Sobre-regulación y admisión a las pedagogías

La baja en el interés por estudiar pedagogía lleva a preguntarse si la Ley de Carrera Docente aprobada en 2016 ha cumplido efectivamente con entregar al país un sistema que permita hacernos cargo de las demandas sobre la calidad de la docencia escolar y sus condiciones de ejercicio, pero también sobre la dotación de personas que tienen que hacerse cargo de esta docencia. La mencionada ley dispuso de diversos mecanismos de control y regulación sobre la oferta y la demanda de programas de pedagogía. La introducción de estándares, acreditaciones obligatorias, prácticas tempranas y progresivas obligatorias, evaluaciones diagnósticas institucionales y nacionales obligatorias, y requisitos de ingreso para las pedagogías son condiciones de la ley que hoy desafían a equipos académicos y profesionales en todas las instituciones formadoras.

Al respecto, es decidor el cambio en las prioridades una vez que se incorporan regulaciones a la formación inicial docente. Por ejemplo, en 2015 las Universidades Estatales ofrecían 141 programas de pedagogía abiertos para matrícula, cifra que era de 147 programas en 2023. En contraste, las universidades privadas no adscritas al sistema de admisión universitaria ofrecían 248 programas en 2015, mientras en 2023 ofrecieron solo 8. Esta situación ilustra una cuestión que es obvia: hay una responsabilidad pública con la formación pedagógica que para muchas instituciones se vuelve inviable por lo costoso que es responder a la sobre-regulación.

Si bien la Ley de Carrera Docente propuso una mayor selectividad a quienes aspiran a enseñar en el sistema escolar, la imposición arbitraria de estándares de selección de otras culturas (ej. Finlandia, Corea o Singapur, citadas en la discusión legislativa), hoy pone en riesgo la sustentabilidad de los programas de pedagogía a nivel nacional, arriesgando la posibilidad de abordar desafíos clave de la política pública desde el sistema escolar. Si se hubiesen aplicado los requisitos de ingreso que la ley proponía, habríamos tenido este año una reducción de hasta un 45% de la matrícula de primer año en programas de pedagogía. Ello se suma a que las autorizaciones para el ejercicio de la docencia sin tener idoneidad docente se han casi duplicado entre 2017 y 2024, sobrepasando las 44 mil.

La preocupación por la calidad de la formación pedagógica debe genuinamente considerar estos y otros factores. Requisitos de mayor puntaje para acceder a la formación pedagógica no van a construir el interés en la pedagogía, sino que es justamente al revés: si hubiese interés, tendríamos mayores puntajes. La obvia crisis de dotación de docentes a nivel nacional, con varios ejemplos a nivel territorial, debiese alertarnos sobre las demandas que ponemos como país sobre el sistema escolar y sobre los programas de formación pedagógica.

La situación anterior requiere que existan mayores apoyos en territorios que requieren más docentes o que sufren de falta de dotación. Asimismo, requiere también cuestionar los imaginarios y prejuicios que denigran a la formación pedagógica. El país necesita más profesores y con la mejor preparación. Por un lado, podemos fortalecer otras vías de acceso y formas de habilitación docente que no renuncien a la formación pedagógica especializada. Por otro lado, sabemos que las universidades que se han comprometido  con las pedagogías y sus territorios han  avanzado enormemente en transformar sus programas de pedagogía, en incorporar herramientas formativas más rigurosas y con más vínculo con la práctica. Muchas veces estos avances se hacen en contextos de muchísima dificultad. Esos compromisos también requieren más apoyo. Pero el escenario que vemos es complejo, y requiere una conversación sobre condiciones de trabajo, condiciones formativas en las instituciones, costos y orientación para los procesos de acreditación.

El gobierno ha presentado un proyecto de ley que busca abordar los requisitos de admisión a las pedagogías con una nueva fórmula. Como comunidad académica nos convocamos a discutir el problema y la solución propuesta este jueves 29 de mayo en la Universidad de Chile en el Seminario: “¿Quiénes educarán a las futuras generaciones? Cambios en políticas de admisión y sobre-regulación de la formación pedagógica en Chile”.