El 28 de julio, el 3° Juzgado de Garantía de Santiago dejó sin efecto la audiencia en la que se discutiría el aumento de plazo de la investigación que seguía la Fiscalía Metropolitana Centro Norte en contra del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) por su rol en la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).
Esta decisión se tomó luego de que la fiscal adjunta (s), Bernardita Luebert, presentara una solicitud al tribunal para dejar sin efecto esa convocatoria.
Esta acción del Ministerio Público sugiere el cierre de la etapa de una investigación —que se ha extendido por más de cuatro años— y sería un paso previo a la presentación de la acusación formal contra Jadue.
La presentación de esta acusación pondría en jaque los futuros planes políticos de Jadue y la idea de formalizar su candidatura al Congreso, ya que quedaría inhabilitado. Sin embargo, según constata La Tercera, su defensa -representada por la defensora pública Yessica Aguilera- ingresó un escrito ante el tribunal para solicitar que se realice la audiencia de aumento de plazo de investigación agendada para el 28 de agosto.
La abogada argumentó que negar esta petición atentaría “contra el derecho de defensa de nuestro representado a solicitar las diligencias de investigación que estime pertinentes y que se resuelvan dentro de un plazo judicial de investigación”.
Defensa de Jadue
Además de la solicitud para mantener la audiencia de aumento de plazo de investigación, la defensa de Jadue presentó otro escrito para pedir una audiencia de cautela de garantías. Según la defensa, el objetivo de esta acción es presionar a la Fiscalía para que decrete nuevas diligencias en la investigación.
En el documento, la defensora explicó la urgencia de estas solicitudes: “Atendido que la defensa pública asumió la representación del señor Daniel Jadue recién el pasado 14 de julio, que la presente causa se trata de una investigación extensa, compuesta por 100 tomos (…) y sin perjuicio de la reposición presentada por esta defensa el pasado 29 de julio, es que solicitamos se fije la audiencia a la brevedad“.
El futuro político de Jadue
La presentación de esta acusación pondría en jaque los futuros planes políticos de Jadue. Especialmente si su calidad procesal cambia de imputado a acusado, ya que la situación tendrá que ser resulta por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).
Mientras la investigación no se cierre, el Ministerio Público no podrá presentar la acusación. Esta acción podría ser clave para Jadue, considerando los plazos para inscribir su candidatura: el 18 de agosto vence el plazo para inscribir candidaturas y el 28 de agosto el Servel cerrará el padrón electoral.
Además, la Constitución, indica que un ciudadano puede perder su derecho a voto “por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva”.
