por Cooperativa.cl
27 de agosto de 2025
La Fiscalía de Alta Complejidad logró un veredicto condenatorio contra el expresidente de Blanco y Negro por un delito bursátil.
La Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte obtuvo un veredicto satisfactorio en el juicio oral contra Gabriel Ruiz-Tagle, expresidente de Blanco y Negro, quien fue condenado por el delito de uso de información privilegiada, tipificado en el artículo 60 letra E de la Ley de Mercado de Valores. La sentencia se leerá el próximo mes de septiembre.
El fiscal Jaime Retamal explicó que la condena se fundamenta en hechos ocurridos el 28 de mayo de 2018, cuando Ruiz-Tagle vendió 4 millones de acciones de la empresa Colo Colo.
La investigación y el juicio lograron acreditar que esta venta se realizó tras haber tomado conocimiento de los estados financieros de la compañía, información que le permitió advertir un aumento en el precio de la acción antes de que fuera conocida por el mercado. Con esta información, procedió a vender el paquete accionario por un monto cercano a los 1.200 millones de pesos.
"Esto está sancionado porque él era director de la sociedad, él no podía operar en el mercado, está prohibido por la ley hace décadas", enfatizó el fiscal Retamal, subrayando la gravedad del delito desde la perspectiva bursátil.
La Distinción entre Compra y Venta de Acciones
Si bien el tribunal absolvió a Ruiz-Tagle en relación con una figura vinculada a la compra de acciones, la Fiscalía considera de vital importancia que la venta haya sido objeto de reproche penal. El fiscal detalló el proceso: Ruiz-Tagle adquirió sucesivamente acciones durante abril y mayo de 2018, siendo elegido director y asumiendo como presidente de la sociedad anónima. Acumuló cerca de 5 millones de acciones.
Posteriormente, en la madrugada del 29 de mayo, realizó una compra de 109 mil acciones y, a las 10 de la mañana del mismo día, decidió vender gran parte de su paquete accionario: aproximadamente 4 millones de un total de 5 millones. Esta venta, que representa cerca del 78 por ciento de sus activos en un solo día, realizada en dos tandas a través de corredoras, fue lo que el tribunal consideró un delito grave.
El tribunal desestimó la argumentación de la defensa que sostenía que Ruiz-Tagle habría realizado la compra "inadvertidamente" o por "descuido", así como su desconocimiento de un "periodo de bloqueo" establecido por Blanco y Negro para sus directores, impidiendo la compra o venta de acciones. El fiscal Retamal reiteró que Ruiz-Tagle debía conocer la reglamentación y la Ley de Mercado de Valores, lo que valida su responsabilidad penal.
Penas Solicitadas por la Fiscalía
Considerando la época de los hechos (2018), la Fiscalía ha solicitado para Gabriel Ruiz-Tagle una pena de presidio menor en su grado medio, que corresponde a 3 años de presidio efectivo. Es relevante señalar que Ruiz-Tagle no cuenta con antecedentes penales previos.
Adicionalmente, se solicitó una pena de inhabilitación para ser director de una sociedad por 5 años. Esta medida busca asegurar que quienes cometan delitos bajo la Ley de Mercado de Valores no puedan ejercer cargos de dirección, conforme al espíritu del legislador.
El Ministerio Público destacó el arduo trabajo en un juicio complejo que se extendió por más de dos semanas, enfatizando que estos delitos requieren un castigo que refleje la seriedad de las infracciones al mercado financiero.
Desde la defensa, el abogado Hugo Rivera, quien previamente intentó suspender el juicio argumentando res judicata (cuestión ya juzgada) basada en fallos administrativos anteriores, expresó su disconformidad con la resolución.
Rivera había alegado que la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y la Corte de Apelaciones ya se habían pronunciado, sin encontrar infracción a la Ley 18.045 en la letra E y G del artículo 60. Sin embargo, el fiscal Jaime Retamal aclaró que esos fallos correspondían a responsabilidades administrativas y no penales, una distinción que el tribunal finalmente validó al desestimar el recurso de la defensa.
Tras el veredicto, Hugo Rivera señaló que, aunque respeta las decisiones judiciales, no comparte "mucho lo que ella -la presidenta del tribunal- ha sostenido". Destacó que, de la "cantidad enorme de delitos" imputados inicialmente por el fiscal, solo se mantuvo un cargo penal.
