Luego de una considerable discusión en el parlamento, este martes la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en tercer y último tramite el proyecto de Ley Macro de Autorizaciones Sectoriales, conocido como la ley de “permisología”.
Tal iniciativa tiene por fin reducir los tiempos de tramitación de permisos sectoriales que atraviesan iniciativas tanto públicas y privadas de inversión.
Con ello, se busca movilizar más rápidamente iniciativas que pueden significar miles de millones de pesos en sectores como construcción, minería o infraestructuras, siendo uno de los compromisos del gobierno en materia económica.
Todo sin buscar minimizar las exigencias ambientales y regulatorias, sino buscar reducir los tiempos de tramitación entre un 30% y 70%, ligados a 380 permisos sectoriales de 37 servicios y 16 ministerios.
A ley proyecto de permisos sectoriales
En general, el proyecto de autorizaciones sectoriales gira en una serie de puntos clave: Modernizar y estandarizar las más de 300 autorizaciones sectoriales mencionadas y Coordinar los organismos y ministerios, eliminando a su vez las duplicidades y arbitrariedades que puedan surgir en los procesos.
Con ello, se busca fomentar la inversión y crecimiento, junto con el rol y eficacia del Estado en la aprobación de grandes iniciativas de inversión.
En la práctica, se establece que los órganos públicos involucrados deberán respetar plazos máximos definidos por ley e iniciar procedimientos con formularios estandarizados. Cualquier otro requerimiento adicional deberá ser justificado y de no cumplirse los requisitos, se aplicará el silencio administrativo positivo.
Es decir, se entenderá que la petición fue aprobada.
Algo que elimina esta iniciativa es que se pida, como requisito, poseer autorizaciones previas para empezar una tramitación, al menos que se exija por ley.
En el caso de permisos con “bajo riesgo”, el proceso podrá ser reemplazado con declaraciones juradas o avisos, aunque sin reducir exigencias y pasando el control a etapas posteriores de fiscalización.
A su vez, se establece una ventanilla única digital en la plataforma SUPER y se crea una Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión dentro del Ministerio de Economía, junto con un Comité Interministerial que ayudará a destrabar inversiones estratégicas.
Finalmente, se obliga a todos los servicios públicos que cada tres años revisen sus autorizaciones sectoriales, con tal de evaluar su necesidad, proporcionalidad y eficiencia.
La iniciativa, ahora aprobada y despachada a ley, podría significar un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2,4% en 10 años, y de la recaudación fiscal en un equivalente al 0,59% del PIB.
