Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.
El Ministerio Público solicitó el levantamiento del fuero parlamentario de los diputados Joaquín Lavín León y Miguel Ángel Calisto, quienes han criticado la actuación de la Fiscalía en las investigaciones en su contra. Calisto es acusado de presunto fraude al fisco, mientras que Lavín enfrenta cargos por el mismo delito y tráfico de influencias. Los diputados alegan motivaciones políticas y falta de respeto en las diligencias investigativas. La Cámara de Diputados colaborará con la justicia, y se espera que el proceso se rija bajo transparencia.
Después que el Ministerio Público solicitara el levantamiento del fuero parlamentario de los diputados Joaquín Lavín León (exUDI) y Miguel Ángel Calisto (Ind-Demócratas), ambos han apuntado contra el actuar de Fiscalía en las investigaciones que los involucran.
Recordemos este último está siendo investigado por presunto fraude al fisco, mientras que Lavín enfrenta cargos por el mismo delito y tráfico de influencias.
En concreto, en el caso de Calisto, se le acusa —junto a tres colaboradores— de haber ejecutado una serie de maniobras para desviar recursos públicos, provenientes de asignaciones parlamentarias, hacia fines ajenos a lo establecido en la Ley de Presupuestos. Esto, mediante contratos de prestación de servicios, como asesorías políticas, coordinación y elaboración de estudios.
Debido a estos antecedentes, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso una querella criminal en su contra ante el Juzgado de Garantía de Coyhaique. El parlamentario, en tanto, afirmó que “se está buscando eliminarlo por vía secretaria” y acusó una motivación política detrás de la acción judicial.
En cuanto a Joaquín Lavín León, también querellado por el Consejo de Defensa del Estado, se le acusa de haber utilizado fondos del Congreso para financiar campañas electorales propias y de otros militantes de la UDI.
Según la investigación, el diputado habría presentado diez facturas por un total cercano a los $7 millones de pesos, justificándolas como gastos relacionados con servicios de campaña, como impresión de propaganda. Sin embargo, la imprenta MMG, identificada como proveedora, negó que los encargos tuvieran fines electorales, e incluso indicó que podrían corresponder a gastos de carácter personal.
El abogado defensor de Lavín León, Cristóbal Bonacic, criticó el actuar del Ministerio Público, asegurando que no se respetó el desarrollo completo de las diligencias investigativas tras la declaración del parlamentario como imputado. Además, insistió en que su representado no ha cometido ningún ilícito.
Reacciones tras la solicitud de desafuero a Lavín y Calisto
Ante estos antecedentes, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro, lamentó las nuevas investigaciones que involucran a parlamentarios, y aseguró que la Corporación prestará total colaboración con la justicia para esclarecer los hechos.
Por otra parte, el expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, cuestionó la pasividad del Congreso frente a este tipo de situaciones y señaló que espera que puedan regirse bajo el sistema de transparencia.
Cabe recordar que el desafuero es un requisito legal para que un parlamentario pueda ser formalizado y se le apliquen eventuales medidas cautelares. Ahora, serán las Cortes de Apelaciones de Coyhaique y Santiago las encargadas de resolver el futuro del fuero político de los dos legisladores.
