La rectora actualmente suspendida del Internado Nacional Barros Arana (INBA), María Alejandra Benavides, demandó a la Municipalidad de Santiago, encabezada por el alcalde Mario Desbordes (RN), ante el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, acusando un daño psíquico en su contra.
Según el documento al que accedió La Tercera, la acción judicial avanzó y ya se fijó una audiencia preparatoria para el 9 de septiembre entre la demandante y el municipio.
En el escrito de 16 páginas, Benavides detalla las mejoras realizadas en el INBA desde que asumió el cargo en 2022, las que habrían permitido un aumento en las postulaciones mediante el Sistema de Admisión Escolar (SAE).
Además, en el contexto de la explosión ocurrida el 23 de octubre de 2024, que dejó 35 estudiantes heridos, apuntó contra Desbordes. La rectora suspendida afirmó que, durante su candidatura a alcalde, el actual jefe comunal evaluó anticipadamente su gestión.
En esa línea, enumeró frases emitidas por Desbordes en su contra y reproducidas en distintos medios: “a la rectora del INBA la voy a sacar sí o sí”, “no debe dirigir un establecimiento educacional”, “ella es parte del problema”, “debería renunciar”, son algunos de los ejemplos expuestos por Benavides.
Pese a lo anterior, Benavides señaló que una vez que Desbordes asumió el pasado 6 de diciembre, se reunió con Humberto Garrido, quien dejó la Dirección de Educación Municipal (DEM) el 13 de mayo.
En la instancia, consultó por su continuidad en el cargo tras las declaraciones del nuevo alcalde. Sin embargo, Garrido le indicó que “no tiene ninguna instrucción para aquello“. Es decir, para removerla de sus funciones.
No obstante, las críticas públicas de Desbordes continuaron. En ese contexto, Benavides lo acusó de realizar “una verdadera calificación televisiva de mi gestión“.
Hechos que acusa la rectora del INBA contra Desbordes
La rectora suspendida sostiene que su administración permitió reducir la violencia en el establecimiento y que el revuelo mediático afectó directamente a su entorno familiar.
“Debí cerrar el año escolar de mis hijas debido a la sobreexposición en los medios de comunicación, en redes sociales, etc.”, aseguró Benavides.
También denunció un “verdadero preámbulo de un acoso en mi contra“, tras recibir una citación de la secretaria de Mario Varela, jefe de Finanzas del municipio, para acudir a la DEM. Allí le comunicarían que él sería su “fiscalizador”, aunque luego la reunión fue suspendida.
Al día siguiente, Benavides dijo haberse enterado por la prensa de que se había reabierto el sumario en su contra por la explosión en el INBA, lo que —a su juicio— “vulneró el carácter reservado de la información“.
Horas después, Garrido la llamó para comunicarle formalmente lo que ya sabía.
Poco después, volvió a ser citada a la DEM. Sin embargo, no le informaron que sería para declarar en el sumario, ante el propio Varela y el actuario Boris Jara.
Según relató, la toma de declaración fue “intensa” y en ocasiones “hostil“. Además, afirma que fue grabada y escrita por el actuario, pero que no fue transcrita en tiempo real.
Su versión escrita no coincidía con lo que había expresado, por lo que pidió corregirla. En ese momento, fue suspendida de sus funciones. Tras ello, acusa que Varela y Jara la presionaron para firmar el documento, asegurando que después “se podría rectificar“. “Todo en un tono intimidatorio, viéndome obligada a firmar“, señala.
“Todas las situaciones previamente relatadas me llevaron a una gran angustia y desesperación“, asegura Benavides en la demanda.
¿Qué es lo que pide la rectora suspendida?
Posteriormente, Benavides fue evaluada en la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), donde una profesional determinó que padecía una enfermedad vinculada a su salud mental.
Esa condición se ha mantenido durante el periodo de suspensión, debido a que —según sostiene— se le negó el acceso a información necesaria para redactar la apelación a su informe de evaluación. Dicho documento estaría “predeterminado y sesgado” por las declaraciones previas de Desbordes.
Por todo lo anterior, solicita que no existan más filtraciones sobre su proceso y que el alcalde se abstenga de emitir declaraciones públicas “que impliquen un juicio”.
También pide declarar nuevamente en el sumario en su contra y una indemnización equivalente a 11 remuneraciones. Además, exige que su evaluación sea realizada mientras ejerza sus funciones, entre otras peticiones planteadas en la acción legal.
