por elmostrador
24 de junio de 2025
El proyecto que atravesaría varios barrios de Maipú generó una férrea oposición de autoridades y vecinos, disputa que duró nueve años y terminó con la declaración de caducidad del Servicio de Evaluación Ambiental, tras comprobar que la empresa Sonacol no inició obras en el plazo legal estipulado.
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) declaró la caducidad de la resolución que calificó como ambientalmente favorable el proyecto de trazado de segunda línea de un oleoducto de la empresa Sonacol, encargada de abastecer de combustible al aeropuerto Arturo Merino Benítez, que había sido aprobado por el mismo organismo en diciembre del año 2019.
La decisión pone fin a nueve años de contienda socioambiental entre la “Coordinadora No al Oleoducto”, que agrupa a vecinos de importantes barrios de Maipú, y la empresa Sociedad Nacional de Oleoductos (Sonacol), cuyos principales accionistas son el grupo Angelini, a través de la empresa Copec (40,80%) y Abastible (12%); Southern Cross, con Esmax Inversiones (22,2%); el Grupo Luksic, con Invexsans (14,9%) y la estatal Enap (10,1%).
El proyecto planeaba instalar un nuevo oleoducto subterráneo de 27 km para abastecer de kerosene al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, atravesando siete barrios de Maipú, entre ellos, El Abrazo, Pehuén y La Farfana. La iniciativa contemplaba un ducto de 12 pulgadas de diámetro, enterrado a 1.80 metros de profundidad, que transportaría combustible al aeropuerto, con una inversión estimada de 60 millones de dólares.
Coordinadora No al Oleoducto.
Si bien la empresa ya cuenta con un oleoducto, buscaba implementar otro, debido al incremento de la demanda proveniente del aeropuerto, iniciativa que fue rechazada no solo por los vecinos sino también por la mayoría de las autoridades comunales y distritales, desde el exdiputado Gabriel Silver, pasando en su momento por Cathy Barriga y la actual administración del alcalde Tomás Vodanovic, por nombrar solo a algunas.
El proyecto generó preocupación entre los vecinos, debido a que pasaba literalmente a metros de sus casas y, según sus reclamos, no contaba con zonas de seguridad ante una eventual emergencia, por lo cual temían que, en caso de derrame, pudiera contaminarse el acuífero que abastece de agua a toda la comuna, a través de la sanitaria municipal Smapa.
La empresa defendió el proyecto a comienzos de 2020, argumentando que “los sistemas de seguridad de Sonacol tienen como foco, justamente, la prevención. Los mecanismos de seguridad contemplan el monitoreo 24/7 de la tubería y el uso de alta tecnología como la inspección robótica. Esto permite detectar cambios de presión, flujo y temperatura para anticiparse a cualquier situación anómala”.
Tras varios años de litigio judicial, la Corte Suprema rechazó todos los recursos interpuestos por la Municipalidad de Maipú y los vecinos, incluido uno de casación en el fondo, presentado por la ONG ambiental FIMA, descartando “todo riesgo de contaminación accidental de otros cuerpos o fuentes de agua (…), por lo que en las anotadas circunstancias, el riesgo en cuestión puede ser calificado como de menor entidad”, dice uno de los fallos.
“Perdimos en todos los frentes judiciales, incluso cuando se votó en el tribunal con los seremis, fue unánime, pero seguimos insistiendo en el tema y, después de haber perdido varias batallas, terminamos ganando la guerra. Para nosotros fue un triunfo que quedó en nuestros corazones y que demostró que con unión y estrategia se pueden lograr grandes cosas”, aseguró a El Mostrador Raúl Gómez, dirigente de la coordinadora ciudadana.
El 13 de diciembre de 2024, la diputada Viviana Delgado (Independiente, ex Partido Ecologista Verde), en representación de los vecinos de la comuna, fue quien requirió a la Superintendencia del Medio Ambiente su pronunciamiento sobre la caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del año 2019 ,argumentando que “según consta en el expediente, no existen antecedentes que consten que haya iniciado la ejecución del proyecto o actividad autorizada”, planteaba el escrito.
El Servicio de Evaluación Ambiental se pronunció finalmente el 6 de junio pasado, resolviendo la caducidad de la resolución exenta del año 2019 que había calificado favorablemente el proyecto, luego de comprobar que la empresa no inició la ejecución de obras “dentro del plazo de cinco años contados desde la notificación de la resolución de calificación ambiental, el cual venció el día 12 de diciembre de 2024”.
Consultada por este medio respecto a por qué la compañía no realizó obras si contaba con todos los permisos, Sonacol aseguró que, pese a que los requerimientos técnicos, ambientales y normativos fueron favorables, incluida la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), “debido a diversos factores –entre ellos la postergación del proyecto de extensión de la autopista Costanera Norte, con la cual se preveía ejecutar la obra de forma paralela–, la iniciativa no llegó a ejecutarse y la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) perdió su vigencia a fines de 2024”.
“Actualmente, Sonacol no cuenta con un nuevo proyecto concreto para aumentar la capacidad de suministro al aeropuerto, pero está evaluando alternativas que prioricen la sostenibilidad ambiental y el resguardo de las comunidades vecinas. Cualquier iniciativa futura será sometida a los mecanismos de evaluación establecidos por la institucionalidad ambiental, con total transparencia y disposición al diálogo”, señalaron, agregando que el uso de oleoductos permite reducir el tránsito de camiones entre las regiones de Valparaíso y Metropolitana, evitando más de 500 viajes diarios.
Documento caducidad RCA
