El archivo del terror chileno: el robo y venta de niños hacia el extranjero en los años 80

Una trama que ensombrece al peor cuento de terror que se pueda imaginar quedó al desnudo después que el lunes pasado el ministro en visita Alejandro Aguilar dictara el primer auto de procesamiento en contra de una de las mafias que operó en Chile en los años 80, robando y vendiendo niños, hijos de madres campesinas jóvenes y desposeídas, a matrimonios extranjeros, principalmente de Italia y Estados Unidos.

Aunque el fallo está basado en solo dos de los miles de casos que existen, es probable que próximamente haya más dictámenes en el mismo sentido, en contra de miembros de la asociación ilícita que lideraba la exjueza de Menores de San Fernando Ivonne Gutiérrez Pavez (que hoy ocupa el nombre de Ivonne Bronfman).

Como informó El Mostrador, pese a que los dos delitos por los cuales fue formalizada Gutiérrez junto a cuatro de sus cómplices ocurrieron en 1983 (es decir, hace 42 años), son imprescriptibles, dado que el ministro Aguilar argumentó en su fallo que se trata de delitos de lesa humanidad que, por ende, no prescriben.

Según lo determinado por los detectives de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, la organización criminal estaba liderada por la mujer y su pareja de aquel entonces, el abogado Alberto Bronfman Jacobe, quien era secundado por la también abogada Sara Weitzmann, ya fallecida.

Vitrineando bebés robados

Ambos residían en una elegante casa en la calle Jorge Matte, en Providencia, con sus dos hijos adoptivos, muy pequeños a inicios de los años 80. Cada mañana, muy temprano, a bordo de un moderno auto Ford de propiedad de la jueza, la pasaba a buscar su chofer, y aunque por lo general se iban temprano a San Fernando, también era frecuente que antes de eso pasaran a la oficina de Bronfman, en San Antonio 385, en pleno centro. La oficina, sin embargo, no era solo eso. Según varios testimonios, en el piso superior la pareja mantenía una verdadera guardería infantil clandestina.

El fallo reproduce el testimonio de una persona cuya identidad fue tachada del documento, quien dijo al juez que “en un piso más arriba del estudio jurídico tenían una sala cuna. En ese lugar le tocó ver unos cuatro bebés al mismo tiempo” y que “la atención médica de los niños de la guardería que tenían en la calle San Antonio era asistida por los doctores de la Casa Nacional del Niño”. 

Allí, además, los bebés secuestrados en la Región de O’Higgins eran exhibidos a los compradores provenientes del extranjero, los que pagaban 50 mil dólares de la época (161 mil dólares en la actualidad) por cada guagua, en un trámite que no les tomaba más de tres días.

—Los matrimonios extranjeros subían al departamento/guardería a visitar a los niños, recuerdo que los bebés estaban limpiecitos, gorditos y sanitos. Creo que los matrimonios los elegían. También sé que les hacían una ficha o diario de vida a los niños, ya que no podían viajar las guaguas enfermas con los gringos —dijo el mismo testigo.

Otra persona que fue interrogada en la causa agregó que, en realidad, había varias “clínicas de engorda de niños”, de dos a tres ubicadas en Providencia, y que “se sabía que adquirió doña Ivonne muchas parcelas en la zona, las clínicas de engorda, autos de lujo, y en esa época un juez, con el dinero de ahora, no ganaba más de 800 mil pesos”.

Llegó a ser tal la cantidad de niños en espera de ser enviados al extranjero, que como lo contó un sobrino de la jueza, en 1982 su tía dejó “unos niños” en su casa. 

Ese año, Gutiérrez y Bronfman (que era dirigente del fútbol) viajaron a ver el Mundial de España y durante todo ese tiempo “la tía Ivonne dejó tres niños en la casa de mis padres… se quedaron todo el invierno, mientras duró el Mundial”. Al regreso, dos de los niños se fueron junto con Bronfman y Gutiérrez, pero dejaron ahí, por tres meses más, a una niña de seis a siete años.

Una maquinaria aceitada

Lo que Gutiérrez y Bronfman tenían era una maquinaria casi perfecta, que contaba con captadoras, mujeres que recorrían las zonas rurales, pobres, con varios hijos y ojalá analfabetas, a quienes convencían de ir al tribunal a firmar falsas custodias temporales de sus hijos (en realidad, lo que hacían era entregar la custodia total de ellos), diciéndoles que los cuidarían y se los devolverían en un par de meses. Por supuesto, ello nunca ocurría, salvo en un caso, donde una de las madres, con ayuda de Carabineros, logró recuperar a su bebé. 

Una de esas captadoras recordó que una vez, por el “dato” de una madre, que entregó a Bronfman, recibió un cheque de 20 mil pesos, una cantidad considerable de dinero en esa la época.

Para movilizar a las captadoras, esta mafia contaba con varios furgones blancos, que recorrían las zonas rurales y, al igual que en cualquier historia de villanos que se precie de tal, había un grupo de seguridad al servicio de los líderes de la organización, descritos en la causa como “jóvenes, matones, altos, de terno y corbata, ellos eran los encargados de amedrentar a los funcionarios y a las personas que iban a reclamar”.

Junto con ellos andaba habitualmente Sylvia Vilches, concuñada de Gutiérrez, según la misma persona, quien explicó que estos tripulaban “unos tres o cuatro furgones”, agregando que “estos furgones recorrían las poblaciones con mercadería y se llevaban a las guaguas, diciéndole a las madres que las llevaban para cuidarlas y tratarlas”. La “mercadería” era una caja que solo comprendía tallarines, sal, un tarro de leche y harina y era frecuente que, si una mujer que tenía dos o más hijos se negaba a entregar a uno, le dijeran que se los llevarían a todos.

