por 24Horas
11 de agosto de 2025
La Fiscalía Oriente abrió una investigación en contra de la jueza del Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, Ana Carolina Larredonda Muñoz, por el presunto delito de contrato simulado.
La decisión del Ministerio Público se basa en una querella interpuesta por la abogada María del Pilar Larraín ante el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, quien imputa a la magistrada adquirir dos propiedades a su padre y su madre, en momentos en que esta última enfrentaba una causa civil por indemnización de perjuicios.
En otras palabras, destaca el libelo, lo habría hecho para evitar que su progenitora asumiera cualquier costo económico en este proceso judicial, que de hecho la sentenció a pagar más de $36 millones en favor de Larraín.
En concreto, la acción legal está dirigida en contra de María Muñoz y Gerardo Larredonda (hoy fallecido), quienes a juicio de la querellante son partícipes necesarios en la comisión del ilícito.
Atendido los hechos, la fiscal Alejandra Godoy ordenó a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) que interrogue a la magistrada, que alce el secreto bancario de sus productos financieros —de forma voluntaria, en principio— y que también participe de una pericia caligráfica.
Junto a lo anterior, detalla el documento, Larraín deberá también aportar la información necesaria para un peritaje contable que permita determinar el monto del perjuicio.
En ese contexto, la indagatoria que afecta a la jueza Larredonda Muñoz se suma a otra que pesa en contra de su colega Irene Rodríguez, aunque por otros hechos.
Rodríguez está imputada por “prevaricación culposa”, luego que por un supuesto error administrativo el sicario Alberto Mejías saliera en libertad, pese a estar formalizado y en prisión preventiva como presunto autor del homicidio de José Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.
Actualmente, Rodríguez se encuentra suspendida de sus funciones por orden de la fiscalía judicial, mientras se desarrolla la indagatoria disciplinaria.
"Ventaja ilegítima"
Los hechos que motivaron el inicio de la causa penal que afecta a la magistrada Larredonda Muñoz se remontan a 2018, cuando Larraín interpuso una demanda de perjuicios en el 14º Juzgado Civil de Santiago.
En la presentación, la recurrente relató que en 2017 intentó comprar la vivienda que arrendaba al dueño del inmueble. Quien fungió como corredora de propiedades fue precisamente la madre de la magistrada. Esta última, detalla Larraín, adquirió el bien raíz a sus espaldas usando una “ventaja ilegítima”, luego “ocultó información” y “distrajo los bienes” para evitar que la justicia ordenara el embargo.
Larraín relató que en 2019 la demanda fue rechazada en el mencionado tribunal, pero que de inmediato apeló a la Corte de Santiago. Según acusó, el 19 de mayo de 2020, cuando la causa aún seguía en trámite, la magistrada Larredonda Muñoz adquirió dos propiedades a sus padres —y en la misma notaría— por $70 y $50 millones respectivamente, precio más bajo que el valor comercial. Cada una sería pagada a 10 años plazo y el primer pago, de acuerdo al documento, se hizo en efectivo.
La adquisición de ambas propiedades sumó $120 millones. Al momento de la firma, la magistrada debió pagar $12 millones y pactó cuotas de $12 millones por año hasta 2029.
Las notificaciones
El 30 de junio de 2021, cuando las propiedades ya estaban transferidas e inscritas, el tribunal de alzada capitalino revocó la decisión del juzgado civil y dio curso a la demanda. En simple, la madre de la jueza debía pagar una indemnización de perjuicios, cuyo dictamen fue confirmado por la Suprema. Acto seguido, Larraín inició el llamado “cumplimiento incidental” del fallo para cobrar un total de $36 millones.
Entre búsqueda y búsqueda, Larraín encontró dos cuentas corrientes de la madre en distintos bancos, donde había poco más de $285 mil. Luego siguió hurgando en contratos que ella había celebrado con anterioridad. Fue así como en mayo de 2024 Larraín se enteró por primera vez que la magistrada había adquirido ambos inmuebles en 2020. Uno de ellos, el que la abogada habría querido comprar.
A esa fecha, de acuerdo a las escrituras, la magistrada Larrendonda Muñoz habría pagado cuatro de las diez cuotas por la adquisición. Es decir, aún quedaban pendientes seis cuotas —en concreto, $72 millones— a los que la demandante podía echar mano para hacer efectivo el dictamen judicial.
Por esta razón, se advierte quesolicitó al tribunal que Larredonda Muñoz fuera designada como “depositaria provisional” de los fondos. La instancia permitiría a Larraín lograr el embargo de los pagos pendientes y cobrar así la indemnización que había ganado en tribunales, ya que la sentencia estaba a firme y debía cumplirse sí o sí.
