por T13
18 de julio de 2025
Por qué importa. El desglose del informe número 158 de la Contraloría General de la República —que reveló este mes que 144 conductores fiscalizados por Carabineros entre 2023 y el primer semestre de 2024 en la Región Metropolitana siguieron circulando pese a tener órdenes de detención pendientes—, evidenció la gravedad de los delitos por los que eran buscados.
- El organismo encabezado por Dorothy Pérez —tras una solicitud por ley de transparencia —detalló que entre los prófugos (cuyos nombres mantuvo en reserva) había uno por homicidio, dos por abuso sexual de menores de 14 años, ocho por tráfico y microtráfico de drogas, ocho por distintos tipos de robos y 11 por hurto, además de 11 buscados por estafa.
- A estos se sumó un prófugo por porte de arma prohibida —que además era buscado por conducir sin licencia debida y omitir un accidente de tránsito— y otro por tenencia o porte de arma sujeta a control (que incluye el material de uso bélico).
- El organismo inició un sumario contra Carabineros y derivó los antecedentes del caso al fiscal nacional Ángel Valencia y al ministro de Seguridad, Luis Cordero.
- Paralelamente, Carabineros inició una indagación interna. En un comunicado publicado el miércoles 9 anunciaron “la revisión integral de los protocolos de consulta de antecedentes”.
- “(Es) una situación alarmante”, dijo el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Cristián Araya (Republicanos), que apuntó a las deficiencias en los controles internos, en medio de la preocupación por la infiltración del narcotráfico en diferentes capas del aparato estatal.
Trasfondo. El informe de Contraloría se sumó a la preocupación de La Moneda por la penetración del narcotráfico en el Ejército y la Fuerza Aérea de Chile (Fach).
- Ésta derivó en el envió a prisión preventiva de siete militares y una civil, además de cinco funcionarios de la Fach, todos dados de baja tras el escándalo. El primer caso, de junio, consistió en el traslado de cocaína y pasta base a Santiago. El segundo, de este mes, del tráfico de ketamina a la capital.
- A estas indagaciones se sumó la interrogante de si la salida del penal Santiago 1 del ciudadano venezolano Alberto Mejía —ocurrida el 10 de julio pese a que estaba formalizado por el homicidio por encargo del comerciante del barrio Meiggs José Reyes, el 19 de junio—, fue un error o un caso de corrupción.
- Este caso derivó en acusaciones cruzadas entre el Poder Judicial y Gendarmería y en que la oposición esté evaluando presentar una acusación constitucional en contra del ministro de Justicia Jaime Gajardo (PC), de cuya cartera depende este último organismo.
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El informe de Contraloría. “Se identificaron 144 personas con órdenes judiciales pendientes por diversos delitos, que, de acuerdo con lo informado en correo electrónico del Departamento de Planificación y Control de Gestión, contaban con órdenes de detención asociadas, a las cuales se les habría efectuado, a lo menos, un control de forma posterior a la dictación de dicha resolución, y que no fueron detenidas en esa instancia”, dijo el informe de Contraloría.
- Delitos. “Algunas de las personas controladas contaban con causas asociadas a delitos contra la ley N° 18.290, del Tránsito, tales como: conducción bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, accidente con resultado de muerte o lesiones graves, conducción sin la licencia debida o falsificación de licencia de conducir”.
- Casos más graves. “Fue posible establecer que otros individuos sujetos al control de Carabineros se encontraban, a esa época, siendo buscados por haber cometido otros delitos, tales como: abuso sexual; tráfico ilícito de drogas o microtráfico, asociación ilícita; porte ilegal de arma de fuego, posesión o tenencia de armas prohibidas, sujetas a control y/o municiones; o amenazas con arma”.
- Seguridad pública. “Lo anterior da cuenta de una omisión por parte de Carabineros de Chile, que permitió a las personas buscadas evadir la justicia y actuar sin restricciones, lo que debilita las sanciones judiciales y aumenta el riesgo de delitos, poniendo en peligro la seguridad pública”.
- Recursos. “Además, genera pérdida de recursos públicos, al requerir más esfuerzo para localizarlas y seguir su rastro”.
Vehículos con encargo por robo. El reporte de Contraloría detalló también que “se verificó la existencia de 626 vehículos ‘con encargo por robo’ que no fueron recuperados en circunstancias que fueron sujetos, a lo menos, a un control vehicular, efectuado por Carabineros de Chile, entre enero de 2023 y junio de 2024, manteniendo su estado de condición de vehículo con encargo un total 358 de los ya indicados al 13 de noviembre de 2024”.
