por elmostrador
25 de junio de 2025
El juicio por el caso SQM enfrenta su recta final tras 10 años de investigación. Solo ocho imputados siguen en juicio, entre ellos Pablo Longueira y Patricio Contesse. La Fiscalía acusa cohecho y soborno, aunque ninguno de los imputados pisaría la cárcel.
«Estimado Patricio. Te envío texto que ingresó al Congreso. Espero tus comentarios. Un abrazo. Pablo». Así parte uno de los correos enviados por el entonces Senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y excandidato presidencial de la derecha, Pablo Longueira, al exgerente general de SQM, Patricio Contesse, en plena etapa de la tramitación de la Ley de Royalty Minero,el año 2010.
El intercambio de correos formó parte de la indagatoria que llevó en un comienzo la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, a través de los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, en un caso catalogado como el mayor escándalo político y judicial desde la implementación de la Reforma Procesal Penal y que por estos días se encuentra en fase de alegatos de clausura, en un juicio oral que podría tener un veredicto final en agosto próximo.
A 10 años de haberse destapado el caso, lejos de la estridencia inicial, el juicio suma hasta ahora más de 450 audiencias, la presencia de 651 testigos y la participación de 52 peritos. Previo al juicio, además, se acordó el sobreseimiento de 68 imputados, la decisión de no perseverar respecto de 51 personas y la suspensión condicional del procedimiento de otras 127.
De todos los imputados iniciales del caso hoy sólo quedan ocho acusados en el banquillo: la secretaria de la UDI, Marisol Cavieres; el exdiputado Roberto León, el exembajador Marcelo Rozas; la secretaria de Longueira, Carmen Valdivieso; el exasesor de Marcos Enríquez-Ominami, Cristián Warner; el exgerente general de SQM, Patricio Contesse, y los excandidatos presidenciales Marcos Enríquez-Ominami y Pablo Longueira.
El juicio oral que comenzó en 2023 no sólo determinará la eventual responsabilidad de una eventual red de financiamiento ilegal que involucró a gran parte del espectro político –UDI, RN, DC, PPD, PS y PRO–, sino que vuelve a poner en el tapete qué tan preparado está el sistema judicial chileno para garantizar justicia en casos de corrupción política.
Sin Cárcel Efectiva
La Fiscalía Regional de Valparaíso, quien se hizo cargo del caso tras la salida de los fiscales Norambuena y Gajardo, está pidiendo 818 días de presidio por cohecho, además de inhabilitación de cargos públicos y una multa de 242 millones en contra de Pablo Longueira, solicitud que, atendiendo a las cautelares previas de un prolongado arresto domiciliario, no implicaría una pena efectiva de cárcel.
“Eso está casi descartado”, aseguró a El Mostrador la fiscal regional Claudia Perivancich. “Tengo que ser muy franca porque la pena que está solicitada, que tiene que ver con la pena asignada a ese delito en el momento que se ejecutaron los hechos, se aleja muchísimo de la posibilidad de que cumpla una condena efectiva de cárcel”, explica.
Para el abogado Mauricio Daza, primer querellante de la causa, a través de la Fundación Ciudadano Inteligente, “lamentablemente se ha generado una práctica normal de tener a imputados por delitos graves cumpliendo arrestos domiciliarios, incluso nocturnos, durante un largo periodo de tiempo, lo que les permite abonar ante una eventual condena. Por lo tanto, desde esa perspectiva, es poco probable que Pablo Longueira cumpla una pena de cárcel”.
Más allá de esto último, agrega Daza, lo importante es establecer judicialmente la existencia de delitos en contra de Longueira. “Hay que recordar que hasta hace algunos años atrás, él era una de las figuras más importantes en la política chilena y esta condena permitiría establecer un precedente para otros agentes políticos, para que sepan que estos actos no quedan en la impunidad”, sostiene.
Para la fiscal Perivancich, el único de los imputados que podría eventualmente tener una condena de pena efectiva de cárcel sería Patricio Contesse, debido a que es el único de los acusados al que se le solicita una pena superior a los cinco años, por los delitos de soborno tributario. “Aunque efectivamente estuvo mucho tiempo con arresto domiciliario, no tiene antecedentes pretéritos y eso aleja muchísimo la posibilidad de que se imponga una condena efectiva”, adelanta.
