(CNN) — La Corte Suprema de EE.UU. concedió este lunes la solicitud de emergencia del presidente Donald Trump para reanudar la deportación de migrantes a países distintos de su lugar de origen, incluidos lugares como Sudán del Sur, con un aviso mínimo.

La decisión representa una victoria significativa para el Gobierno de Trump, que argumentó que un tribunal inferior usurpó su autoridad al ordenar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que notificara por escrito a los migrantes sobre su destino y les diera la oportunidad de impugnar la deportación alegando temor a ser torturados.

Las tres juezas progresistas —Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson— disintieron.

La orden suspende la decisión del juez federal Brian Murphy, quien determinó que los esfuerzos del gobierno por deportar migrantes a terceros países sin el debido proceso “indudablemente” violaban las protecciones constitucionales.

Sotomayor afirmó que la Corte “recompensa la ilegalidad” con su decisión, señalando que la administración de Trump ha “desobedecido abiertamente” órdenes judiciales previas.

“La Corte ahora interviene para conceder al gobierno un alivio de emergencia de una orden que ha desafiado repetidamente”, escribió. El organismo no ofreció explicación para su decisión.

Las deportaciones de migrantes en el gobierno de Trump

“Es difícil exagerar la importancia del fallo de hoy, especialmente junto a las dos decisiones recientes de la Corte Suprema que permitieron a la administración de Trump cancelar el estatus de protección temporal para cientos de miles de venezolanos y el parole para otros cientos de miles de migrantes”, dijo Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema de CNN y profesor en Georgetown.

“En esos fallos, la Corte despejó el camino para que el gobierno trate como deportables a hasta un millón de migrantes que antes no lo eran. Y el fallo de hoy permite al gobierno deportar a esas personas y a otras a cualquier país que los acepte, sin ofrecer ningún proceso adicional más allá de la audiencia inicial de deportación, y sin importar el trato que puedan recibir en esos países”.

El caso ha generado creciente escrutinio luego de que grupos de derechos migrantes revelaran que un grupo de inmigrantes, inicialmente destinados a Sudán del Sur, estaban detenidos por EE.UU. en una base militar en Yibuti, sin poder contactar a sus abogados. Entre los inmigrantes había personas de Cuba, Vietnam y Laos, retenidas en un contenedor adaptado.

Organizaciones humanitarias describen la situación en Sudán del Sur como grave. La ONU advirtió recientemente sobre inseguridad alimentaria, inestabilidad política y violencia creciente en el país.

“Estas personas están varadas e incomunicadas en Yibuti, un país que no conocen, y en camino a otro, Sudán del Sur, donde ninguno ha estado jamás”, dijeron la National Immigration Litigation Alliance y otros grupos a la Corte.

En mayo, la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston rechazó la solicitud del gobierno de suspender el fallo que detenía la política, en medio de planes para enviar inmigrantes a Libia, país ampliamente criticado por el trato a los detenidos y su inestabilidad.

Funcionarios libios negaron cualquier acuerdo para aceptar deportados.

Personas toman fotos en la Corte Suprema de Estados Unidos al anochecer del 10 de junio en Washington. Kevin Carter/Getty Images

El Gobierno de Trump argumentó que la orden del tribunal inferior que exige dar oportunidad de alegar temor a la tortura excede los límites legales y complica la política exterior. También afirmó que los migrantes enviados a terceros países tienen antecedentes penales graves y representan “lo peor de lo peor”.

Pero los abogados de los migrantes refutaron esa afirmación, señalando que muchos de los detenidos no tienen condenas penales.

El tema central es la Convención contra la Tortura, ratificada por el Senado en 1994, que prohíbe la deportación o extradición a países donde exista posibilidad de tortura. La ley es ambigua sobre cómo debe determinarse esto y qué derechos de proceso corresponden al migrante.

La administración de Trump sostiene que, si recibe “garantías” de un gobierno extranjero de que el migrante no será torturado, no tiene que notificar, por ejemplo, a un cubano que será deportado a Sudán del Sur. Si no hay garantías, la política del DHS exige notificar al migrante para que pueda presentar una reclamación de temor a la tortura.

Los grupos que representan a los migrantes argumentan que, en algunos casos, el aviso ha sido de menos de 24 horas. Murphy, designado por Biden, consideró insuficiente ese plazo y ordenó al gobierno dar 10 días para presentar la reclamación y 15 días más para impugnar una negativa.

Ese cronograma es el que la administración de Trump impugnó ante la Corte Suprema, alegando que usurpa “esfuerzos diplomáticos, de política exterior y de seguridad nacional sensibles”.

Trump ha presentado más de una docena de apelaciones de emergencia ante la Corte Suprema, la mayoría exitosas, incluidas varias sobre inmigración. La Corte apoyó sus esfuerzos para terminar el estatus de protección temporal para venezolanos y eliminar el parole humanitario para cubanos, nicaragüenses, venezolanos y haitianos.

No obstante, la Corte también ha bloqueado repetidamente intentos de Trump de acelerar deportaciones sin debido proceso. Por ejemplo, dictaminó que no se puede deportar bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 sin dar oportunidad suficiente para impugnar la deportación.