Caso SQM: El precio de la democracia y la lucha contra la impunidad

El pasado 2 de junio comenzaron los alegatos de clausura en el juicio oral del caso Soquimich (SQM). Se trata de un juicio de magnitudes titánicas. Precedido de una investigación de más de cuatro años, desde junio de 2014 hasta octubre de 2018. Recién en febrero de 2022, se da inicio al  juicio oral en cuyo Auto de Apertura se ve reflejado un expediente de más 4,300 páginas, con 14,000 documentos y cerca de 600 testigos.

Es preciso recordar que nos encontramos ante el caso de corrupción más grande de la historia judicial chilena. La propia SQM confesó ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos haber efectuado “pagos indebidos por un monto aproximado de US$14,75 millones a personeros y candidatos políticos chilenos, y a individuos relacionados con ellos”. Estas transacciones ilícitas se disfrazaban con boletas ideológicamente falsas y eran presentadas como “gastos necesarios”, lo que, en última instancia, disminuía la carga fiscal de la compañía.

En otras palabras, el mecanismo utilizado por SQM no solo le permitía financiar ilegalmente campañas políticas, sino que, además, el costo final era asumido por el Estado.

El lento avance de este juicio ha estado marcado por una queja constante por parte de los acusados, quienes han sostenido una infracción a su derecho a ser juzgados en un plazo razonable. Argumentan que este retraso les ocasiona un perjuicio arbitrario y desproporcionado, pese a que ninguno de los imputados ha estado privado de libertad y por el contrario, han gozado de la posibilidad de comparecer a través de Zoom, un privilegio que ningún otro imputado en Chile tiene. En buenahora la Corte Suprema rechazó tres veces la solicitud de las defensas de sobreseer a sus representados por esta supuesta infracción. 

Además, este proceso no ha estado exento de presiones políticas. Recordemos que el 2015 se supo de la existencia de un proyecto de Ley para modificar el tipo penal y eliminar el delito de financiamiento ilegal de la política por medio de boletas ideológicamente falsas, el que finalmente no fue presentado. También hubo presiones por parte del Servicio de Impuestos Internos para dilatar la presentación de querellas por delitos tributarios, lo que fue transparentado cuando su propio subdirector Cristián Vargas emplazó y responsabilizó al director Michel Jorratt de presentar las querellas que ya estaban redactadas y contaban con antecedentes suficientes. Estas fueron solo algunas de las muchísimas presiones que hubo por cerrar rápidamente este caso. 

Más recientemente, en el marco de las filtraciones de los chats del abogado Luis Hermosilla (quien integró el equipo de defensa de SQM cuando estalló el caso junto a su hermano Juan Pablo y el penalista Jorge Bofill), se reveló que el propio fiscal regional metropolitano, Manuel Guerra, fue clave para poner fin a un juicio sobre la misma materia en contra de Penta y que terminaron con sus gerentes condenados a “clases de ética”. También se reveló que este último intentó también asumir la investigación del caso SQM, lo que afortunadamente no se concretó. 

Lamentablemente, el discurso en la prensa se ha centrado en la “desproporcionada” duración del proceso, así como en el alto costo que esta persecución representa para el Estado. Sin atender con la misma claridad la impunidad histórica que ha operado en este tipo de caso y la sensación de injusticia que produce en la ciudadanía el que las personas quienes cometen estos actos puedan evitar la cárcel. Esto socava la legitimidad institucional en el poder judicial y el principio de igual aplicación ante la ley, y con ello la confianza en uno de los pilares de la democracia.

Sin duda la falta de oportunidad y rapidez en la aplicación de justicia es algo que siempre debemos anhelar y exigir perseguir, pero no es menos cierto que el caso SQM es un símbolo de la persistencia ciudadana por la búsqueda de justicia frente a actos que socavan la independencia de nuestros representantes y corrompen la esencia de nuestras instituciones. La resolución de este caso se vuelve aún más urgente ante la reciente recomendación de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara por el “Acuerdo de asociación Codelco y Corfo con SQM para la explotación del litio en el salar de Atacama y compra de mina Salar Blanco” de dejar sin efecto dicho acuerdo.

Cada día de juicio, cada recurso invertido, y cada esfuerzo por sortear los obstáculos procesales y mediáticos, son una inversión esencial en la salud para nuestra democracia. Esperamos que este se convierta en un caso en el que graves acciones de corrupción y poder no queden impunes, sino que por el contrario se establezca precedente crucial para la consolidación de la probidad en la vida pública chilena.