El diputado Daniel Melo (PS) presentó formalmente un requerimiento de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) dirigido contra artículos específicos de la recientemente aprobada Ley de Permisos Sectoriales.
De acuerdo con los detalles, un grupo transversal de más de 40 parlamentarios, encabezados por el diputado socialista Melo, respalda esta iniciativa. El requerimiento argumenta que los artículos impugnados “transgreden garantías constitucionales como el derecho a la salud y al de vivir en un medio ambiente libre de contaminación“.
La iniciativa legal ya había generado críticas previas entre algunos diputados socialistas durante su tramitación. En ese momento, estos parlamentarios advirtieron que “esta ley en su contenido tiene artículos que implican una regresión ambiental y no respeta principios como el de no regresión, preventivo y precautorio“.
El documento ingresado al TC identifica cinco enmiendas específicas dentro de la ley como cuestionables. La impugnación se basa en que estas disposiciones contravendrían garantías constitucionales y tratados internacionales ratificados por Chile, mencionando expresamente el Convenio 169 sobre Consulta Indígena.
Argumento central: vulneración del rol protector del Estado en ley de permisos sectoriales
El requerimiento sostiene que ciertos artículos violan el principio fundamental de que el Estado debe proteger a la población. Los parlamentarios señalan que estos artículos establecen que “la administración de bienes nacionales, gestión de aguas y otros sólo quedan sujetas a declaraciones juradas”. Según el texto del requerimiento, esto representa “una renuncia ilegítima del Estado a cumplir su rol protector“.
Además, el documento indica que modificaciones contenidas específicamente en el artículo 104 de la ley afectan de forma directa a los pueblos originarios. La impugnación argumenta que estas modificaciones incurren en una infracción al principio de supremacía constitucional y a los estándares mínimos de respeto a los derechos fundamentales de estos pueblos.
El diputado Daniel Melo destacó la importancia de esta acción legal. “Nadie está en contra de mejorar la gestión del Estado, pero en este proyecto se modificaron artículos en el sentido contrario a aquello”, sostuvo.
Añadió que “este es un acto de dignidad en tiempos donde priman los silencios y los cálculos. Debemos defender el derecho de las comunidades y el futuro de las nuevas generaciones“.
La presentación de este requerimiento marca un nuevo capítulo en la controversia constitucional y legal que rodea a la Ley de Permisos Sectoriales, pendiente ahora de la decisión del Tribunal Constitucional sobre la validez de los artículos cuestionados.
