por elmostrador
8 de junio de 2025
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, confirmó que el Gobierno transformará Punta Peuco en un penal común, cerrando su uso exclusivo para condenados por violaciones a los derechos humanos. Se evalúa incorporar internos mayores de 65 años y baja peligrosidad.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, confirmó este domingo que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric avanza en la transformación del Penal Punta Peuco en un centro de detención común, poniendo fin a su condición de recinto especial para condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
La medida, anunciada por Boric en su Cuenta Pública 2025, busca garantizar la igualdad ante la ley y optimizar la gestión penitenciaria, según explicó el titular de Justicia en una entrevista con Estado Nacional de TVN.
Gajardo detalló que el Ejecutivo ya ofició a Gendarmería para realizar un informe técnico que permita modificar el uso del penal mediante un decreto. “Punta Peuco tiene bastante espacio y lo que nosotros estamos realizando son los estudios técnicos para la ampliación con una construcción modular”, afirmó el ministro, precisando que el objetivo es incorporar a internos mayores de 65 años y de bajo compromiso delictual, en línea con las normas de seguridad de Gendarmería.
El ministro justificó la decisión, argumentando que no existen razones para mantener un penal exclusivo para violadores de derechos humanos. “No existe razón para que tengamos un establecimiento penal exclusivamente para las personas que violaron los Derechos Humanos o cometieron crímenes de lesa humanidad, eso no tiene justificación. De hecho, uno pudiera decir que eso está al margen de lo que debiéramos hacer en esta materia de protección de los Derechos Humanos”, señaló.
Gajardo destacó razones prácticas en la medida anunciada, como la necesidad de liberar espacio para aliviar la sobrepoblación carcelaria: “Tener un penal dedicado exclusivamente a violadores de los Derechos Humanos restringe las posibilidades de Gendarmería para una eficaz gestión del sistema penitenciario”.
El anuncio del cierre de Punta Peuco, Gajardo lo comparó con el cierre del Penal Cordillera en 2013, bajo el gobierno de Sebastián Piñera, subrayando argumentos similares. “Son prácticamente los mismos argumentos: el penal Cordillera afecta la igualdad ante la ley, no permite que Gendarmería haga un eficaz uso de las instalaciones penitenciarias y afecta la seguridad del sistema penitenciario”, sostuvo.
En este contexto, el ministro descartó rumores sobre el ingreso inmediato de reos comunes al penal tras el anuncio presidencial y enfatizó que cualquier traslado de internos será evaluado caso a caso.
La transformación de Punta Peuco se enmarca en un plan para aumentar 15 mil plazas carcelarias en cinco años, enfatizó Gajardo, buscando responder a la crisis de hacinamiento y el compromiso del Gobierno en materia de derechos humanos. “Esperamos un apoyo transversal por lo que significan los DD.HH.”, concluyó.
