por elmostrador
9 de junio de 2025
La polémica por la exigencia de receta médica está instalada, sobre todo porque la salud sexual y reproductiva no puede ser tratada como un trámite burocrático, y porque las políticas públicas deben considerar no solo la seguridad farmacológica, sino también el derecho al control del propio cuerpo.
Una publicación en la red social X (ex Twitter) encendió el debate sobre la exigencia de receta médica para comprar anticonceptivos en Chile. “¿Por qué la Cruz Verde está pidiendo receta para comprar anticonceptivos ahora? Me puse a buscar y ni en la Ahumada ni en la Salcobrand están pidiendo. Queremos respuestas”, escribió la usuaria @fangirlcntitulo.
La publicación desató una ola de respuestas. Otras mujeres relataron haber enfrentado la misma situación, especialmente en compras en línea. Mientras algunas aseguraban que siempre se les pidió receta, otras notaron un cambio reciente.
Lo cierto es que la cadena farmacéutica está cumpliendo con la normativa vigente, según aclaró el ISP. “Cuando no se pide la receta, ya sea de forma física o de forma virtual, ahí tenemos una infracción”, dijo Verónica Vergara, jefa de la sección de Fármaco Cosmetovigilancia del Instituto de Salud Pública (ISP), a Meganoticias. Incluso llamó a denunciar a las farmacias que no exigen la receta.
No obstante, el debate trasciende la legalidad: toca aspectos centrales de la salud sexual y reproductiva, el acceso igualitario y el derecho al control de la fertilidad. Y es aquí donde las recomendaciones de la comunidad médica internacional chocan con la práctica chilena.
La posición oficial: receta obligatoria
Consultadas por la prensa, las autoridades chilenas confirmaron que la venta de anticonceptivos siempre ha requerido receta médica, aunque muchas farmacias no lo hayan exigido rigurosamente.
“La prescripción de estos medicamentos debe realizarse por un médico o por una matrona”, explicó Vergara. “Los anticonceptivos son medicamentos que tienen ciertas características especiales. Es necesario poder realizar una evaluación a la usuaria para poder prescribir el medicamento ideal, considerando antecedentes clínicos, patologías y hábitos como el tabaquismo”.
Desde el Ministerio de Salud, la ministra Ximena Aguilera reconoció que la norma no se ha aplicado de manera uniforme, lo que llevó a muchas personas a pensar que no era necesaria la receta. “El anticonceptivo tiene efectos. La persona tiene que entender qué está consumiendo, pero no queremos que [la receta] sea una barrera, dado que es un medicamento de uso continuo”, señaló.
Para aliviar esta contradicción, el Minsal impulsará recetas de larga duración, que puedan extenderse hasta por un año sin requerir una nueva consulta médica, incluso si el profesional no lo indica expresamente.
¿Una barrera a mayor?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que la mayoría de los anticonceptivos orales son seguros incluso sin supervisión médica continua. En su guía “Medical eligibility criteria for contraceptive use”, la OMS afirma que “las mujeres pueden iniciar y continuar el uso de píldoras anticonceptivas sin la necesidad de exámenes clínicos o prescripción obligatoria”.
Del mismo modo, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) llama a facilitar el acceso. “Las mujeres no deben enfrentar obstáculos administrativos ni económicos para controlar su fertilidad”, indican en sus recomendaciones. FIGO advierte que los controles excesivos pueden desincentivar el uso de métodos eficaces, especialmente entre adolescentes o personas con acceso limitado al sistema de salud.
En Estados Unidos, el American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) apoya desde 2012 que los anticonceptivos orales estén disponibles sin receta. “El requerimiento de una receta médica es una barrera innecesaria para un medicamento seguro y eficaz”, ha declarado la organización.
Este año, Estados Unidos comenzó a distribuir Opill, la primera píldora anticonceptiva de venta libre (over-the-counter) aprobada por la FDA, sin necesidad de receta. Otros países también avanzan: en Reino Unido, algunos anticonceptivos pueden adquirirse en farmacias tras una simple consulta con el farmacéutico. En Francia, desde 2022, las mujeres menores de 26 años no necesitan receta. En México y Colombia, la mayoría de los anticonceptivos se pueden adquirir sin receta alguna.
Chile, en cambio, mantiene la receta como requisito, al menos en la norma. Sin embargo, la aplicación desigual y la falta de información clara han generado confusión e inseguridad entre las usuarias.
Desde el Centro de Salud Sexual y Reproductiva Aprofa, la asesora farmacéutica Macarena Filún recuerda que, aunque la receta es obligatoria, puede ser presentada en formato físico, digital, electrónico o incluso por correo. Además, subraya que la trazabilidad —uno de los argumentos para exigir la receta— puede lograrse sin dificultar el acceso: “Esto nos ayuda a alertar a las usuarias en caso de fallas, pero no debería transformarse en una traba”.
El problema es que para muchas mujeres, especialmente jóvenes, migrantes, trabajadoras informales o con escaso acceso a atención médica, la exigencia de receta puede ser una barrera significativa. Y en un país donde el aborto aún está restringido y donde el acceso a la salud sexual no siempre es igualitario, el tema cae en contradicciones. ¿Debe primar el control médico o el acceso autónomo? ¿Qué pasa cuando una normativa bien intencionada termina impidiendo un derecho?