El tribunal la designó en tal sentido y la primera notificación fue en las oficinas del Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago, la que se realizó de forma discreta, el 25 de julio de 2024, para no afectar la dignidad del cargo frente a los funcionarios, según recordó Larredonda Muñoz en conversación con Informe Especial.
A su juicio, Larraín actúa con animadversión.
—Esa resolución me la podrían haber notificado perfectamente en mi domicilio particular, no tenía para qué haber...
Carrera "¡impoluta!"
Ya enterada de la resolución, hubo una segunda notificación, esta vez en el domicilio donde aparecía residiendo su madre, en la comuna de Las Condes, el pasado 27 de agosto a las 12:24 pm.
La receptora a cargo de la diligencia dejó consignado en el expediente lo que ocurrió: “Me constituí en el domicilio señalado en autos (...) a fin de notificar trabar embargo sobre los bienes muebles de la demandada (...) diligencia que no pude efectuar, por oposición de persona adulta de sexo femenino”. Es decir, no se identificó.
—Así me quieren ensuciar los 26 años de carrera judicial que llevo impoluta. ¡Impoluta! —exclamó la jueza.
En paralelo, la magistrada realizó distintas acciones ante el juzgado civil como “un tercero”; pidió entonces que su calidad de “depositaria” fuera anulada, ya que la deuda —enfatizó— está completamente pagada, sin que al menos hasta ahora haya presentado algún documento que así lo acredite.
Su petición fue rechazada de plano, pero Larredonda Muñoz apeló de la decisión. El tribunal la acogió, pero “solo en el efecto devolutivo”. Es decir, el juicio para embargar sigue su camino formal, independiente de los actos procesales que ella realice.
Por ahora, el recurso interpuesto en la Corte de Santiago está pendiente.
Declaración incompleta
Mientras la abogada Larraín investigaba para encontrar bienes con qué hacer efectiva la indemnización, asegura que descubrió que, al momento de la compra de las propiedades en 2020, Larredonda Muñoz no contaba con un crédito hipotecario, ya que no constaba en la escritura.
Dicho de otra forma, mantenía “pasivos” —es decir, la deuda que mantenía por la compra de las dos casas— que debió incluir en su Declaración de Intereses y Patrimonio (DIP), a la que está obligada como funcionaria del Poder Judicial. Informe Especial revisó las DIP disponibles en la web y constató la situación, al menos desde 2020 a 2022.
El asunto fue cofirmado por Larredonda Muñoz.
—No la puse porque lo olvidé, pero debía haberlo hecho; ahora, esa omisión puede traer consecuencias o sanciones sí, pero jamás penales —reconoció la magistrada en entrevista con IE.
Independiente de la omisión, aseguró, la compra de la propiedad se apegó a la legalidad, porque en 2020 no existía ninguna prohibición para ello.
En la misma línea, aseveró que la deuda está pagada íntegramente, pero no exhibió la información al ser requerida por Informe Especial, invocando su nutrida agenda familiar y judicial. De paso, argumentó que Larraín está instrumentalizando la querella criminal por contrato simulado para conseguir que la indemnización sea pagada.
—La querellante, ¿qué es lo que hace? Se basa en una insatisfacción por no recibir el pago de una indemnización civil (y) se va a materia penal. ¿Y qué hace? Instrumentaliza una querella para obtener el pago de una sentencia que a ella se le acogió en segunda instancia —indicó.
—¿Le parece ilegal? —consultó IE.
—No, no me parece ilegal (...) yo no estoy imputándole ningún delito. Yo estoy ocupando una palabra: instrumentalizar una querella para obtener un beneficio civil.
En tanto, Larredonda Muñoz justificó la compra de las propiedades, porque en 2020 su padre enfrentaba problemas de salud propios de la edad y, según dijo, prefirió realizar el trámite antes que estos empeoraran.
Insistió en que la deuda quedó saldada por completo en 2022 cuando solicitó un crédito por 8.000 Unidades de Fomento (UF), poco más de $265 millones.
—Allí pagué con transferencias de transferencias de bancaria, tengo todo respaldado —aseguró.
Secreto bancario
Con todo, la jueza oral designó como abogado defensor a Luis Cristian Cáceres (su pareja) para que la patrocine ante el Ministerio Público.
Se trata del mismo profesional que aparece mencionado en las escrituras de venta de los bienes aludidos.
Por último, la magistrada del Segundo Tribunal Oral de Santiago insistió en que el juicio está dirigido en contra de su madre y no contra ella.
Sin embargo, insistió que si su progenitora debe pagar, lo hará cumpliendo la sentencia judicial.
Inquirida sobre si alzará el secreto bancario a solicitud de la fiscalía, respondió tajante:
—Yo entrego absolutamente todas mis cartolas.
