A más tardar el próximo 10 de julio Corona deberá solicitar su liquidación voluntaria, tras el fallido intento de concretar una reorganización concursal.

La histórica multitienda se vio forzada a tomar esta decisión luego de no conseguir los $22 mil millones en financiamiento que requería su plan de reestructuración. Aunque en un principio contó con apoyo financiero, finalmente no logró asegurar los recursos necesarios, lo que llevó a la empresa a optar por la quiebra.

La solicitud de liquidación voluntaria será presentada en tribunales por el abogado Nelson Contador, quien asesora a los hermanos Schupper —dueños de Corona—. En ella se detallarán las causas de la quiebra y se adjuntarán dos documentos clave para el proceso que viene: un inventario de bienes y un listado de pasivos. El primero será esencial para llevar a cabo los remates de activos, cuyos fondos se destinarán principalmente al pago de proveedores que permitieron la continuidad operacional de la empresa. El segundo documento identificará a los acreedores con las mayores acreencias.

Aunque las cifras podrían variar, parte de esta información ya fue recopilada en la solicitud de reorganización presentada el 22 de octubre de 2024 ante el 1° Juzgado Civil de Santiago. La compañía opera 51 tiendas repartidas desde Arica a Punta Arenas y emplea a 1.800 personas. Sus pasivos ascienden a $66.951 millones y sus activos a $47.303 millones, según el reporte entregado al tribunal.

Una vez que ocurra esto, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento nombrará a un liquidador en un listado, que se encargará de llevar a cabo el proceso de acuerdo a la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento. En términos sencillos, el liquidador es la persona responsable de tomar el control de la empresa que entra en quiebra, vender sus activos y distribuir el dinero obtenido entre los acreedores, siguiendo las reglas que establece la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento. Su tarea principal es asegurarse de que el proceso sea transparente, ordenado y justo para todos los involucrados.

En este proceso el nombramiento del liquidador podría ser designado a través de un sorteo interno que realiza la Superintendencia. Esto ocurre solo en el caso de que el deudor no haya presentado nómina de acreedores, o bien cuando los tres mayores acreedores de la empresa deudora no hayan propuesto ellos al liquidador.

El abogado Cristián Gandarillas, socio de GMD, plantea que “el liquidador debería estar preocupado de maximizar el valor de la compañía, evaluando distintas alternativas para la venta de activos, si es posible por unidad económica o por áreas de negocio. El objetivo es conseguir el mayor beneficio para los acreedores”.

En ese marco, el abogado y director de Corona, Mario Mora, explica que a la fecha la compañía no ha realizado ningún remate de mercadería. “Nosotros hicimos una promoción con la convicción de que lo mejor que podíamos hacer era generar la mayor cantidad de dinero líquido disponible. La suma que hay garantiza el pago total de las remuneraciones e indemnizaciones de los trabajadores, además de una cantidad importante de existencias y otras mercaderías en tránsito que permiten mantener la operación en marcha”, sostiene.

Javier San Martín, socio de Barros y Errázuriz, indica que “en caso que Corona sea declarada en liquidación, sería designado un liquidador que pasaría de inmediato a representar a la empresa y a administrar sus bienes. Como en toda liquidación, la labor del liquidador será la de incautar los activos de la empresa, para luego venderlos en las mejores condiciones posibles y de acuerdo con las instrucciones de la Junta de Acreedores”.

“Con los fondos que se obtengan con estas ventas, el liquidador debe pagar a los acreedores que previamente hayan presentado sus créditos en el proceso, respestando los órdenes de pago establecidos en la ley. Por regla general la liquidación termina cuando ya no quedan activos de la empresa que puedan ser vendidos, extinguiéndose los créditos que no se hayan alcanzado a pagar”, añade.

Correo

La abogada veedora Daniela Camus envió este martes un correo electrónico a la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento en el que oficializó formalmente el incumplimiento del proceso de la reorganización de Corona.

Según el acuerdo aprobado por el 1° Juzgado Civil de Santiago, la empresa debía asegurar una línea de crédito por $22 mil millones antes del 30 de junio de 2025, lo que finalmente no ocurrió.

Esta línea de crédito era esencial para que la compañía pudiera seguir operando y cumplir con los pagos comprometidos a sus acreedores. El dinero debía ser aportado por los propios accionistas, a través de una sociedad relacionada, y contaba con una prórroga para conseguir el financiamiento, la que venció a fines de junio.

Como no se logró cerrar ese financiamiento en el plazo acordado, la veedora declaró el incumplimiento del acuerdo de reorganización. Esta comunicación fue enviada al tribunal, a los acreedores y a la Superintendencia, lo que abre el camino para que se inicie el proceso de quiebra de la compañía.

Bienes

En su presentación de octubre de 2024, la compañía detalló el inventario que probablemente irá a remate tras no cumplir con el financiamiento para la reorganización.

En cuentas corrientes bancarias, la empresa declaró un saldo total de $2.542 millones, distribuidos en ocho bancos distintos, incluyendo Banco Internacional, Santander, Estado, BCI, Banco de Chile, Security, Scotiabank, China Construction Bank y Banco Bice.

A ello se suman $149 millones en efectivo disponible en sus tiendas a lo largo del país, clasificado también como esencial. En instrumentos financieros, Corona reportó una inversión de $359 millones en el fondo mutuo BCI Competitivo Serie AP, sin gravámenes. Asimismo, la firma consignó la existencia de un bien raíz —una playa de estacionamiento ubicada en Copiapó— avaluado en $795 millones, también sin cargas legales.

El mayor volumen de activos corresponde a bienes muebles, principalmente estaciones de trabajo, terminales de punto de venta y notebooks. En total, Corona detalló más de 300 equipos distribuidos en sucursales desde Arica hasta Punta Arenas. Cada uno de estos bienes incluye su modelo, ubicación y valor comercial, los que en su conjunto también fueron clasificados como esenciales para el funcionamiento de la compañía.