Sin embargo, ellos no eran los únicos que amenazaban. Una funcionaria del tribunal relató que, cuando la jueza fue denunciada (en 1983), se inició un sumario interno y ella “me amenazó diciendo que yo tengo hijos chicos, que en cualquier minuto me los pueden raptar, y que también tenía padre y madre… podría suceder que los atropellaran en la calle”.

Cuando las guaguas ya estaban en poder de la organización, algunas veces pasaban por el hogar que mantenía otro engranaje de la cadena delictiva: el sacerdote italiano Alceste Piergiovanni, un sujeto que mantenía un hogar de menores en Quinta de Tilcoco, cerca de Rengo, y que –según una investigación de Ciper– se estima que tramitó cerca de 1.200 adopciones por medio de la asociación Pro Lcyc. 

Piergiovanni era el encargado de gestionar los contactos con las parejas europeas y un testigo precisa que “el cura Alceste Piergiovanni iba al tribunal y se encerraba con la jueza en su privado”.

El aparataje estatal

Si hoy una pareja se demora años en concretar una adopción en Chile, la jueza y su pareja garantizaban no más de tres días para todo el trámite. Mientras los adláteres de estos corrían al Registro Civil ubicado en calle Teatinos para efectuar los trámites de rigor, a los adoptantes “se les hacían tours por Santiago y Viña del Mar, en estos viajes íbamos con una traductora que no recuerdo su nombre, pero era parte del equipo fijo de la calle San Antonio”, detalló otro testigo, quien comentó que “la oficina de don Alberto en calle San Antonio era muy linda y lujosa y tenían una sala especial para atender a los matrimonios extranjeros”. 

El mismo agregó en otra declaración que a él le tocó llevar matrimonios extranjeros a conocer el cerro San Cristóbal, el teleférico y a mirar la Virgen del cerro.

Cuando los compradores de niños no podían viajar a Chile, no había de qué preocuparse, pues “se les pagaba a las azafatas de las aerolíneas para que se encargaran del traslado de los niños. Hago presente que de esto solo recuerdo dos casos”, dijo otra persona que conoció de cerca el modus operandi de los mafiosos. 

Los destinos más frecuentes eran Estados Unidos, Cerdeña (en Italia), así como Francia y Bélgica.

El principio del fin

Las estimaciones más conservadoras respecto de la cantidad de niños traficados por la exjueza andan entre 30 y 40 bebés, pero pueden ser muchos más. En 1983, cuando la mujer fue finalmente denunciada por el secretario del tribunal, se supo que tanto Bronfman como ella habían escapado hacia Israel, donde él abogado poseía varias propiedades. Este falleció en 1985 en Tel Aviv. 

Según lo que le dijo a su chofer, cuando este los fue a dejar al aeropuerto, huían porque al estallar el escándalo temían que les quitaran a los hijos que habían adoptado. 

Sin embargo, Gutiérrez ha seguido vinculada con Chile. Su última salida del país se produjo en 2019, el mismo año en que el entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago (hoy, ministro de la Suprema) Mario Carroza inició las investigaciones por los cerca de 20 mil bebés que, se estima, fueron sustraídos a sus madres desde los años 60 en adelante.

Las escasas huellas que Gutiérrez ha dejado en la red la muestran en 2017 participando en un homenaje a Violeta Parra, en Israel, organizado por el Instituto Israelí Chileno de Cultura y O’Higginiano de Israel. Un texto al respecto señala que, luego de una reseña sobre la vida de la cantautora, “Zeev Hagali e Ivonne Bronfman agregaron notas de gran interés”.

En 2020, en tanto, participó en otra actividad –vía Zoom– organizada por las mismas instituciones: una reunión virtual con el entonces embajador chileno en Tel Aviv, Rodrigo Fernández. En dicha ocasión ella es identificada como directora de la institución.

Se cree que actualmente la exjueza sigue en Israel, en el sector de Herzliya, en el norte del área metropolitana de Tel Aviv, aunque el último teléfono celular de ella tenía un prefijo mexicano. 

Dicho número aparecía en un aviso que ella publicó en Instagram, bajo el nombre de “Ivonne Bronfman, abogada y notaria”, ofreciendo sus servicios en temas de familia y otros. 

El Mostrador escribió a Gutiérrez, a fin de conocer su versión acerca de los hechos, pero no hubo respuesta.

Los acusados

Tras varios años, la investigación comenzó a dar frutos respecto de uno de los principales ejes de tráfico de menores de aquella época en Chile (el otro era Temuco, donde el modus operandi era muy semejante), gracias al procesamiento dictado por el juez Aguilar en contra de Ivonne Gutiérrez, Ismael Moisés Espinoza León, Carlos Sigisfredo Vega Segura y Laura Rosa Silva Sánchez, todos ellos acusados por asociación ilícita. 

Gutiérrez también fue procesada por prevaricación y como autora de dos casos de sustracción de menores, en uno de los cuales también fueron acusados Espinoza, Vega y Silva. Ante ello, el ministro Aguilar dictó la prisión preventiva en su contra y envió los antecedentes a la Corte Suprema, a fin de que sea el máximo tribunal el que determine si procede pedir la extradición de Gutiérrez a Israel.

Cabe indicar que la PDI habilitó un correo especial al que se puede hacer llegar cualquier antecedente relativo a niños robados en Chile: adopcionesirregulares@investigaciones.cl

Lee el fallo sobre el robo de bebés