Royalty Minero
Uno de los puntos donde las pruebas parecen más contundentes en contra de Longueira sería en el caso de la tramitación de la Ley de Royalty Minero del año 2010. Para Mauricio Daza, el delito de cohecho en contra del expresidente de la UDI se configuraría a partir de su doble calidad de funcionario público; primero como senador y luego como ministro de Economía, en el primer gobierno de Sebastián Piñera.
“En el Senado hizo gestiones para poder incorporar en la Ley de Royalty Minero un texto enviado por el abogado jefe de SQM, que beneficiaba a esa empresa y que finalmente él consiguió aplicar a través de distintas gestiones. Y, una vez que esa ley se aprobó, siendo ministro de Economía, firmó el texto donde se concretó el beneficio que él había impulsado, no como senador, sino como operador de SQM”.
Una serie de aportes recibidos durante varios años, acordados con el entonces gerente general de SQM, Patricio Contesse, serían las pruebas con que cuenta la fiscalía para acreditar que las modificaciones que se introdujeron a la mencionada ley se concretaron a partir del pago de boletas falsas, donaciones a fundaciones y dineros aportados a distintas sociedades.
Además, asegura la fiscal Perivancich, la operación no sólo permitió favorecer el uso de dinero en campañas políticas, sino que también ayudó a la empresa a “pagar menos impuestos, porque esos aportes después los descontaba como gastos, bajando el impuesto que tenía que pagar y vulnerando además la ley que entonces regulaba la actividad política, fuera de los periodos de campaña o traspasando los límites establecidos”, apunta.
Respecto de Patricio Contesse, Mauricio Daza asegura que su actuación corresponde a la de un “agente corruptor” transversal de la política. “Hay que recordar que por más de una década SQM no fue objeto de ningún tipo de cuestionamiento o escrutinio en relación a la actividad que estaba realizando en el Salar de Atacama, incumpliendo incluso las pedestres condiciones que se establecieron en los contratos del año ’95 y que le permitieron a la empresa y a Julio Ponce Lerou, en particular, enriquecerse a costa de perjudicar el interés fiscal”.
No hay que olvidar, agrega Daza, que SQM reconoció ante el Departamento de Justicia (DOJ), y la Comisión de Valores (SEC) de Estados Unidos que había realizado pagos ilícitos por al menos 15 millones de dólares a funcionarios públicos en Chile.
“Este caso es una prueba de fuego, especialmente para el nuevo Fiscal Nacional (Ángel Valencia), para demostrar su compromiso para poner término a este capítulo vergonzoso de la política chilena, y también el de los tribunales con perseguir de manera decidida los delitos de corrupción”, comentó al comienzo del juicio Octavio del Favero, director ejecutivo de la Fundación Ciudadano Inteligente.
Sobreseimientos y suspensiones
En cuanto al sobreseimiento masivo de imputados y acuerdos judiciales alcanzados previo al juicio, Mauricio Daza asegura que “no hubo un esfuerzo institucional del Ministerio Público para los efectos de poder esclarecer la verdad respecto a todos los hechos vinculados al financiamiento ilegal de la política y, a partir de aquello, avanzar de una manera consistente y coherente con las investigaciones criminales”.
“Lamentablemente, por esta acción articulada del exfiscal Abbott, que para muchos explica el por qué fue designado Fiscal Nacional, se generó una sensación de impunidad que creemos que se puede revertir al menos en una pequeña parte en este juicio”, apunta Daza.
Para la fiscal Claudia Perivancich, este tipo de críticas serían infundadas. “Las decisiones de no perseverar ocurren porque nosotros no contábamos con la querella del Servicio de Impuestos Internos. No sentimos que sea justa esa crítica, porque hay gente vinculada al PPD, a la Democracia Cristiana, a la UDI, al PRO. ¿Cómo podría, entonces, entenderse que tuvimos una definición de perseguir a determinada línea y no a otra?”, plantea.
Con el paso del tiempo, agrega Perivancich, se han ido despejando algunas críticas en contra de Jorge Abbott, a partir de las conversaciones conocidas de los chat del exfiscal Manuel Guerra. “El mismo dice que Abbott no estaba de acuerdo, a propósito de las suspensiones condicionales. Entonces, creo que con el tiempo ha sido posible ir despejando una crítica muy injusta contra él, respecto a decisiones tomadas en la investigación”.
