por T13
4 de julio de 2025


Casi 300 licencias profesionales para conducir camiones, buses, ambulancias y transporte de escolares están en entredicho. En Valparaíso, denuncian que se entregaron estas certificaciones a personas que no completaron el número de clases necesarias, caso por el que ya hay un sumario en curso.
En esa región hay decenas —y podrían ser cientos— de personas que conducen con una licencia profesional obtenidas en cursos financiados por el Estado y que no cumplieron con su instrucción completa.
“Los alumnos hasta el día de hoy no tienen conocimiento de que están reprobados de sus cursos. Siguen sacando sus licencias sin haber cumplido con los requisitos legales y lo más probable es que muchos ya estén manejando buses del transporte público, buses escolares, hasta ambulancias”, indicó una fuente a Reportajes T13.
Asegura que fue testigo directo de favores y una trama de relaciones personales y políticas que habría permitido concretar un millonario convenio para capacitar conductores profesionales, entre el Sence de Valparaíso y la OTEC Sencap. Más de 342 millones de pesos en dinero fiscal, destinados a 13 cursos de licencias A3 y A5 para unas 260 personas.
“Cuando los cursos ya habían terminado hace un par de meses se realizó una fiscalización, a solicitud de la Unidad de Capacitación, y producto de ese proceso detectan que hubo irregularidades graves en la ejecución de los cursos, porque los alumnos no habían realizado el 100% de las horas prácticas que exige la normativa para aprobar el curso”, agregó la fuente en la investigación del equipo de Teletrece. En resumen, todo habría terminado en un mero trámite de papeles.
¿Es un riesgo? Por supuesto que sí. Se trata de un número indeterminado de personas que hoy están a cargo de conducir vehículos de gran tonelaje u otros para servicios críticos, como salud o transporte escolar, sin haber cumplido con los requisitos. Desde Conaset advierten que no es sólo llevar un volante y avanzar por la calle.
¿Fue destinado el dinero público efectivamente para ejecutar esta capacitación? ¿Cómo surge este millonario convenio? Es aquí donde nacen los cuestionamientos.
Licencias profesionales en la mira: ¿Cómo surgió millonario convenio?
Fue firmado por la directora regional del Sence, Ángelica Gutiérrez, militante del Frente Amplio. La contraparte de la empresa era representada por la coordinadora Irma Troncoso, excandidata a concejala independiente por Valparaíso, en la lista del mismo partido político.
“Era evidente para todos la confianza y cercanía que tenían y que eran amigas. O sea, ella ingresaba a las dependencias del Sence constantemente y a la oficina de la directora, a veces acompañada del funcionario que era pareja de ella”, indicó el testimonio.
Ese "funcionario", según los denunciantes, sería Bernardo Contreras. De acuerdo con el testimonio bajo reserva, tanto él como la coordinadora de esta OTEC sostenían encuentros a puertas cerradas con la directora regional, sin el registro que obliga la Ley del Lobby.
¿Existió o no conflicto de interés en todo este proceso? ¿Debió inhabilitarse la directora regional del Sence en la asignación de esta millonaria capacitación por esa supuesta afinidad con una de las representantes de la empresa?

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Las declaraciones de funcionarios entrevistados durante este sumario manifiestan cuestionamientos a la probidad administrativa. Según incidan, existía un claro trato preferencial hacia esta empresa de capacitación.
La investigación de Teletrece también tomó contacto con representantes de la cuestionada empresa. Fuera de cámara descartaron las irregularidades con sus cursos, los vínculos políticos o de amistad, o las supuestas presiones, reafirmando que el dinero fiscal transferido a sus arcas —más de 172 millones— por ahora no será devuelto. La Dirección Nacional del Sence indicó que estos cursos están en “proceso de regularización administrativa”.
Eso, mientras decenas de conductores, exalumnos de esta OTEC, tiene hoy la preciada licencia profesional a bordo de camiones de alto tonelaje, buses, furgones escolares y ambulancias, sin haber cumplido con las exigencias legales para ello.