por elmostrador
11 de agosto de 2025
La Comisión de Articulación Interinstitucional, presidida por el Ministerio de la Mujer, reunirá a 12 organismos públicos para coordinar acciones que permitan prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, y garantizar reparación efectiva a las víctimas en todo el país.
La Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres busca abordar la violencia intrafamiliar y de género de manera completa. Incluye medidas de protección, prevención, sanción y reparación para las víctimas, y crea mecanismos para el seguimiento y protección de mujeres que sufren violencia.
Bajo este contexto, el pasado 25 de julio, fue publicado en el Diario Oficial el reglamento que establece el funcionamiento de la Comisión de Articulación Interinstitucional, un espacio clave creado por la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, vigente desde julio de 2024. Esta comisión busca fortalecer la coordinación entre distintas instituciones del Estado, con el fin de prevenir la violencia de género y asegurar procesos de reparación efectivos para las víctimas.
Presidida por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, la Comisión estará compuesta por 12 organismos públicos, incluyendo el Poder Judicial, ministerios, fuerzas policiales y diversos servicios. Su rol será fundamental para garantizar la implementación efectiva de la Ley Integral contra la violencia de género.
Una estrategia coordinada para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género
Bajo el contexto de la ley hay aspectos fundamentales en beneficio de las mujeres y la violencia sistemática que sufren día a día. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar se define como cualquier acto de violencia física, psicológica, sexual o económica que ocurre dentro del núcleo familiar, afectando a parejas, hijos y otros convivientes. Esta definición busca reconocer la diversidad de formas en que la violencia puede manifestarse en el hogar, enfatizando la protección integral de todas las personas que cohabitan en ese entorno.
“La Ley Integral es un giro en la estrategia para enfrentar la violencia de género desde el Estado, y para lograr el cambio esperado, la implementación de sus distintos componentes es clave. Por eso, esta Comisión de Articulación Interinstitucional es tan importante, porque nos va a permitir innovar y trabajar coordinadamente para prevenir y responder eficientemente a la violencia de género desde distintas instituciones en todos los ámbitos: salud, educación, trabajo, justicia, seguridad, etc.”, explicó Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género.
El reglamento de la Comisión fue elaborado mediante un proceso participativo que incorporó las propuestas de todos los organismos que la integrarán. Este enfoque colaborativo busca garantizar una coordinación efectiva, tanto a nivel nacional como regional, en las distintas áreas de acción.
La Comisión sesionará cada dos meses y contará con instancias de coordinación en niveles regionales, provinciales y comunales, para articular acciones de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, así como de atención, protección y reparación a las víctimas, especialmente en casos de particular gravedad. Asimismo, deberá convocar al menos dos veces al año a expertas, académicas y representantes de la sociedad civil, con el objetivo de analizar la situación de las mujeres y el estado de la equidad de género en el país.
Entre sus principales desafíos estará aprobar y dar seguimiento al Plan Nacional de Acción contra la Violencia de Género y sus eventuales modificaciones. Este instrumento, elaborado por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, establece las acciones concretas que deberán implementar las distintas instituciones del Estado. La primera sesión de la Comisión está prevista para enero de 2026.
¿Por qué es importante?
La Ley 20.066 representó un hito en Chile al visibilizar la violencia contra las mujeres como un problema de interés público y no solo del ámbito privado. Antes de su promulgación, numerosos casos quedaban invisibles o sin sanción adecuada. La normativa sentó las bases para una protección integral y para garantizar el respeto de los derechos humanos de las mujeres en el entorno familiar.
Por ejemplo, la ley contempla un conjunto de medidas clave para enfrentar la violencia contra las mujeres. Entre ellas, órdenes de alejamiento y otras medidas cautelares que pueden ser solicitadas ante los tribunales para resguardar a las víctimas. También tipifica las conductas violentas como delitos y establece penas para los agresores. Además, obliga a organismos públicos y privados —como hospitales, policías y servicios sociales— a coordinar protocolos de actuación para prevenir y atender estos casos. La normativa impulsa la creación de centros y programas especializados en atención psicológica, social y legal, y promueve campañas educativas para sensibilizar a la ciudadanía y prevenir la violencia de género.
