por La Tercera
17 de julio de 2025
El debate volvió a encenderse en los últimos días, sobre todo después de que el lunes, a cuatro meses de las elecciones presidenciales, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó en general –por 85 votos a favor, 33 en contra y 20 abstenciones- la propuesta impulsada por la diputada de Demócratas Joanna Pérez, que establece sanciones por no votar de entre $33.000 y $210.000, pero solo para los ciudadanos chilenos, excluyendo a los extranjeros avecindados.
El proyecto fue visto con buenos ojos por el oficialismo, ya que tiende a desactivar el voto extranjero, que en algunos sectores temen podría inclinarse por opciones conservadoras.
Por ejemplo, según una encuesta del Panel Ciudadano UDD, entre los votantes inmigrantes -que representan hoy un 5% del padrón nacional, y hasta un 15% en zonas como Tarapacá- un 32% apoyaría a José Antonio Kast, 30% a Matthei y solo un 8% a la oficialista Jeannette Jara.
Actualmente la legislación chilena no solo da derecho a los migrantes para votar en todas las elecciones, sino que los obliga. Para ello sólo deben tener cinco años de residencia -incluso temporal y discontinua- y no enfrentar problemas judiciales graves para poder sufragar. En los últimos procesos han operado multas transitorias para migrantes y chilenos.
Por eso el giro de la fórmula que hoy se discute, que inicialmente incluía sanciones para todos los habilitados para votar, generó molestia en diversas organizaciones de migrantes. En mayor medida en las que presentan un porcentaje importante de electores. Esto, según argumentan hoy, porque a pesar de vivir en Chile, los discrimina.
Según datos del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), a 2024 se registraban 786.470 extranjeros en Chile habilitados para sufragar. De ese total, 191.384 corresponden a personas de Perú, 174.857 de Venezuela, 95.407 de Colombia y 76.481 de Haití.
Patricia Rojas, presidenta de la Asociación Venezolana en Chile (Asoven), califica la medida como “tremendamente discriminatoria” y advierte que “abre la puerta para crear ciudadanías de segunda categoría”.
En su crítica apunta también al tono de algunos parlamentarios, como el senador Tomás de Rementería (PS), quien cuestionó públicamente a través de su cuenta de Instagram si los venezolanos deberían participar en las elecciones chilenas.
A él también se sumó la intervención del diputado Daniel Manouchehri (PS), quien durante la votación lanzó duros reproches a la derecha. “Ellos quieren transformar a Chile en Chilezuela. Quieren que el debate presidencial de Chile se trate de lo que pasa en una isla en el Caribe. Nosotros no queremos que nuestra política sea de arepa y ron. Queremos que sea con olor a vino tinto y empanada".
“Fue un comentario ignorante y desafortunado. Yo llevo 14 años en Chile, casada con un chileno y con una hija chilena, y llevo 24 meses esperando una respuesta a mi solicitud de nacionalización. Decir ‘si quieren votar, nacionalícense’ es no entender cómo funcionan estos procesos en Chile”, reclama.
Y agrega: “Aquí hay un discurso pasivo-agresivo, xenófobo, disfrazado de protección de ciudadanía que no se condice con la realidad del país”.
Desde Asoven confirmaron que están evaluando interponer acciones legales en caso de que la medida pudiera significar algún dejo de inconstitucionalidad o vulneración de derechos.
Para Michel-Ange Joseph, presidenta del Consejo de la Sociedad Civil de Migraciones (Cosoc), la discusión es también una distracción. “Más allá de ser extranjeros o nacionales, vivimos y aportamos en Chile. Es una forma de desviar la atención de las verdaderas necesidades de los migrantes en el contexto electoral. Necesitamos acceso a cédulas para votar, no nuevas exclusiones”, comenta.
Joseph recuerda que las personas migrantes ya enfrentan una alta carga en multas por infracciones migratorias -según datos del propio Servicio Nacional de Migraciones, se han recaudado más de $17 mil millones- y advierte que “las personas migrantes ya han pagado muchísimo dinero, incluso tres veces más de lo que el Estado destina a política migratoria”.
Desde el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), la jefa jurídica Gabriela Hilliger plantea otra preocupación: el momento en que se da esta discusión. “El ‘timing’ me conflictúa. Justo antes de una elección, y con encuestas en mano, se pone sobre la mesa si los migrantes deberían tener las mismas consecuencias legales por no votar. Eso estigmatiza a una parte del electorado”, afirma. Y añade que si bien es legítimo que un país debata sobre los alcances del voto extranjero, “el fondo de esta medida parece ser político, no jurídico, y cuesta justificar que no aplicar multas a los migrantes no sea una forma de discriminación arbitraria”.
Desde la comunidad colombiana también surgen voces críticas. María Elena Osorio, integrante de la organización de colombianos refugiados en Chile, cree que la exclusión es una señal más de que las comunidades migrantes están siendo instrumentalizadas. “Aunque no lo quieran reconocer, nuestra participación es importante para las decisiones del país. Y en el caso de las personas refugiadas, no llegamos de paso. No hay soluciones duraderas en nuestros países, y por tanto nuestra vida se proyecta aquí. Nos interesa votar porque somos parte de esta sociedad”, dice.
Osorio advierte, además, que temer que los migrantes voten en bloque por la derecha es un error. “Muchos venimos escapando justamente de gobiernos autoritarios y de un capitalismo que ha destruido nuestros países. Hay un temor mal fundado en que los migrantes apoyaremos a la derecha. No es así, al menos no desde el mundo de quienes fuimos víctimas y seguimos siéndolo en nuestros países de origen”, afirma.
Por ahora, las comunidades migrantes y sus organizaciones aseguran que están alertas a cómo sigue el proceso ante lo que consideran un eventual retroceso. Como sintetiza Patricia Rojas: “El derecho al voto no es un capricho, es un derecho constitucional“.
