La Defensoría Penal Pública (DPP) se cuadró con el defensor público, Víctor Providel -abogado de Manuel Monsalve-, quien fue denunciado por un presunto intento de difundir información privada de la víctima.

¿Qué pasó?

La situación surgió debido a una acusación realizada por la abogada querellante María Elena Santibáñez —quien representa a la denunciante del caso—, en la que se acusa al defensor de haber colaborado activamente con otros imputados para intentar difundir información privada de la víctima, con el presunto objetivo de desprestigiarla públicamente.

Según el comunicado firmado por Santibáñez y los abogados Pablo Ortiz y Nicolás Padilla, Providel habría entregado contactos de periodistas a uno de los imputados, con el fin de facilitar la difusión de material audiovisual de carácter privado de la denunciante.

Dicha acción, advierten, vulneraría gravemente los principios de probidad y ética profesional que rigen la labor de los funcionarios públicos.

“El defensor del imputado habría cooperado con personas bajo investigación por delitos contra la intimidad de nuestra representada, facilitando su contacto con medios de comunicación para divulgar aspectos personales sin relación con el proceso judicial en curso”, señala el comunicado.

¿Qué dijo la DPP?

En un punto de prensa este viernes, la Defensora Regional Metropolitana Norte, Daniela Báez, aseguró que los antecedentes con los que cuenta el organismo, y que “fueron expuestos directamente por el fiscal regional de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, Xavier Armendáriz, entendemos (que) son los mismos que tiene la abogada querellante”.

“Estos no se condicen con lo que ella ha aseverado”, remarcó, añadiendo que ven con preocupación que “se hayan vertido tan graves acusaciones que afectan el ejercicio legal de la defensa y la ética profesional que caracteriza a todos nuestros defensores penales públicos”.

“Queremos ser enfáticos que el cambio de un defensor penal público solo se produce por infracción a los estándares de defensa o por requerimiento del imputado, de nadie más”, sentenció Baéz.

En esa línea, reiteró el compromiso institucional con “la prestación de la defensa penal pública en nuestro país, sin distinción a todos aquellos que enfrentan un proceso judicial y que carecen de abogado de confianza, siempre con respeto a los derechos fundamentales de todas las personas”.