Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
La comisión de Seguridad de la Cámara retomó el debate sobre el Subsistema de Inteligencia Económica, donde el Gobierno propuso levantar el secreto bancario para que la UAF rastree dinero de lavado de activos. Es una medida criticada por posibles abusos de poder y privacidad. El diputado Cristián Araya calificó la propuesta como una “bomba de humo”, mientras que la subsecretaria de Hacienda aseguró que se aplicaría en casos excepcionales.
A más de tres meses del duro golpe que sufrió el Gobierno al ver rechazada la indicación que permite levantar el secreto bancario en el Senado, la comisión de Seguridad de la Cámara retomó el debate del Subsistema de Inteligencia Económica, donde el Gobierno ingresó la indicación que permite el levantamiento del secreto bancario.
Esto marca el inicio de su discusión en particular, de una proposición que le permite a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) seguir la ruta del dinero proveniente del lavado de activos y otros delitos vinculados al crimen organizado.
Semanas previas, especialistas han señalado que la medida es una discrecionalidad administrativa conferida a la UAF, abriendo la puerta a posibles abusos de poder y violaciones de la privacidad.
El diputado republicano y recientemente electo presidente de la comisión, Cristián Araya, sostuvo que la solicitud del Ejecutivo es “una bomba de humo”; tomando como antecedente si existe la posibilidad de levantar el secreto bancario.
En los últimos años, la UAF ha requerido autorizaciones y cada una se ha aceptado en un plazo de 24 horas.
Gobierno detalla tres casos excepcionales para levantar el secreto bancario
Frente a los reparos, la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner, dejó en claro que el alzamiento del secreto bancario en sede administrativa únicamente se busca dar de manera excepcional en tres casos: cuando el reporte de operación sospechosa provenga de un banco; cuando corresponde a un funcionario público o en caso que el reporte provenga de una entidad jurídica.
También dejó en claro que en ningún caso están yendo en contra de las garantías constitucionales.
Si bien no se opone a su flexibilización, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, planteó que debe quedar bien establecido quién tendrá acceso a los datos.
La diputada del PC, Alejandra Placencia, también retrucó los cuestionamientos. Dice que quienes se oponen a la medida están “protegiendo al crimen organizado y perpetuando la opacidad donde se esconden evasores y corruptos”.
En la instancia, el Ejecutivo ratificó el ingreso de 45 indicaciones, en una tramitación que ya de entrada se ve cuesta arriba.
