por Cooperativa.cl
11 de agosto de 2025
A pesar de una orden de demolición de la Corte emitida hace casi un año, el terreno vinculado al crimen por encargo de Alejandro Correa en 2020 sigue ocupado.
El organismo aludido argumenta que la responsabilidad del desalojo recae en los propietarios, lo que genera críticas en la familia afectada.
La bancada de diputados UDI elevó un oficio a la Contraloría General de la República (CGR) para que se pronuncie sobre la controvertida resolución del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) de Valparaíso, la cual exige a la familia del empresario asesinado Alejandro Correa ejecutar el desalojo de una toma ilegal que se ha instalado en un terreno de su propiedad, ubicado en la comuna Quilpué.
Este predio cobra particular relevancia en el marco de la investigación judicial, ya que, según los antecedentes, habría sido el detonante del crimen por encargo de Correa ocurrido en el 2020.
A pesar de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso emitió una orden de demolición de las construcciones ilegales hace casi un año, la toma persiste ocupada. La familia del empresario ha denunciado este mandato judicial aún no se cumple, lo que genera -acusan- una frustración y sensación de injusticia.
Frente a este contexto, el diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI), presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja, explicó que la solicitud a Contraloría se debe a que les parece “insólito que el Serviu de Valparaíso no esté acatando un fallo de la Corte de Apelaciones de la misma región”.
“Aquí hay una omisión y no podemos salir con las excusas de que primero hay que desalojar para proceder con la demolición”, cuestionó el parlamentario, que afirmó también que “acá el Serviu tiene una orden por parte de un tercer poder del Estado, que es el poder judicial y, por lo tanto, los fallos hay que cumplirlos y no cuestionarlos".
Fuenzalida concluyó expresando la esperanza de que el ente contralor "pueda establecer cuál es la situación del Serviu" respecto a esta materia y ojalá, con prontitud, podamos seguir adelante con esta situación tan insólita que ocurre respecto de estos terrenos de la familia Correa”.
Importancia de la coordinación y el cumplimiento legal
Desde el ámbito legal y urbanístico, la abogada académica Jeanette Bruna también se pronunció sobre el tema, haciendo hincapié en la indispensable coordinación entre las distintas autoridades para llevar a cabo la demolición.
“Es muy relevante que cualquier acción que deseen tomar las distintas entidades sea coordinada previamente con esta defensa de manera de lograr el objetivo común que tiene todo Chile: hacer que las autoridades cumplan con sus deberes urbanísticos y no falten a la ley ni a los deberes funcionariales que pesan sobre ellos", puntualizó la profesional.
La experta afirmó que “demoler es una sanción a las construcciones ilegales en Chile. En Chile no se puede construir fuera de la ley y es eso lo que debe concretar el Serviu tomando todas las medidas necesarias para coordinar con otras autoridades como la municipalidad el desalojo que pretenden hacer previamente y la demolición".
La postura del Serviu y la crítica de la UDI
Por su parte, los representantes del Serviu han defendido su posición, argumentando que, al tratarse de un terreno de propiedad privada, la responsabilidad de iniciar y ejecutar el desalojo recae directamente en los propietarios.
De todas maneras, la resolución vigente contempla la posibilidad de solicitar el auxilio de la fuerza pública para facilitar dicho proceso.
Para la bancada de la UDI, esta justificación es insuficiente y representa una postura inaceptable. Los diputados consideran que la actitud del Serviu refleja una "omisión grave" y un "incumplimiento" flagrante, no solo de su propia resolución, sino también de un fallo judicial explícito, lo que agrava aún más la ya compleja situación ligada a un predio que ha sido tristemente central en un trágico caso de asesinato.
