El presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, advirtió que Chile vive “una fuerte e inusitada operación política para atentar contra los derechos laborales, contra los derechos conquistados, contra la posibilidad de movilizarse y de reclamar contra malas condiciones de trabajo”.
Aguilar evidenció que este golpe viene del dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) que “quitó, eliminó, el derecho que se había conquistado con la misma Contraloría, respecto a la confianza legítima para trabajadores del sector público que laboran a contrata”.
El líder gremial agregó que ahora surge “este dictamen y oficio de la Contraloría General de la República que busca amenazar, sancionar el derecho a movilización, el derecho a huelga que está consagrado en convenios internacionales que Chile es firmante”.
Aguilar recordó que la Corte Suprema y otras instancias judiciales “reconocen el derecho a movilizarse por parte de las y los trabajadores. Eso se está pretendiendo desconocer hoy”.
Aguilar destacó una “extraña coincidencia”, ya que a su juicio el oficio de Contraloría “amenazando a los SLEP para que apliquen sanciones y castigos a las y los profesores que nos hemos movilizado” aparece junto a “la exigencia de la UDI al Gobierno y a los SLEP’s exigiéndoles que tienen que castigar a las y los docentes que hemos tenido la osadía de salir a reclamar derechos”.
Dictamen de Contraloría: descuentos obligatorios
Las declaraciones del presidente del Colegio de Profesoras y Profesores responden a un oficio de tres páginas donde la CGR resolvió una consulta clave del senador Esteban Velásquez (FRVS): ¿corresponde pagar los días no trabajados durante un paro docente? La Contraloría, en línea con criterios previos, zanjó toda ambigüedad.
El documento, firmado por la contralora Dorothy Pérez Gutiérrez, establece que “la ausencia de los profesionales de la educación de sus labores, por adherir voluntariamente a una paralización ilegal de actividades, conlleva necesariamente el descuento en sus remuneraciones del valor del tiempo no trabajado”.
La respuesta, enviada al senador Velásquez, rechazó argumentos como los planes de recuperación de clases para evitar descuentos. La Contraloría fue categórica, estas movilizaciones vulneran el artículo 19 N°16 de la Constitución, que prohíbe la huelga de funcionarios públicos.
“Ello por cuanto toda paralización de actividades vulnera el artículo 19, N° 16, inciso quinto, de la Constitución (…) y el principio de continuidad del servicio público”, indica el oficio N° E93887/2025. Cualquier ausencia sin respaldo legal es “injustificada”.
Recuperación de clases: sin efecto en descuentos
La Contraloría cerró toda posibilidad de flexibilidad respecto a las clases de recuperación. Aunque válidas para cumplir planes de estudio, no eximen del descuento salarial.
El dictamen reza que “no puede entenderse como una causal de plena justificación de las inasistencias (…) las horas no trabajadas constituyen una ausencia injustificada, sujeta a descuentos remuneracionales y otras medidas administrativas”.
Reafirmó que estos descuentos son obligatorios por ley, sin límites, y tienen prioridad sobre deducciones voluntarias. “Deben aplicarse con preferencia a cualquier otra deducción”, precisa el texto.
El organismo eliminó excepciones, es decir, ni acuerdos entre partes ni convenios internos pueden alterar esta norma. “Entenderlo de un modo distinto implicaría transgredir el régimen estatutario de los profesores (…) estableciendo por la vía interpretativa excepciones o privilegios”, advirtió el ente contralor.
