por Cooperativa.cl
16 de julio de 2025
Fueron interpuestas por exfuncionarios afectados durante la gestión del anterior alcalde Jonathan Velásquez (2021-2024).
El actual jefe comunal, Sacha Razmilic, lamentó que los pagos significaron un "grave perjuicio a las arcas de la comuna".
La Municipalidad de Antofagasta ha desembolsado más de 223 millones de pesos en indemnizaciones, a raíz de demandas laborales interpuestas por exfuncionarios municipales que trabajaron durante la gestión del anterior alcalde Jonathan Velásquez (2021-2024), informó la prensa local.
De acuerdo con el actual jefe comunal, Sacha Razmilic, existen tres causas en tramitación, mientras que 21 se han cerrado mediante acuerdos entre las partes y otras tres se resolvieron por sentencia judicial.
Sin embargo, advirtió que los pagos significaron un "grave perjuicio a las arcas municipales", al comprometer recursos que pudieron ser destinados a programas sociales, obras públicas o servicios comunitarios.
"Hubo víctimas (funcionarios) que sufrieron abusos, persecución y arbitrariedades de forma sistemática. Algunas ya no trabajan con nosotros, otras sí, y en el fondo, esto también les hace justicia", señaló el alcalde Razmilic.
El concejal Camilo Kong reforzó lo dicho por el jefe comunal: "Muchas personas fuimos víctimas de comentarios y ofensas. Se amenazó a trabajadores y se detuvieron procesos importantes al interior del municipio", aseguró.
El municipio evalúa tomar acciones judiciales contra quienes, por acción u omisión, sean presuntos responsables del daño al patrimonio público, en el marco de eventuales responsabilidades legales y administrativas.
En mayo, el Tribunal Electoral Regional (TER) de Antofagasta sancionó al exalcalde Velásquez con la inhabilitación para ejercer cargos públicos por cinco años, tras acoger un requerimiento presentado por seis concejales.
El fallo acreditó 15 cargos por faltas como la contratación reiterada por trato directo sin justificación legal, el uso de abogados municipales en causas personales, la omisión en la entrega de información pública y la falta de fiscalización en el cierre del exvertedero La Chimba.
