por La Tercera
16 de julio de 2025
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha sido objeto en el último tiempo de una serie de cuestionamientos por parte de sectores oficialistas, especialmente del Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista, ante desacuerdos con informes del Consejo en que se ha hecho ver el incumplimiento de una serie de compromisos fiscales y los riesgos que ello implica. Desde hace un tiempo los dardos se han enfocado sobre todo en uno de sus consejeros, Hermann González, a quien han acusado de falta de imparcialidad por emitir opiniones muy en sintonía con la oposición. Ahora se ha dado un paso más, luego de que el jefe de diputados del FA oficiara a la Contraloría para que esta informe sobre la legalidad de la designación de González como director de una AFP, ya que según el escrito esta resultaría incompatible con su cargo de consejero -pues según la ley que crea el CFA dicho cargo no es compatible para quien ejerza como presidente o ejecutivo principal de una entidad financiera-; asimismo, se solicita que indique si dicho cargo puede ser considerado dentro del concepto de “ejecutivo principal”.
De acuerdo con las actas del CFA, González dejó la vicepresidencia del Consejo por haber cumplido su período en dicho cargo; aun así, la arremetida terminó salpicando a otro consejero propuesto por el Presidente de la República -en reemplazo de una consejera que renunció por motivos personales- y que acaba de ser ratificado por la unanimidad del Senado, el economista Joaquín Vial, toda vez que es director de una firma controladora de una AFP.
Ciertamente se trata de episodios muy inusuales en lo que ha sido la historia del Consejo, pues desde que este se introdujo en 2013 como Consejo Fiscal Asesor, y luego en 2019 se instaurara como Consejo Fiscal Autónomo, sus informes habían sido acogidos sin cuestionamientos, y solo ahora último es cuando se han generado estas tensiones. El tenor de los cuestionamientos parece alejado de miradas propositivas o de buscar legítimos perfeccionamientos en la institucionalidad del CFA, trasluciendo en cambio motivaciones que buscan desacreditarlo y poner en riesgo su autonomía.
Esta forma de proceder no le hace bien a la institucionalidad, y mucho menos al objetivo de asegurar sanas políticas fiscales, tomando en cuenta que el rol principal del CFA es contribuir con el manejo responsable de la política fiscal del Gobierno Central. Cabe tener presente que interpretaciones demasiado restrictivas sobre las inhabilidades para ejercer como consejero podrían desincentivar a los expertos más talentosos para ser parte del CFA; asimismo, y al igual como le puede ocurrir a un parlamentario, si surgen conflictos de interés lo importante es declararlos, pero no por ello inhabilitarlos.
En la medida que los cuestionamientos políticos se intensifican justo cuando el Consejo emite informes críticos -es importante recordar que los reportes del CFA han sido emitidos por la unanimidad de sus integrantes- supone distorsionar el sentido de dotarse de un consejo asesor que pueda ejercer su rol con total independencia del ciclo político. Introducir perfeccionamientos en su funcionamiento es plenamente compatible con dicho objetivo, en la medida que no se busque una desacreditación deliberada.
