Archivos de derechos humanos: imprescindibles para combatir el negacionismo

El cuerpo semidesnudo de la profesora Marta Ugarte Román apareció en septiembre de 1976 en la playa La Ballena, Los Molles. Estaba dentro de un saco amarrado a su cuello con un alambre. La prensa de la época tildó este caso como un crimen pasional. Entre otros detalles, se publicó que esta joven de 23 años había sido estrangulada antes de ser abandonada en la arena.

Juan Alegría Mundaca, carpintero que murió en julio de 1983, producto de una anemia aguda por la hemorragia provocada por heridas en sus muñecas, había escrito una carta donde confesaba el crimen de Tucapel Jiménez, solicitaba que cuidaran a sus hijos y pedía disculpas por haberse suicidado. Al lado de la carta, se encontró un billete de mil pesos, una chaqueta, una linterna y una botella de vino blanco.

Los archivos que se reunieron en la Comisión Rettig permitieron acreditar que Marta Ugarte fue sometida a torturas antes de ser lanzada al mar. Los archivos judiciales del caso, donde se incluía el informe de autopsia, permitieron dar cuenta de las graves torturas que sufrió Marta Ugarte antes de ser ejecutada: “sufrió en vida una luxo fractura de columna, traumatismo tóraco abdominal con fracturas costales múltiples, ruptura y estallido del hígado y del bazo, luxación de ambos hombros y cadera, y una fractura doble en el antebrazo derecho, habiendo fallecido el 9 de septiembre de 1976”. Posteriormente sus captores trataron de hacer desaparecer su cuerpo arrojándolo al mar.  

En el caso de Juan Alegría, la situación es tan dramática y cruel como la de Marta Ugarte. La CNI veía cómo se cuestionaba al Ejército por el crimen de Tucapel Jiménez y, para desviar la atención debía buscar a alguien para inculparlo. Esta persona debía tener ciertas características: “que fuese bueno para beber, bueno para el trago, dicho más claro, que viviera solo, en una casa que pudiese ser de fácil acceso, sin que se enteraran los vecinos”, había que “buscar a una persona sola, cesante, que cuando muriera nadie se preocupara por ella al menos en unos cinco meses”.

Los documentos reunidos por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, así como los expedientes del proceso judicial, dan cuenta de la estrategia de la CNI para inculpar a Juan Alegría en el asesinato de Tucapel Jiménez. Estos hechos ocurrían en Santiago, mientras Juan se encontraba trabajando a más de 100 kilómetros de distancia. Su madre señaló que “el día que mataron a Tucapel Jiménez, mi hijo trabajaba en la ampliación de la casa de un doctor en el cerro San Juan de Dios. No podía estar en dos partes. Pensé de inmediato que lo habían obligado a escribir esa carta”. Peor aún, la crueldad de este crimen daba cuenta de un suicidio. El diario La Segunda titulaba “Exclusivo: Se suicidó el implicado en el Caso Tucapel”. Lo burdo de esta operación implicaba que Juan Alegría habría debido cortarse la segunda muñeca con una mano que tenía cortes tan profundos que le impedirían ejecutar movimientos, sujetar objeto alguno y menos emplear el supuesto objeto para producir el corte -una hoja de afeitar-. Algo imposible.

Estos dos casos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en dictadura nos permiten relevar la importancia de los archivos de derechos humanos para acceder a la verdad acerca de los hechos, los montajes planificados para ocultarlos, como también el establecimiento de responsabilidades para quienes perpetraron estas violaciones. Es gracias a la creación, gestión de los archivos de derechos humanos y su accesibilidad pública que ha sido posible enfrentar el negacionismo que, con la misma fuerza de antaño, hoy intenta cubrir la verdad con información falsa, negando la existencia de estos crímenes y de miles de víctimas, tanto de desaparición forzada como de prisión política y tortura o justificando la ocurrencia de estos delitos.

Según el sociólogo Stanley Cohen se puede visibilizar tres formas de negación: literal, interpretativa e implicatoria. En la primera -la más frecuentemente usada por los perpetradores- se niega el hecho, más aún considerando que estos hechos no pueden ser contrarrestados por falta de información o de pruebas, el Estado no logra ser obligado a establecer la verdad. En la negación interpretativa se utilizan eufemismos para tergiversar los daños, si bien no se niega directamente los hechos se realiza una interpretación falaz de estos. Finalmente, en la negación implicatoria no se niegan los hechos, sino que se justifican sus efectos (un ejemplo de esto es que una candidata presidencial hace poco señaló que “Era necesario. Si no, nos íbamos derechito a Cuba. No había otra alternativa”)

En la sentencia del año 2021 del caso de Marta Ugarte Román se condenó a 18 exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) por su responsabilidad en el crimen, como autores, cómplices y encubridores de secuestro y homicidio calificado. 

El año 2000, por el crimen de Juan Alegría Mundaca se condenó por homicidio calificado a los oficiales de Ejército Carlos Herrera Jiménez y Álvaro Corbalán Castilla, y al carabinero Armando Cabrera Aguilar. El “Doctor Tormento ” Osvaldo Pincetti fue condenado en calidad de cómplice.

En la actualidad, una nueva dificultad que debe enfrentar la promoción y respeto a los derechos fundamentales es el uso de las redes sociales y la Inteligencia Artificial para generar contenido falso, creado especialmente para desinformar. El promocionar información que justifique las graves violaciones a los derechos humanos revictimiza a las personas afectadas y sus familiares, fomenta el odio y la violencia, socavando seriamente los objetivos de la justicia transicional que tiene, entre otros, el promover la verdad, la justicia y la memoria.

El negacionismo debe ser enfrentado con la verdad. En los casos mencionados existe una verdad histórica y una judicial que contrarrestan lo expuesto por los montajes de los medios de comunicación de la época, agentes de la DINA, de la CNI y el Estado mismo a través de sus funcionarios que se organizaron para perpetrar estos crímenes y que hoy intentan justificar autoridades, políticos, medios de comunicación y redes sociales. Precisamente, los archivos de derechos humanos son cruciales para el acceso a la verdad y el imprescindible combate a la impunidad.