios que habían registrado.

Pero, aunque dicho incumplimiento es considerado grave y hubiese sido suficiente para avanzar en la disolución de la entidad, no fue lo único que advirtieron los profesionales de Justicia.

La ONG desvió fondos públicos

De hecho, en medio de la solicitud que remitió el subsecretario del ramo, Ernesto Muñoz, al presidente del CDE, Raúl Letelier, se enfatizó en que la fundación habría desviado fondos percibidos para la ejecución de programas y proyectos a pagos de remuneraciones y honorarios.

Conforme al detalle, entre los años 2018 y 2022, en promedio, el 70,35% de los gastos de ProCultura correspondían a remuneraciones y honorarios, mientras que sólo el 29,65% al cumplimiento de su objeto social.

Se ejemplifica, en el mismo sentido, con lo ocurrido en 2022, cuando los gastos por salarios ascendieron a $ 1.980.841.722, mientras que sólo $ 641.561.349 estaban vinculados a los proyectos.

Así las cosas se hace presente que, en base a los antecedentes recopilados durante el proceso, la ONG infringió gravemente sus estatutos, “desnaturalizando el fin propio de la fundación, entendida esta como un patrimonio puesto al servicio de un objeto, distinto del enriquecimiento de los partícipes de la misma, existiendo además un falta de coherencia entre los fines propios de la entidad y sus actividades en cumplimiento a dichos fines”.

Alzas periódicas

En medio de las observaciones destacadas por Justicia, también se mencionó la existencia de alzas periódicas y sin justificación en las remuneraciones pagadas a ciertas jefaturas de los proyectos adjudicados a la fundación, al igual que en los ingresos que obtenían directivos y los mencionados fundadores, salvo Casanova.

En el caso de Alberto Larraín, se precisó que su renta, entre 2018 y 2022, pasó de $ 29.700.000 a $ 94.445.764. En suma, se indicó que en cinco años se hizo de $ 267.779.612.

Ilonka Csillag, por su parte, recibió $ 149.661.333 entre 2017 y 2022, pese a que durante un periodo estuvo fuera de la entidad.

Respecto de María Constanza Gómez, otrora representante legal de la fundación, se mencionó que pasó de recibir $ 950 mil en enero de 2017 a ganar $ 4.500.000 hacia fines de 2022. O sea, su ingreso aumentó cinco veces respecto de la remuneración inicial.

El director de proyectos José Gatica pasó de $ 1.2 millones en 2017 a $ 3.5 millones en diciembre de 2022. La directora de Estudios María Teresa Abusleme, igualmente, vio aumentado su salario de $ 1.2 millones a $ 3.5 millones en sólo dos años, entre julio de 2020 y julio de 2022.

En el caso de Carla Piazzoli, se detalló que su remuneración comenzó en $ 1.1 millones en 2019 y que en septiembre de 2022 se elevó a $ 2 millones. Sobre Lorena Pérez, directora de Arquitectura, se mencionó que pasó de ganar $ 2 millones entre junio de 2019 y febrero de 2021, a obtener $ 3.5 millones a contar de julio de 2022.

Otros aumentos:

• Fernanda González Undurraga: De $ 1.2 millones en 2017 a $3.5 millones a contar de octubre 2022.
• María Camila Quinteros Reillán: De $ 1.650.000 en abril de 2022 a $3 millones a contar de octubre 2022.
• Daniela Guerrero González: De $ 1.2 millones en 2020 a $3.5 millones a contar de julio de 2022.
• Camila Aguirre Concha: De $ 1.2 millones en abril de 2021 a $ 2 millones a contar de octubre 2022.
• Francisco Fuentes Araya: De $ 700 mil en 2019 a $3.5 millones a contar de julio 2022.
• Bárbara Lucía Peña Osorio: De $ 1.2 millones en septiembre de 2022 a $2.4 millones a contar de diciembre del mismo año. En tres meses su sueldo se duplica.
• Emilio Marinao Fuentes: De $ 800 mil en 2019 a $3.5 millones a contar de julio 2022.

Por lo mismo, el escrito remitido por el subsecretario Muñoz subraya que “analizados todos los antecedentes aportados por la fundación, en especial lo indicado precedentemente, permite inferir a este Ministerio, que la misma ha destinado sus esfuerzos y patrimonio a actividades distintas a aquellas para las cuales fue creada, descuidando por tanto su objeto social, existiendo una desproporción de los gastos en personal y honorarios respectos de actividades vinculadas directamente con el objeto social de esta".

Y, además, agregaron que: “No obstante esta Subsecretaría de Justicia carece de las atribuciones para conocer y determinar la existencia de un abuso del derecho, cuyo conocimiento le correspondería a instancias jurisdiccionales, es posible determinar, fundado en los antecedentes que obran en el expediente, que su actuar, específicamente el uso de su patrimonio en un porcentaje importante al pago periódico realizado a personas vinculadas con esa entidad, como lo son sus fundadores y ex directores, y el alza sostenida en estos montos, más la orientación constante de estos fondos para el pago de honorarios y remuneraciones, no se ajusta a la naturaleza jurídica de una Fundación, por cuanto su actuar no concuerda con el ethos de una fundación de beneficencia pública".